González quiere pedirle cuentas a la junta federal
Propondrá al Comité de Recursos Naturales que celebre una audiencia en Puerto Rico
WASHINGTON.- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, va a solicitar al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop (Utah), que celebre en Puerto Rico una audiencia para examinar cómo se implanta la ley PROMESA.
González sostuvo que la sesión pública permitiría pasar juicio sobre los trabajos que realiza la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene el control de los temas financieros del gobierno de Puerto Rico.
En septiembre de 2016, el director ejecutivo del Subcomité de Energía y Recursos Minerales, Bill Cooper ,a quien se le atribuye haber redactado en gran medida la ley PROMESA, pronosticó que temprano en 2017 la jefatura del Comité de Recursos Naturales querrá examinar los trabajos de la junta federal.
Debido a que el freno federal en la litigación judicial para el cobro de deuda del gobierno vence el 1 de mayo, cualquier intervención del Congreso debería ocurrir antes de esa fecha.
“Voy a pedirle al Comité que supervisemos la junta. Esto debe ser un asunto para el comité en pleno”, dijo González, en una entrevista.
Hace unos días, el portavoz de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), dijo que la fiscalización de la junta federal debe estar en manos de la subcomisión de Investigaciones, la cual será presidida por el republicano boricua Raúl Labrador (Idaho).
Pero, González –quien también pertenece a la subcomisión que preside Labrador-, quiere que sea el comité en pleno el que se encargue de pasar juicio sobre la junta federal, la cual considera propone “recortes irrazonables en este momento”.
Los siete miembros con plenos derechos en la junta federal han pedido al gobernador Ricardo Rosselló que presente un plan fiscal de 10 años que permita hacer recortes de cerca de $3,000 millones anuales y obtener nuevos ingresos por otros $1,500 millones.
Como parte del plan preliminar de la junta, se prevé además un recorte de 10% en las pensiones públicas y pagar solo el 21% del servicio de la deuda pública, lo que supone darle tijera a unos $3,000 millones anuales.
“Los requerimientos de la junta, sobre recortes en el gobierno, están fuera de proporción. Creo que hay que darle espacio al gobernador para que puedan verse los resultados de su trabajo”, sostuvo González.
La comisionada González insistió en que la junta debe ayudar a obtener nuevas herramientas económicas y cabildear directamente las urgencias presupuestarias del sistema de salud, que se expone a caer a finales de año en un abismo fiscal de $1,200 millones en fondos de Medicaid, con o sin la derogación y sustitución de la ley Obamacare.
CONVOCATORIA. González, mientras, dijo que ha convocado a miembros de la junta federal a una reunión en su oficina a mediados de febrero.
Como presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bishop tiene previsto presentar el martes la agenda de trabajo de su comisión, en la primera reunión del organismo de 2017.
Aunque hay sectores de acreedores aún interesados en alguna revisión de la ley PROMESA, González piensa que cualquier presión en ese sentido debe aguardar por la certificación del plan fiscal a largo plazo, el cual el gobernador presentará a más tardar el 28 de febrero. “Hay que dar tiempo al gobernador y la junta para acordar un plan”, sostuvo la comisionada.