Buscarán sacar a flote al Banco Gubernamental de Fomento
Su nuevo presidente, Christian Sobrino, pintó un cuadro tétrico, pero asegura buscan alternativas
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, reconoció que el Gobierno de Puerto Rico no podrá liquidar de un plumazo la entidad que sirvió de soporte financiero a la Isla porque ello podría tener serios efectos para el erario, pero también para quienes invirtieron en la institución y que en su mayoría son puertorriqueños.
“Hacer ese tipo de transacción de cantazo implicaría una pérdida en el valor no solamente para el Gobierno sino para todas las personas que han invertido en el banco a través de la compra de notas o las entidades públicas que tienen sus depósitos”, dijo Sobrino en un foro acerca de la deuda pública de Puerto Rico y que formó parte del Caucus con el Gobierno 2017, un evento que la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) llevó a cabo ayer en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones.
Según Sobrino, la condición en la que se encuentra el BGF es tan delicada que no pueden tomarse decisiones a la ligera, y que a esos efectos, está en colaboración directa con la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para que las medidas que adopte el BGF sean compatibles con el plan fiscal que de- be presentar el Gobierno.
El año pasado, diversos sectores y líderes políticos instaron a liquidar el BGF ante su descapitalización.
El BGF es una entidad cubierta por las disposiciones de la ley federal PROMESA, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinara tener inherencia directa en sus finanzas.
El próximo 21 de febrero, Sobrino tendrá que presentar un borrador de su plan para restaurar la institución financiera o adoptar cualquier otra alternativa como podría ser la liquidación del banco para distribuir los activos entre los acreedores.
“Esperamos poder tener ante la JSF una presentación concreta de lo que son las finanzas del banco y una estrategia para maximizar el valor que hay adentro”, dijo Sobrino.
Las expresiones de Sobrino apuntan a que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha reconocido que la institución que por décadas sirvió de cojín para el Gobierno podría jugar un rol en el contexto económico de la Isla, aún cuando la entidad perdió su misión de agente de desarrollo, la que hizo posible buena parte de la infraestructura que posee Puerto Rico en la actualidad.
De ser el caso, los bonistas del BGF, así como las decenas de agencias y municipios que tienen sus depósitos congelados en la institución, podrían estar en mejor condición para recuperar parte de sus acreencias, un escenario que prácticamente se había disipado.
El año pasado, el BGF incumplió con sus bonistas al no tener efectivo para pagar unos $876 millones en vencimientos. La situación resultó en una congelación de los depósitos del banco y en un proceso de renegociación con una parte de los bonistas del BGF que no llegó a nada.
El desenlace del BGF puede ser un evento de vida o muerte para Puerto Rico y su actividad económica.
Por un lado, el BGF todavía custodia unos $2,000 millones en depósitos de municipios y agencias; de otro lado, la mayor parte de la deuda emitida por la institución fue ven- dida a bonistas locales.
Según la organización Bonistas del Patio, unos $1,900 millones de la deuda del BGF está en manos de puertorriqueños, en especial de las cooperativas de ahorro y crédito. Un impago definitivo en esa obligación o una pérdida significativa en ese crédito podría incidir adversamente en las finanzas de miles de hogares en Puerto Rico y colocar en mayor aprietos al sector cooperativo. Esto, a pesar de las medidas puestas en vigor por esas entidades para hacer frente a posibles pérdidas en los bonos del Gobierno. UN BANCO DESARTICULADO. Según Sobrino, a diciembre pasado, la liquidez del BGF rondaba $156 millones, la división de Tesorería del banco había cerrado, perdió la autorización de la Reserva Federal como intermediario bancario, tenía activos inmobiliarios sin actividad alguna y una cartera de préstamos en impago sin que se hicieran acciones de cobro.
Sobre todo, según Sobrino, a su llegada al BGF había 1,400 solicitudes de retiro de depósitos para servicios esenciales que no se habían evaluado.
“Ante esa situación, en una semana no puede tomarse una decisión en cuanto a política pública para una de las entidades principales del Gobierno”, dijo Sobrino.
El funcionario sostuvo que al presente analizan qué alternativas emplear para dar estabilidad al BGF y al flujo de efectivo de la institución para que este sea “realista” y en la creación de ciertos comités de liquidez que permitan el desembolso de fondos a los depositantes del BGF, en la medida que sea posible.
Según Sobrino, el análisis permitirá un diálogo con los acreedores.