ALCALDES DERROTADOS SE LLEVAN JUGOSAS LIQUIDACIONES
El pago de las liquidaciones por licencias de vacaciones y enfermedad, aunque está en ley, en ocasiones ocurre en momentos que no hay dinero ni para nómina
Contralora de Puerto Rico
Con sus salidas algunos dejaron al descubierto cuestionables manejos. Municipios con déficit millonarios, sin dinero para pagar la nómina de los empleados y con proyectos a medio empezar y sin la asignación de fondos necesarios para su conclusión.
Otros enfrentaban señalamientos en el manejo de bienes públicos y en el nombramiento de empleados regulares y transitorios, asuntos que le rebotaron en la cara a los nuevos administradores.
A pesar de estos complicados panoramas que parecen repetirse en varios pueblos donde los ejecutivos municipales no resultaron reelectos -según revelaron en los procesos de transición-, los alcaldes salientes abandonaron la silla con la certeza de que recibirían una considerable cantidad de dinero por el tiempo de trabajo.
El pago de las licencias de vacaciones y por enfermedad a los alcaldes al salir del cargo está establecido en la Ley de Municipios Autónomos (Ley 81 de 1991) y no existe ilegalidad en el proceso, siempre y cuando se siga lo estipulado en el estatuto y su reglamento. Sin embargo, hay quienes cuestionan si es moral el cobro de miles de dólares cuando no hay dinero para pagar la nómina de los empleados municipales, en medio de una crisis económica que pone en riesgo las operaciones del ayuntamiento o cuando las malas prácticas administrativas llevaron al descalabro financiero la municipalidad.
En el 2014, el alcalde de Maricao, Gilberto Pérez, reclamó el pago de $105,000 por días de vacaciones y enfermedad. El dinero correspondía a 490 días de vacaciones que, según él, tenía acumulados por no haberlos disfrutado en los 20 años que llevaba al frente del ayuntamiento.
La situación -que indignó a muchos sectores- provocó cambios en la Ley de Municipios Autónomos que en cierta forma atendieron el problema de acumulación excesiva. No obstante, dejaron al descubierto si se debe o no limitar o fragmentar un pago en aquellos casos donde se demuestre una mala salud fiscal o cuando contra el ejecutivo municipal saliente hayan acusaciones criminales por posible malversación de fondos.
También quedaron al descubierto aquellas licencias acumuladas previo a la vigencia del estatuto.
La Ley 69 de 2014 para enmendar el artículo 11.016 de la Ley de Municipios Autónomos estableció que “a los alcaldes se le tendrá que liquidar el exceso por concepto de licencia por vacaciones cada año, en específico el 30 de junio del siguiente año natural. De no realizarse dicha liquidación, dichos excesos quedan sin efecto”.
“Aunque no había ilegalidad, ciertamente se prestaba para que la utilizaran (la licencia) como una cuenta de ahorro y cuando entendían necesario liquidarse el exceso, lo hacían”, reconoció a El Nuevo Día, Omar Negrón, comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales (OCAM).
A pesar de la enmienda a la Ley de Municipios Autónomos, el Reglamento para la Evaluación, Determinación y Adjudicación del Sueldo de los Alcaldes y para Regular el Pago de Excesos de las Licencias de Vacaciones a los Alcaldes de OCAM estableció que los municipios no tenían que pagar “el exceso de sesenta (60) días acumulados al 31 de diciembre de 2013 para el 30 de junio de 2014, ni el exceso de sesenta (60) días acumulado al 31 de diciembre de 2014 para el 30 de junio de 2015” debido a que no estaban contemplados en los respectivos presupuestos.
La solicitud de los pagos de licen- cias de golpe y porrazo y sin estar contemplados en el presupuesto, en muchos casos terminaba afectado las finanzas del municipio, reconoció Negrón.
“Para mí, es inmoral cobrar una liquidación cuando tú le debes salario a los empleados. Uno tiene que hacer ciertas determinaciones en cuanto a las prioridades que deben tener en cada uno de los Municipios”, expresó la contralora Yesmín Valdivieso.
Los alcaldes acumulan dos días y medio mensuales por concepto de vacaciones.
Más recientemente, otra liquidación que dio mucho de qué hablar y fue la del exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, tras asumir la posición de Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante su derrota primarista frente a Bernardo “Betito” Márquez.
Mientras los empleados municipales vivían la incertidumbre de si llegaría o no la próxima quincena -luego que el Servicio de Rentas Internas (IRS) congelara las cuentas del ayuntamiento para forzar el pago de una deuda-, el alcalde recibió una liquidación de su licencia de vacaciones y enfermedad de $51,412.78 que fue dividida en tres pagos otorgados durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2016.
Al presente, Vega Borges tiene un contrato como asesor en el Senado.
A su sucesor Jorge Ortiz Matías -quien se desempeñó como alcalde interinose le pagaron $79,712.55 por exceso de vacaciones en momentos en que a los empleados municipales se les debía la quincena. OTROS CASOS. Tras las elecciones del pasado noviembre, seis alcaldes no revalidaron a sus posiciones. Estos fueron los ejecutivos de Ciales, Aguada, Las Marías, Cataño, Loíza y Vega Alta. Sus respectivas salidas van acompañadas del pago de las licencias acumuladas, como dicta la ley. En estos casos las cifras oscilan entre los $19,000 y los $65,000.
“Me parece que definitivamente la salud fiscal del municipio debe estar en buenas condiciones antes de liquidar a los alcaldes”, sostuvo Negrón.
La mayores cifras, entre los ejecutivos que no revalidaron en las pasadas elecciones, recaen en los exalcaldes de Vega Alta, Isabelo “Chabelo” Molina; y Cataño, José A. Rosario Meléndez. Ninguno de los dos han reclamado el pago todavía.
Hay que resaltar que las arcas de los pueblos de Cataño, Loíza y Toa Baja quedaron sin dinero para pagar la nómina de empleados regulares y transitorios, de acuerdo a los procesos de transición.
En Vega Alta el proceso no reflejó déficit operacional. ¿MÁS ENMIENDAS? Entre el grupo de alcaldes salientes hay dos contra quienes pesaron señalamientos de posibles violaciones de ley durante su administración.
Rosario Meléndez fue suspendido de empleo por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por “incurrir en una conducta constitutiva de negligencia y abandono no inexcusables por su desatención intencional, voluntaria e injustificada de las órdenes emitidas en el curso del proceso investigativo” de dos querellas en su contra.
Una de las querellas contra el ejecutivo municipal fue presentada en el 2015 y otra en el 2016. Su contenido no fue revelado.
En el caso de Molina, este aún tiene pendiente en los tribunales un caso para determinar si el aumento de sueldo de $6,500 a $8,000 que se agenció en el 2013 está en ley. En diciembre de 2015, el Departamento de Justicia radicó una demanda por pago indebido de fondos públicos contra tres alcaldes, incluido Molina, como resultado de hallazgos referidos a Justicia por la Contralora. Se le exige la devolución de $45,000.
Debido a esta situación aún no se ha determinado con exactitud la liquidación que recibiría Molina, aunque debería estar entre los
Para mí, es inmoral cobrar una liquidación cuando tú le debes salario a los empleados” YESMÍN VALDIVIESO
$60,000 y $75,000.
Rosario Meléndez, por su parte, recibiría $66,117.86 luego de las deducciones.
El comisionado sostuvo que en casos como los señalados procede el pago debido a que no hay una convicción. Destacó que hay que garantizar la presunción de inocencia.
“Todo empleado de Gobierno, Municipio y esto incluye a los alcaldes, tiene derecho a su liquidación, eso es algo que ellos acumularon. La realidad es que trabajaron ese tiempo y tienen derecho para liquidarles las posibles acumulaciones”, detalló el funcionario.
Aclaró, sin embargo, que nada obliga al Municipio a hacer un desembolso de forma inmediata ni en un solo cheque.
En un escenario similar está el exalcalde de Gurabo, Víctor M. Ortiz, quien aunque revalidó en las elecciones no juramentó a su cargo debido a las acusaciones federales por cargos de extorsión y soborno.
Negrón dijo que los pagos emitidos por concepto de exceso de licencias de vacaciones y enfermedad no son evaluados por OCAM en el momento de la emisión para certificar si fue debidamente calculado y procede. Esa verificación se hace durante las monitorías que realiza la dependencia a través de los Municipios.
De haber alguna irregularidad, explicó, refieren la situación a la Oficina del Contralor.
Una de esas auditorías provocó que la contralora Valdivieso refiriera a Justicia, en octubre del año pasado, al alcalde de Santa Isabel, Enrique
Questell, por el pago indebido de $8,100 por exceso en la licencia de vacaciones.
El pago total, fechado el 30 de junio de 2014, fue de $51,650.
El ejecutivo municipal le adjudicó la situación a “un error involuntario de nuestro Departamento de Recursos Humanos” y procedió con la devolución del dinero.
“Siempre que hayan liquidaciones de pago especiales a alcaldes, nosotros nunca los dejamos de ver”, insistió Valdivieso, quien entiende pertinente que cada municipio separe una partida en su presupuesto anual para el pago de esta o cualquier otra licencia que pueda surgir.
El pago a plazos es otra posibilidad. De hecho, el exalcalde de Loíza, Eddie Manso, tenía pendiente una reunión para determinar cómo procederá el desembolso que podría rondar en los $43,000 y si se hará por etapas.
REGULADOS. Otra de las enmiendas más recientes a la Ley de Municipios Autónomos fue la del artículo 3.012 que fijó una escala por la que se debe regir la OCAM para evaluar y otorgar cualquier aumento salarial que se solicite. El sueldo base se fijará de conformidad con la población del Municipio y debe cumplir con una serie de requisitos, entre estos que los informes de auditoría externa o “single audit” requeridos no reflejen déficit.
Este fue otro asunto que provocó ronchas entre la ciudadanía en el pasado.
Entre esos alcaldes que se agenciaron aumentos, está -además de Molinala alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, y su homólogo de Maricao, Gilberto Pérez.
Estos últimos también fueron incluidos en la demanda radicada por Justicia en 2015.
Ciertamente se prestaba para que la utilizaran (la licencia) como una cuenta de ahorro y cuando entendían necesario liquidarse el exceso” Omar Negrón Comisionado Ocam