Lo legal versus lo moral

En este país donde sobran las leyes a menudo se observa que falta moral. Nos hemos pasado predicando, en pasadas y presentes administraciones, que se tomarán medidas de austeridad para disminuir el gasto público, pero generalmente los ajustes no pasan de la superficie.

Así, se anuncia con bombos y platillos una disminución en los puestos de confianza y en los sueldos de los incumbentes y una rebaja en los contratos de las agencias, pero por otro lado los contratos en la legislatura suben como la marea.

Es menester observar cómo políticos en decadencia, y candidatos perdedores obtienen jugosos contratos en nuestra Legislatura. Lo hacen con plena impunidad y con la excusa de que ni la Cámara de Representantes ni el Senado tienen déficit presupuestario.

En aras del balance de poderes el ejecutivo se hace de la vista larga y argumenta que él evalúa a su gente y se asegura que trabajen. Para mí ese no es el meollo del asunto sino que nuestro país tiene una crisis fiscal y es imperioso hacer ahorros. No es defendible que estemos diciendo que debemos reducir gastos para cumplir con las exigencias de la llamada Junta de Control Fiscal y se gaste en exceso en asesores o en nombramientos de personal con sueldos exorbitantes .

Esta debacle no sólo ocurre en la Legislatura, también lo hemos visto entronizarse en municipios quebrados donde imperan los asesores con sueldos fabulosos .

Urge ponerle coto a este despilfarro. Si bien es cierto que estos nombramientos pueden ser legales constituyen una inmoralidad. Si no hay recursos económicos y el pote es pequeño se debe distribuir en forma justa y respondiendo a necesidades reales. No hacerlo atenta contra la confianza de un pueblo que ve cómo sus esperanzas desaparecen e impera el beneficio personal y no el colectivo.