INMINENTE EL CIERRE DE CÁRCELES
Ante la marcada baja en la población penal, el Departamento de Corrección trabaja un plan que le permitirá generar economías y dar mejores oportunidades a los confinados
La población de confinados en Puerto Rico se ha reducido en una marcada tendencia que se ha extendido por varios años, sin que se tengan claras las razones debido a que el asunto no se ha estudiado.
Ante el vacío de una explicación, funcionarios y diversos profesionales observan una multiplicidad de factores para poder entender las causas.
Lo que sí se sabe es que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se encamina a aprovechar esta coyuntura para impulsar de manera definitiva el cierre de instituciones carcelarias en Puerto Rico que le permita recortar gastos y así atender los problemas fiscales de la agencia.
De acuerdo con estadísticas del DCR, actualmente la población correccional se estima en 10,500 confinados, lo que representa una reducción de los 12,551 que había en noviembre de 2013.
Observadores apuntan a la reducción de una serie de renglones que pudieran estar relacionados con la merma.
Según estadísticas de la Policía, los delitos Tipo 1 -que son contra la persona o la propiedad- han caído desde un total de 65,197 en el 2010, hasta 43,268. Esto incluye los asesinatos, de 1,164 en el 2011 a 588 en el 2015, aunque cabe mencionar que el 2016 cerró con 679.
Asimismo, la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) informó una disminución en la cantidad de radicaciones de acusaciones, de 328,015 casos en el 2011 a 302,677 en el 2015. Su último informe anual indica que para ese periodo “en la mayoría de los asuntos hubo descensos desde 11% hasta 40% en la presentación de casos”.
Este panorama incluye una reducción en la cantidad de convicciones por delito -no de cantidad de personas ingresadas- registrada por la OAT, de 31,224 en el 2012 a 22,505 en el 2015.
Aunque no hay un estudio específico, entre las posibles razones para la reducción se toma en consideración el impacto en los cambios del Código Penal, las leyes especiales y la emigración de ciudadanos a Estados Unidos. El nuevo secretario del DCR, Erik
Rolón Suárez, hizo alusión al rol que han desempeñado las diferentes opciones que se conocen como “desvíos”, que se le ofrece a los imputados de delitos, para cumplir con sus acusaciones.
No obstante, el funcionario señaló que, además, existe la impresión de que también se ha reducido la cantidad de radicaciones de acusaciones por parte de la Policía.
“Yo, como juez municipal que fui, también puedo decir que identifiqué una situación que involucra probablemente a la Policía en cuanto al manejo de casos se refiere”, indicó Colón Suárez.
“Tengo información de primera mano, dicho por fiscales y procuradores de menores, que los casos han mermado en cuanto a manejo se refiere”, abundó.
Asimismo, señaló que, más allá de las estadísticas oficiales, su experiencia como profesor de Justicia Criminal también le ha llevado a observar que “las personas en general han perdido un poco la fe en el sistema”.
El Departamento de Justicia y a la OAT declinaron comentar. Por su parte, el licenciado Félix Vélez Alejandro, director ejecutivo de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), entidad que representa en los tribunales a imputados que no pueden pagar a un abogado en casos criminales, considera que un factor importante han sido los acuerdos de las autoridades estatales con las federales.
“Hubo un ‘boom’ de casos que eran estatales y se procesaron a nivel federal y esas personas están cumpliendo en cárceles federales”, comentó Vélez Alejandro.
También llamó la atención de que era común ver a una persona acusada en ambas jurisdicciones, pero destacó que a raíz del caso conocido como Sánchez Valle en el Tribunal Supremo
“Cada institución tiene que garantizar que se maneje efectivamente una clasificación de confinado… No por decir que tengo 1,000 espacios en Bayamón para mínima, puedo meter ahí a 500 de máxima” ERIK ROLÓN SUÁREZ Secretario de Corrección
de Estados Unidos, sobre la doble exposición, “ahora posiblemente empezarán a cumplir otra vez en la estatal”.
Vélez Alejandro coincide en que la merma en la población penal también está vinculada con la proliferación de opciones de condenas diferidas. En efecto, estadísticas de la Junta de Libertad Bajo Palabra apuntan a que anualmente ha incrementado los que se han beneficiado de sus ofrecimientos, de 165 en 2013 a 350 en el 2017.
Sin embargo, el abogado minimizó el impacto de recientes enmiendas al Código Penal, pues sostuvo que las penas máximas de delitos graves no fueron modificadas.
Tampoco considera que causó impacto la instrucción del pasado gobierno de no procesar criminalmente a personas arrestadas con posesión de 6 onzas o menos de marihuana.
“Ya había disminuido sustancialmente, en comparación con los años 80 y 90”, argumentó.
Por su parte, la demógrafa Judith Rodríguez considera el fenómeno también pudiera guardar relación con la disminución de la población general en Puerto Rico por la emigración, principalmente a Estados Unidos, y desde que se registran menos nacimientos que muertes en la Isla.
“Ha habido una reducción en unas edades, especialmente en las edades en las que se encuentran más casos de delito y de ingreso a las cárceles”, dijo Rodríguez. “De 2005 a 2015 se ha encontrado una reducción de un 24.8% en las personas de 20 a 34 años”.
“Habría que estudiar para confirmar si al reducirse la población joven se reduce el riesgo de más personas cometiendo delitos que los lleven a la cárcel”, añadió.
Mientras, Dallie Cruz Ruiz, de la organización Pro-Rehabilitación de Confinados que vela por los reclamos de los confinados, considera que la cantidad de la población penal podría ser aún más baja.
“A muchos se les niega la libertad bajo palabra, aunque están en custodia mínima, porque no los preparan adecuadamente para cumplir con los requisitos”, afirmó. “Son más los que salen porque cumplen sus sentencias completas adentro, cuando hay muchos que pudieran completarla afuera, ayudando a una mejor reintegración a la libre comunidad”. “BAJAR EL GASTO”. En el primer año de la pasada administración gubernamental, las proyecciones apuntaban a un aumento, al punto que se llegó a considerar la construcción de un nuevo penal. Con la merma, para el 2015 se comenzó a discutir el cierre, idea que retoma el nuevo secretario, quien luce más determinado, pues aseguró que la pasada administración dejó la agencia en un déficit que necesita atender de inmediato.
“Hay espacio para cerrar instituciones porque la población actual no llena la totalidad de las instalaciones”, sostuvo. “Estamos viendo el número de confinados para cerrar alguna que otra (cárcel) que nos permita bajar el gasto”, añadió. “No es cerrar por lujo, sino por el número de la población, pero siempre con el plan de poder acomodar a los confinados si vuelve a crecer la población”.
Rolón Suárez no pudo identificar al momento cuáles son los penales con menos población, pero resaltó que la decisión para el cierre de cárceles será más complicado que solamente buscar las más vacías.
Explicó que el análisis dependerá del “número versus tipo de custodia”.
“Cada institución tiene que garantizar que se maneje efectivamente una clasificación de confinado… No por decir que tengo 1,000 espacios en Bayamón para mínima, puedo meter ahí a 500 de máxima. Es una decisión poco compleja”.
No obstante, espera que la evaluación le podría tomar apenas de 30 a 60 días. Durante su vista de confirmación, Rolón Suárez dijo que los cierres no implican despidos. Dijo que el traslado de personal a otras cárceles, le permitirá ahorros en el pago horas extras, utilidades, transporte y de renta a la Autoridad de Edificios Públicos, además de otras áreas.
La movida pudiera levantar banderas. Aunque Vélez Alejandro comparte el deseo de que cada día haya menos confinados en las cárceles, se mostró preocupado con los resultados del traslado de reos.
Recordó que SAL litigó el caso Morales-Feliciano, que se vio por 37 años en el Tribunal Federal tras denuncias de hacinamiento y las condiciones de reclusión, el cual llegó a su final el año pasado.
“Veo positivo que haya menos confinados y puedan cerrar cárceles. Mientras más gente haya en la libre comunidad mejor, pero no nos hace gracia un número alto en cada cárcel. Es importante que no volvamos a caer en el hacinamiento y en la falta de acceso a programas de rehabilitación”, advirtió.
“Si surgen economías con el cierre de penales, que los usen para rehabilitar a los que quedan allí”, añadió.