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PARA SALIR LOS MIÉRCOLES
Los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumplieron ayer con el requisito de presentar un informe acerca de sus finanzas, según dispone la ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).
Un primer vistazo de los informes de intereses económicos revela que los directivos poseen inversiones en el mercado de valores y cuentas de retiro, devengan salarios por ser empleados o por los servicios de consultoría que ofrecen. También revela que algunos de los directivos se vieron obligados a vender sus posiciones en bonos de Puerto Rico.
El mes pasado, durante la cuarta reunión pública de la JSF, el presidente del organismo, José B. Carrión, indicó que la JSF publicaría su estado de situación, los informes financieros de sus miembros en o antes del 28 de febrero.
El anuncio de la JSF se produjo luego que por meses, organizaciones ciudadanas como Espacios Abiertos y organizaciones periodísticas como El Nuevo Día solicitaran información acerca del uso de los fondos públicos asignados al organismo.
La JSF también divulgó unos contratos otorgados a abogados, economistas, firmas de contabilidad, su principal oficial legal y su director ejecutivo interino.
Entre las firmas contratadas figuran Luskin, Stein & Eisler, Proskauer, Citi, Acosta Ramírez, Ernst & Young, O’Neill & Borges y Forculus Communications. Los miembros de la JSF no cobran salario por el tiempo que dedican al ente federal. Sin embargo, estos son reembolsados por los gastos de viaje y alimentos en que han incurrido para participar de los trabajos de la JSF. Según el reglamento de la JSF, cada persona obligada a presentar informes de intereses financieros tendrá que presentar un informe de transacciones cada vez que ocurra una compra, venta o intercambio de acciones, bonos, contratos de materias primas a futuro u otros valores y estas excedan la cantidad de $1,000.