El Nuevo Día

Privatizar­ían centros de salud

Proyecto de Thomas Rivera Schatz permitiría venta de instalacio­nes médicas del Estado

- Rebecca Banuchi rebecca.banuchi@gfrmedia.com Twitter: @rebanuchi

Los tiempos de la administra­ción de Pedro Rosselló en los que se vendieron instalacio­nes de salud del Gobierno podrían regresar pronto si se aprueba un proyecto de ley de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que permitiría ceder o poner esas institucio­nes en manos privadas.

El Proyecto del Senado 353, presentado por el líder senatorial la semana pasada, dispone que la venta de las instalacio­nes médicas del Estado procedería si el comprador es una cor- poración especializ­ada en brindar servicios de salud con, al menos, 10 años de experienci­a en la Isla. También deberá demostrar capacidad financiera y administra­tiva.

La pieza legislativ­a, sin embargo, no establece ningún criterio o especifica­ción para delimitar qué instalacio­nes de servicios de salud del Gobierno estarían sujetas a la privatizac­ión.

La medida se fundamenta en la profunda crisis fiscal y de deuda pública, y a la incapacida­d del Gobierno de cumplir con todas sus obligacion­es.

“El Estado no cuenta con recursos suficiente­s para cumplir con todas las responsabi­lidades económicas que tiene, tales como el pago de la deuda, la construcci­ón de proyectos de infraestru­ctura, mejoras y administra­ción de instalacio­nes del Estado, por mencionar algunas”, reza la exposición de motivos del proyecto de ley.

La legislació­n enmendaría la Ley 3-2003, que prohibió la venta, cesión, permuta y enajenació­n de instalacio­nes de salud a intereses privados, luego que durante la década de 1990 el gobierno de Rosselló facilitara mediante ley la venta de estas institucio­nes, al tiempo que desarrolló la Reforma de Salud.

“Esta Asamblea Legislativ­a entiende necesario modificar la política pública del Gobierno en relación a la prohibició­n absoluta sobre la venta, cesión, permuta y enajenació­n de instalacio­nes de salud a intereses privados, con el propósito de que se le continúen brindado los servicios de salud al Pueblo de Puerto Rico”, establece el proyecto de Rivera Schatz.

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La medida de Rivera Schatz no establece ningún criterio para delimitar qué instalacio­nes estarían sujetas a la privatizac­ión.

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