Una política pública a favor del empresarismo
Agilizar los procesos para la obtención de permisos, simplificando los numerosos trámites que frustran a los proponentes, y obstaculizan la creación y la expansión de los negocios, puede contribuir a incentivar la actividad económica, siendo parte de una política pública más amplia que fomente el empresarismo como generador de empleos verdaderamente sólidos.
Derrotar la burocracia es un gran reto para un país que necesita del empuje empresarial como gestor de la economía. Los costos que acarrea la pérdida de tiempo en la tramitación de la permisología son una variable particularmente negativa para los pequeños y medianos comerciantes con limitado capital de inversión.
Ciertamente también perjudican la competencia saludable y desalientan la inversión en Puerto Rico.
En principio, el proyecto de ley anunciado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que persigue enmendar la Ley de Permisos para crear un Sistema Unificado de Información, es un paso en la dirección correcta. Necesita, no obstante, que se combine con otras medidas para un fomento más abarcador de la actividad económica.
Es importante también que el cambio realmente libere al sector privado y a los ciudadanos de las trabas de los procesos de permisos y no se convierta en una estructura adicional que añada otra capa de complicaciones gubernamentales.
Son numerosas las quejas de empresarios, pequeños y medianos comerciantes, así como emprendedores, que tienen que esperar meses, y hasta años en algunos casos, para obtener los permisos necesarios para abrir su negocio. Y los requisitos que se les exigen son muchas veces onerosos, sobre todo para aquellos que carecen de un gran capital para hacer frente a las exigencias gubernamentales.
Mediante la propuesta, todos los permisos que requiere un negocio nuevo o en planes de expansión se recopilarían en un mismo espacio, independientemente de que corresponda otorgarlos a municipios en particular o al gobierno central.
Reunir todos los requisitos en un mismo lugar debe simplificar un proceso arcaico que también perjudica al propio gobierno, al dejar de recibir ingresos por concepto de contribuciones sobre ingresos y, en el caso de los municipios, los impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble, además de las correspondientes patentes.
Al crear empleos, un nuevo negocio incentiva a la economía porque la actividad se traduce en consumo de bienes y servicios.
Además de consolidar en un solo sitio todos los permisos que se necesitan, la legislación propuesta fija términos específicos máximos para la evaluación de las solicitudes y para adjudicarlas.
Un factor muy positivo es que la medida abona a la transparencia gubernamental porque permite a cualquier interesado tener acceso a todos los documentos relacionados a un permiso, facilitando así la presentación de comentarios o de objeciones.
En el área de fiscalización también se propone un procedimiento nuevo que busca evitar conflictos. Además, la medida transfiere de la Oficina de Gerencia de Permisos a la Junta de Planificación la jurisdicción sobre las querellas que puedan presentarse sobre una propuesta específica de negocio.
Coincidimos con la intención de la medida de contribuir al desarrollo económico mediante la simplificación de los procesos de permisología. El gobierno tiene que ser un gran facilitador, no un obstáculo de la inversión, generación de empleos y productividad.
Un sistema de permisos ágil y sencillo, que promueva la transparencia, combinado con otras iniciativas, puede ser una excelente herramienta de crecimiento del País.