Extinto Comité de Auditoría de la deuda exige transparencia a Rosselló
Exmiembros de la desmantelada Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público acusan al mandatario de no practicar la transparencia gubernamental que ha exigido
Mientras el gobernador Ricardo Rosselló Nevares buscó ayer explicar las razones por las que desmanteló la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, los destituidos exmiembros de este organismo continuaron con el reclamo al mandatario de “transparencia” gubernamental.
El grupo, liderado por el dirigente sindical Roberto Pagán Rodríguez, copiaba en cierto modo el mismo estribillo de honestidad que la administración de Rosselló Nevares le hacía a su antecesor, Alejandro García Padilla, durante el proceso de transición gubernamental.
“No hay transparencia. Es una excusa para que no se audite la deuda. Esto es un trabajo más que pertinente ante la situación que atravesamos”, dijo Pagán Rodríguez.
Rosselló Nevares, en una entrevista radial, explicó que entre las razones que tuvo para desmantelar la comisión estaba que el organismo no tenía la capacidad legal para declarar la deuda como ilegal.
El día antes, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, explicó que la comisión estaba controlada por miembros nombrados por la pasada administración de gobierno y que era ineficiente porque representaba un gasto innecesario de $2 millones en momentos de austeridad.
Pagán Centeno se defendió al declarar que el organismo que presidía era independiente y que los miembros fueron nombrados según las recomendaciones hechas por distintos gremios, asociaciones y grupos del sector privado.
Entretanto, afirmó que las pretensiones de que el organismo tenga el poder de declarar la deuda ilegal es ilógico puesto que este tipo de poder es reservado solo para los tribunales.
“Los únicos que pueden declarar si algo es legal o ilegal son los tribunales. Ni el gobernador ni la Junta (de Supervisión Fiscal) puede hacer eso”, dijo Pagán Rodríguez.
Tanto Pagán Rodríguez como el exrepresentante del sector comercial en la Comisión, Edwin Colón, afirmaron que la ausencia de un proceso independiente de auditoría protege a los individuos o instituciones que de algún modo cometieron alguna ilegalidad en el manejo de la deuda de Puerto Rico. José González, exrepresentante de la academia en la Comisión, argumentó que este tipo de iniciativas ayuda a identificar las lagunas legales que permitieron el mal manejo de la deuda de modo que se legisle para evitar que el escenario se repita.
“En el caso de (bancarrota de) Detroit se encontró deuda que era ilegal y esa deuda fue la más que tuvo recortes en la reestructuración. Para llegar a eso tuvieron que investigar y eso es lo que hace una auditoría”, dijo González.
“No auditar la deuda es dar paso a un engaño”, dijo, entretanto, Irma Hilerio, exrepresentante del sector cooperativista en la Comisión.
Rosselló Nevares, sin embargo, ase- guró que no es que se nieguen a auditar la deuda, sino que prefiere que la información surja de otros foros que describió como “pertinentes”.
El proceso en estos otros foros, sin embargo, no está del todo claro. La paralización de las demandas asociadas a la deuda de Puerto Rico termina el 1 de mayo. El plan de la Comisión era que para esa fecha estuvieran listas varias de las primeras auditorías. De este modo, los hallazgos estarían a tiempo para el reinicio de los proceso judiciales.
“Ellos también hablan de eficiencia pero sólo con los $35,000 que se gastaron en la Comisión se presentaron dos informes de preauditoría que dieron pie a investigaciones federales, según ha informado la prensa”, dijo Pagán Rodríguez.
El analista político Domingo Emanuelli, sin embargo, entiende que la auditoría sería perjudicial en un proceso legal con los acreedores del Gobierno puesto que podría dar pie a que los bonistas tengan información que puedan usar contra el Gobierno.