La JSF tensó a la administración de Rosselló
La administración de Ricardo Rosselló Nevares, que se inauguró hace poco más de un mes, sigue en su carrera desenfrenada por establecer sus propias reglas de juego, ya sea por decreto o por legislación.
Ya habíamos llamado la atención en este espacio a la prisa con la que tan pronto aterrizó en la Fortaleza, Rosselló Nevares firmó una retahíla de órdenes ejecutivas y envió diez proyectos de administración a la Legislatura.
En pocas semanas, y entre muchas medidas, aquí se aprobó una reforma laboral que reduce beneficios a los trabajadores de empresas privadas, una ley de “empleador único” que permite al gobierno mover a los empleados públicos de una agencia a otra, y un nueva ley de moratoria similar a la que había aprobado Alejandro García Padilla, con la diferencia de que, aunque seguimos posponiendo el pago de la deuda, ahora prometemos pagar algún día.
Para no dejar de aprobar legislación, se aprobó la celebración en junio de un plebiscito entre las opciones de estadidad e “independencia/libre asociación” que ya ha sido impugnado por los populares. Habrá que esperar si el secretario de Justicia federal le da el visto bueno a la consulta.
Pero, volviendo a lo anterior, lo que no hizo Rosselló Nevares fue presentar el plan fiscal que debe someterse ante la Junta de Super- visión Fiscal (JSF), que le concedió una prórroga de un mes y medio y que extendió hasta el 1 de mayo la moratoria de litigios para el cobro de deuda que estableció la Ley PROMESA que creó la Junta Fiscal.
Hasta ahí, todo bien. Pero —y se trata de un gran pero— ahora la JSF ha comenzado a pedir cuentas. Y la aparente luna de miel que Rosselló Nevares pensaba que vivía con el organismo federal parece estar llegando a su fin.
En una misiva bastante breve, si se compara con el tratado que enviaron el mes pasado estableciendo sus reglas de juego, los miembros de la Junta Fiscal empezaron esta semana a tensar la cuerda y a poner las cartas sobre la mesa.
Le dijeron al gobernador, y de soslayo a la Legislatura, que se acabó el “pase de paloma” y que toda la legislación que se está aprobando que tiene que ver con dinero tiene que pasar antes por la revisión, y aprobación, de la JSF.
La nueva carta que el representante de Rosselló Nevares ante la JSF, Elías Sánchez dijo enseguida que no dice lo que dice, le advierte al gobernador que el organismo tiene mecanismos que le provee la ley PROMESA para hacer cumplir sus propósitos, pero que prefiere que haya una “relación productiva de trabajo” entre ellos, lo que significa que hay que “discutir y analizar de antemano con la Junta las implicaciones de nueva legislación”.
Eso no se ha hecho hasta ahora y, a juzgar por la respuesta de Sánchez, no figura en los planes de la administración. Ni en los de la Legislatura, pues ya desde la presidencia del Senado se han lanzado amenazas de acudir a los tribunales para combatir cualquier intervención.
La lucha podría trasladarse muy pronto a Washington, donde el Comité de Recursos Naturales del Congreso ha anunciado que citará a los integrantes de la JSF a una audiencia este mismo mes para examinar cómo se está implantando PROMESA y cómo le va a la Junta en su misión.
Ese comité congresional también tiene jurisdicción sobre el status y, por consiguiente, estará atento al plebiscito de junio.
La consulta no debería costar más de los $2.5 millones asignados durante la administración de Barack Obama. Un chavo más y la Junta Fiscal tiene jurisdicción.