Conservan las becas presidenciales
Junta de Gobierno de la UPR mantiene la moratoria hasta que se corrijan las deficiencias reglamentarias
Cuando la jueza Mercedes Bauemeister firmó el informe final sobre las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), su recomendación final era clara. La inactivación permanente del programa y la derogación de la política que lo reglamentaba era, a su juicio, el curso a seguir.
La conclusión la acogió la expresidenta interina, Celeste Freytes González, quien en una carta al presidente de la Junta de Gobierno, recomendó que, ante la situación fiscal y las medidas de ajustes presupuestarios, se derogara la Certificación 72, o Política para la Concesión de Becas Presidenciales para Estudios Doctorales y Postdoctorales.
Sin embargo, en la reunión de la Junta de Gobierno de ayer, el pleno aprobó que, en vez de derogarse el programa, se extendiera la moratoria hasta que se corrijan las deficiencias identificadas en el informe final. Fue en las irregularidades que permite la vaguedad de la política, así como la incompatibilidad con reglamentos vigentes, en lo que la jueza Bauemeister depositó el peso de la culpa por la polémica.
De hecho, el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, a quien la polémica de las becas presidenciales le costó su puesto, había coincidido en conversación con El Nuevo Día en que el programa de becas presidenciales no debía eliminarse sino revisarse, dado que la política era un terreno fértil para que se cometieran errores.
Con seis votos a favor, un voto en contra –del representante claustral José Martínez Cruzado- y dos abstenidos –de los representantes estudiantiles Gilberto Domínguez y Pedro Rodríguez-, la moratoria aprobada el 22 de febrero del 2016 se mantendrá vigente hasta que se enmiende el reglamento y se atiendan los reclamos.
En la discusión, hasta el representante en la Junta de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agente Fiscal (AAFAF), Alejandro Camporreal, subrayó los beneficios de las becas presidenciales para apoyar la educación doctoral del profesorado, sobre todo en áreas de difícil reclutamiento, y enfatizaron que el problema no radicaba en el programa en sí, sino en la reglamentación.
En aquella carta a la Junta, Freytes González ya había contemplado la alternativa de que la Junta optara por proseguir con el programa. En ese caso, tomando en cuenta los hallazgos del informe, la expresidenta interina recomendó que se enmendara la normativa para “pautar un curso procesal uniforme, con los términos, instrucciones y procedimientos más definidos” en las etapas de solicitud, evaluación y formalización.
Asimismo, propuso establecer un proceso de evaluación uniforme con parámetros objetivos que guíe la labor del comité designado. En caso de que se mantuviera el requisito de compromiso de plaza docente, debe revisarse el proceso de solicitud y recomendación en aras de armonizarlo con lo que dispone el Reglamento General de la UPR respecto al reclutamiento docente.
El programa de becas presidenciales estuvo el centro de una controversia luego que salieran a relucir señalamientos de irregularidades y favoritismo en el otorgamiento de los incentivos para estudios para el año 2015. En ese momento, entre los estudiantes que recibieron la ayuda económica para costear estudios graduados en el extranjero estuvieron Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez; Arturo Ríos Escribano, exasesor del gobernador Alejandro García Padilla; y Carlos Pagán, exayudante del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla.
EL PLAN FISCAL. Durante el resto de la reunión, los miembros del cuerpo rector del sistema universitario se dedicaron a discutir pormenores del plan fiscal de la UPR. El presidente de la Junta, Carlos Perez Díaz, anunció que solo firmaría un plan fiscal cuando el gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombre los cinco puestos vacantes que hay en la Junta.
Todavía en la reunión de ayer, existían discrepancias sobre si la UPR debe acatar obligatoriamente la exigencia de alcanzar $300 millones en ajustes en dos años fiscales, un número arbitrario según múltiples voces de la comunidad universitaria, pero obligatorio, como defendió la secretaria de Educación, Julia Keleher.