RECLAMA REQUISITO DE SER CONSULTADA
En una misiva, el ente federal advierte que puede requerir la revisión de legislación presentada y su impacto económico Gobierno argumenta que estos requerimientos aplican tras la aprobación del plan fiscal
Mientras la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la Legislatura trabajan a toda velocidad aprobando todo tipo de estatutos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió al Gobierno que discuta de antemano con el ente federal las implicaciones de cualquier nueva legislación que se presente.
En una escueta misiva dirigida al representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, el presidente del organismo federal, José B. Carrión, también indicó al Gobierno que aun sin que medie un plan fiscal certificado, la JSF tiene potestad para intervenir en el proceso legislativo territorial.
“Las acciones de cumplimiento bajo PROMESA deben ser un último recurso y ojalá sean innecesarias”, indicó Carrión en la carta con fecha del pasado 2 de febrero.
A preguntas de El Nuevo Día, Sánchez Sifonte discrepó de los planteamientos de la JSF y planteó que la administración continuará radicando y aprobando toda la legislación que sea necesaria para cumplir con el programa de gobierno, al tiempo que anticipó que presentará su diferencia de criterio a la JSF por escrito.
LO QUE DICE LA JUNTA. De entrada, la carta de Carrión parece de carácter informativo, pues indica que durante la cuarta reunión pública de la JSF, que se celebró el mes pasado, se preguntó si las disposiciones de la ley federal PROMESA en la sección 204 pueden aplicarse antes de que la JSF certifique un plan fiscal. Ello y en especial, luego que se concediera a Rosselló Nevares tiempo adicional para que indique cómo cuadrará el presupuesto y qué se hará para reactivar la economía de la Isla. La JSF fijó como nuevo plazo para la presentación del plan fiscal el próximo 28 de febrero.
Sin embargo, en la misiva, Carrión explica que “en ausencia de un plan fiscal certificado”, la JSF tiene “muchas herramientas” que puede emplear en materia de legislación local y procede a detallar las secciones 204, 207 y 303 de PROMESA.
En el caso de la sección 204, la carta de Carrión establece que “independientemente de la existencia de un plan fiscal certificado”, en el transcurso de siete días laborables después de
su aprobación, el gobernador debe presentar a la JSF toda nueva legislación, “junto a un estimado del impacto de la ley en los gastos e ingresos preparado por una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico con experiencia en presupuestos y administración financiera”.
“En todos los eventos, la JSF espera y desea que el gobernador se involucre en una relación de trabajo productiva al discutir y analizar con la (JSF) de antemano las implicaciones de la nueva legislación”, reza la carta de Carrión en la que se agrega que se le indique si el Gobernador difiere de la interpretación hecha por el ente federal.
LO QUE DICE EL GOBIERNO. “Ninguna de las tres instancias que invoca (la JSF) en su carta pueden aplicarse”, dijo Sánchez Sifonte a El Nuevo Día. “Lo que la Junta tiene que hacer es cumplir con lo dicho en PROMESA porque el Gobierno va a cumplir con la ley”, agregó el representante de la Isla ante la JSF.
“Nada en la ley PROMESA faculta a la Junta a exigir a que se tenga que presentar legislación previa a su radicación”, dijo Sánchez Sifonte al subrayar que, al presente, no existe un plan fiscal certificado.
Sánchez Sifonte indicó que una vez la JSF certifique un plan, el Gobierno operará, en materia de legislación, según lo dispuesto en PROMESA.
El inciso seis de la sección 204 de PROMESA dice que la Legislatura podrá solicitar a la JSF un análisis “preliminar” de un proyecto de ley para saber si este sería cónsono con el plan fiscal. Empero, el inciso subraya que ese análisis no obliga a la JSF una vez revise un estatuto posteriormente como parte del proceso de análisis de leyes relacionadas con el plan fiscal.
De acuerdo con PROMESA, la JSF tiene potestad para modificar o dejar sin efecto cualquier estatuto de Puerto Rico si este es inconsistente con el plan fiscal certificado, luego que se cumpla con un proceso de notificación y de oportunidad para corregir la pieza legislativa en cuestión.
En el caso de las secciones 207 y 303 de PROMESA, Sánchez Sifonte indicó que estas disposiciones no aplican porque la administración no ha radicado legislación para emitir deuda y en lugar de afectar el pago de intereses o principal, la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal procura cumplir con esta obligación.
“Vamos a continuar sometiendo medidas, el proyecto de seguridad pública, la reforma de permisos y otros proyectos sin cumplir con las disposiciones (de PROMESA) hasta que no se apruebe el plan fiscal”, dijo Sánchez Sifonte.
RECORDATORIO “AMISTOSO”. De acuerdo con el economista Antonio
Fernós Sagebién, la carta de la JSF al Gobierno es evidencia de que el ente federal espera que la administración Rosselló Nevares cumpla con sus directrices.
“La carta es un recordatorio amistoso, pero de esos que a nadie le gusta”, agregó el académico quien dicta cursos de Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Según Fernós Sagebién, si bien no hay un plan fiscal certificado, muchas de las medidas que se están aprobando, como la reforma laboral y las enmiendas a la Ley de Moratoria de Emergencia, tendrán un impacto en el fisco.
“La Junta tiene poder de veto”, recordó Fernós Sagebién, al agregar que la decisión “ulterior” sobre cualquier legislación que incida en el plan fiscal tocará al organismo federal.
“En inglés, lo que esa carta dice es que la Junta es quien manda”, dijo por su parte el experto en administración pública Mario Negrón Portillo.
Según Negrón Portillo, la interpretación que ha dado la Junta a las disposiciones en PROMESA apunta a que una vez se analice el plan para cuadrar el presupuesto a dos años y para renegociar la deuda, la JSF cuestionará el alcance de las medidas legislativas que se aprueben durante el período en que el Gobierno prepara el plan fiscal y cuánto cuestan al fisco.
“La Junta está diciendo también ‘quisiéramos que esto fuera cordial y que te sientes con nosotros, pero si no es el caso, lo haremos según permite PROMESA’”, agregó Negrón Portillo.
PRESIÓN POR TODOS LADOS. La posible intervención de la JSF en el proceso legislativo parece ser otra muestra de la tensión que existe entre el ente federal y el Gobierno, a medida que avanza el calendario y se aproximan fechas críticas para resolver la crisis fiscal y económica de la Isla.
De igual forma, el asunto parece demostrar que la JSF no está inmune a la puja que se libra en los círculos políticos locales y federales.
En noviembre del año pasado, el actual presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pidió al entonces gobernador Alejandro García Padilla que consultara a la JSF antes de proceder con la sesión extraordinaria, lo que cayó en oídos sordos. Asimismo, la semana pasada, El
Nuevo Día reseñó que varios acreedores de Puerto Rico ya cabildean en el Congreso para que el cuerpo legislativo federal pida cuentas a la JSF, ante la supuesta dilación de los trabajos del ente federal.
Mientras, el mismo día en que la JSF expresaba al Gobierno que quiere conocer de antemano el impacto de la legislación en la que trabaja, el economista Gustavo Vélez pedía a la JSF que intervenga en los contratos a políticos derrotados o exfuncionarios electos que ha otorgado la Legislatura.
Ayer, la JSF contestó a Vélez indi- cando que están enfocados en certificar un plan fiscal a 10 años y que dicho plan proveerá al gobernador y a la Legislatura el marco de trabajo que ambas ramas de Gobierno “deben cumplir” a la hora de preparar el presupuesto anual del Gobierno, “incluyendo el presupuesto de la Asamblea Legislativa”.
“Dado que en las condiciones actuales, será inevitable aplicar recortes muy significativos en los gastos del Gobierno, creemos que todas las entidades de gobierno necesitan hacer lo máximo para reducir los gastos, incluyendo aquellos relacionados con contratos de servicios profesionales, tan pronto y tanto como sea posible”, reza la carta de la JSF enviada a Vélez.
El Nuevo Día pidió a los presidentes legislativos una reacción a la misiva de la JSF.
Raúl Colón, oficial de prensa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, indicó a este medio que el líder legislativo no se expresaría sobre el tema.
No fue posible obtener ningún tipo de comentario de su homólogo en el Senado, Rivera Schatz.