Pago parcial a los acreedores
Gobierno paga solo los intereses de algunas deudas que tenían pendientes
El Gobierno de Puerto Rico incumplió ayer con pagos de la deuda pública ascendentes a $312 millones, informó Gerardo Portela Franco, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Por otro lado, al cumplirse una de las fechas de vencimiento de varios valores emitidos por el Gobierno y sus instrumentalidades, el Gobierno desembolsó unos $295 millones de dólares en pagos de intereses.
Portela Franco detalló que completaron todos los pagos que tenían pendientes a los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad para el Financiamiento Municipal, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos.
“La mayoría de esos desembolsos eran de pago de intereses”, dijo Portela Franco.
Los bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) fueron los más afectados en esta transacción. Se informó que para ayer, 1 de febrero, esta instrumentalidad debía repagar $279 millones a los bonistas. Esta cifra incluye parte del pago del principal de la deuda. El Banco, sin embargo, no pudo desembolsar esta suma por insuficiencia de fondos. Se precisó que esta entidad tiene una liquidez que ronda los $156 millones.
La AAFAF, en una comunicación escrita, afirmó que el resto de los incumplimientos obedecen a la crisis fiscal y los limitados recursos económicos del Gobierno.
Como parte de los esfuerzos para subsanar la situación del Gobierno, la AAFAF enfatizó que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha ordenado recortes en el gasto de unos $118 millones.
Al mismo tiempo, el gobernador ha mencionado públicamente que el aparato público enfrenta deficiencias presupuestarias que, consolidadas, superan los $7,000 millones anuales.
Ante ese escenario, el Gobierno intenta llegar a acuerdos voluntarios con los bonistas, para reestructurar la deuda pública de modo que los desembolsos a los acreedores sean menos onerosos.
Las negociaciones actualmente se dan dentro del marco legal que proveyó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Estos intentos por llegar a nuevos acuerdos se vienen contemplando desde hace más de un año. Los mismos han desatado diferencias entre los diferentes grupos de bonistas que reclaman prioridad en el repago de la deuda.
De hecho, la determinación de pagar los intereses de Cofina pero no así los relativos a los bonos de obligación general (GO’s) se da en medio de una batalla pública entre los bonistas de ambos bandos.