SE PAGARÁN INTERESES DE LA DEUDA
El gobernador anunció que esta semana se abonarán fondos para una parte de la deuda con las obligaciones generales garantizadas por la Constitución recurriendo al mecanismo de “claw back”
Q Unos $146 millones depositados en el Banco Popular, que formaban parte de los llamados fondos del “claw back”, serán transferidos a un fideicomiso para pagar parte de la deuda del Gobierno con las obligaciones generales garantizadas por la Constitución (GO’s), anunció ayer el gobernador Ricardo Rosselló.
Adelantó, igualmente, que estarán pagando los intereses de los GO’s dejados de pagar el 1 de febrero de 2017 ascendentes a $1.3 millones. “Vamos a cumplir con ese pago en esta semana”, sostuvo Rosselló sin ofrecer más detalles.
Sin embargo, el representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte, precisó que “ese dinero se va a estar identificando de las fuentes disponibles para así cubrirlo”.
La determinación de Rosselló de pagar los GO’s emana de la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal que establece que Puerto Rico pagará a sus acreedores destinando partidas para ello, pero a la misma vez sin afectar los servicios esenciales de la Isla. “Lo que establece esta ley es que vamos a identificar lo que son todos los recursos de Puerto Rico, dándoles prioridad a los servicios esenciales. Cuando podamos encontrar e identificar recursos en vez de aguantarlos y no pagar se van a traspasar para que puedan llegar a aquellos que invirtieron en Puerto Rico, siempre poniendo los mejores intereses de los puertorriqueños por delante”, dijo Rosselló durante su participación en el foro denominado “Del plan a la acción, con el gobernador somos uno”, organizado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico.
El mecanismo de “claw back” o cláusula de retención de ingresos es un recurso que le permite al Gobierno de Puerto Rico redirigir fondos entre agencias y corporaciones públicas al retener parte de sus ingresos. La pasada administración de Alejandro García Padilla tenía fondos “claw back” en el Banco Popular y en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
De acuerdo con el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, en fondos del “claw back” había $200 millones en una cuenta del Banco Popular y una cantidad idéntica en el BGF. Zaragoza, durante las vistas de transición gubernamental, recomendó al Gobierno no tocar ese dinero hasta tanto se reestructurara la deuda mediante la ley federal PROMESA que dio paso a la JSF.
Rosselló determinó que el dinero depositado en el Banco Popular sería para el pago de GO’s. Actualmente, dijo Sánchez Sifonte, el Gobierno debe en GO’s $1,100 millones.
De inmediato, dos grupos de bonistas celebraron la decisión de Rosselló. “Las acciones tomadas por el gobernador de solventar con $146 millones un fideicomiso creado dentro de la nueva Ley de Cumplimiento, para dedicarlas al pago de las obligaciones generales, demuestran un cambio de paradigma hacia la decisión sabia de establecer una política de cumplimiento con los acreedores, como lo establece la Constitución”, dijo el presidente de la organización Bonistas del Patio, Rafael Rojo.
El director ejecutivo de Bonistas del Patio, Jorge Irizarry, agregó que “atender la deuda constitucional en la mayor medida posible es una decisión correcta y es un paso hacia la credibilidad del Gobierno en los mercados financieros”.
La determinación del primer mandatario se produce en medio de las múltiples reuniones que ha tenido la JSF con los acreedores del gobierno. SIGUEN LAS NEGOCIACIONES. “Eso (el pago) nos permite cambiar el diálogo, restablecer credibilidad. Nos permite dejarle saber al mundo que vamos a ser transparentes porque esto va a ser un proceso de gobierno hacia el fideicomiso y que se tomen las decisiones después”, puntualizó Rosselló.
Sánchez Sifonte, por su parte, se mostró optimista en que esas negociaciones con los bonistas sean fructíferas. “El gobierno está liderando las negociaciones, pero la Junta es parte del proceso. Ya se han llevado a cabo las primeras rondas de negociación en términos de conocer todos los grupos de acreedores y cuáles son las propuestas que habían presentado en el pasado y lo que están ofreciendo ahora. Estamos conociendo bien lo que fueron las propuestas del pasado viendo cómo se ajustan al día de hoy y conociendo las preocupaciones de los grupos en cuanto al proceso. Ahora, esta acción que el gobernador toma de esencialmente pagar, dicta un cambio dramático en política pública y demuestra la diferencia entre la Ley de Moratoria vieja y la Ley de Cumplimiento de ahora”, agregó.
Precisó que el Gobierno se inclina y favorece negociar al amparo del Título VI de PROMESA. “Estamos convencidos de que no hace falta ir a los tribunales. La Junta es la que va a decidir, pero nuestra aspiración es –a través de un Título VI– llegar a un acuerdo con los acreedores. La Junta podría optar por un Título III, que no lo avalamos. Quien único puede llevar un proceso a Título III es la Junta”, reconoció. Joanisabel González colaboró con esta historia.
“Demostramos que la visión de nuestra administración es muy distinta a la del pasado. La pasada era ir al impago, la nuestra es cumplir” RICARDO ROSSELLÓ gobernador