Zona turística

Mayra Montero Antes que llegue el lunes

En menos de 48 horas el gobernador se dijo y se desdijo tres veces sobre el aumento de sueldo a los empleados públicos.

En el Mensaje de Estado prometió presentar, dentro de las próximas semanas, “acciones ejecutivas y legislativas para aumentar el salario mínimo”.

Al día siguiente rectificaba y subrayaba que ese aumento era una especie de “aspiración” que él tenía. Y no había caído la tarde de ese mismo día cuando, ante el estupor general, se desdecía nuevamente y firmaba un decreto, gracias al cual los servidores públicos y los empleados privados de empresas de construcción que hacen negocios con el Gobierno ganarán más.

Se hace o se dice cualquier cosa porque en realidad la frontera entre la verdad y la mentira se ha difuminado.

La situación entre el Gobierno insular —y esto de insular es a propósito— y la Junta de Control Fiscal, era insostenible desde que se aprobó la ley PROMESA, pero ahora explotó abiertamente. No puede haber trabajo conjunto. No lo habrá. Quizá haya un paripé de colaboración durante un tiempo, pero nada que pueda resultar en una alianza gubernativa.

De ahí que todo se haya revuelto y las declaraciones de la administración de Rosselló, y de las cámaras legislativas, e incluso de los políticos de la oposición, empiecen a ser tan contradictorias como en un manicomio.

Por un lado, hay dinero para dar aumentos a decenas de miles de empleados públicos, pero no hay un centavo para honrar los pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos, llamados TRANs por su siglas en inglés.

Por el otro, el gobernador anuncia que habrá recortes a las pensiones de los jubilados, pero el presidente de la Cámara de Representantes, ayunador excelso a las cinco de la mañana (oiga, pero a esa hora ayuna cualquiera), asegura que “las personas van a tener más dinero en el bolsillo”. Claro, nunca especificó quiénes son esas personas. Él no hablaba de todo el mundo, hay que captar las sutilezas de este ser que cada vez se nos espiritualiza más.

Aquí lo que asusta no es tanto la crisis, la tormenta perfecta que se nos viene encima, como el nivel de desparpajo con que ya nos mienten todos, a todas horas del día y de la noche, y en todas las instancias. Es como si se atropellaran unos a otros a ver quién cuela la trola más alucinante.

Ni va a haber aumento del salario mínimo, a menos que boten a la mitad de los empleados públicos, ni tampoco habrá más dinero en el bolsillo del ciudadano de a pie. El problema es que, de cara al capítulo más estremecedor de este fenómeno de indigencia al que nos abocamos, el Gobierno en pleno —incluyendo a destacados secretarios de agencia— ha escogido el camino del desquite. La consigna es prometer lo que no se tiene y lo que no se puede, para hacer rabiar a la Junta. A ese punto de puerilidad ha llegado la política insular.

Ya sé que en el pasado se ha hecho lo mismo. Inventar cuentos de caminos para atolondrar a la gente. Pero aquellos cuentos tenían el propósito de urdir ventajas partidistas y corruptelas internas. Esto que está pasando ahora es distinto. Se está haciendo desde el resentimiento, o desde la impotencia, en el ánimo de provocar un cisma verdadero. Ya no hay frases de conciliación con el ente federal, ni promesas de entrar en negociación alguna. Para los que oímos bien —y me precio de oír muy bien, hasta lo que se dice en las mesas de al lado— hay un clima de desafío muy contundente.

El grupo de asesores del gobernador tiene la secreta esperanza de que el Congreso de los Estados Unidos, puesto a escoger entre dos hijos, repudiará a la Junta o la hará doblar la rodilla. De ahí que estén tensando la cuerda a niveles escalofriantes y saltando por encima de los siete miembros del ente federal, para ir a dar las quejas y pedir moratorias a los más altos niveles. Según me cuentan, están moviendo un ejército de plañideras en Washington, de espaldas a la Junta de Control. A ver cómo les sale.

Por último, en su extraño Mensaje de Estado, Rosselló anunció que eliminaría los subsidios a los municipios. Pero. Como de algún lugar tiene que salir el dinero para que manden a construir canchas; adquieran toneladas de asfalto barato y defectuoso, pagándolo como si fuera de primera calidad; cobren miles de dólares por vacaciones y días por enfermedad; otorguen contratos a los amigos; acomoden a los políticos corruptos, y finalmente saquen cientos de miles de dólares por transigir casos de acoso sexual, pues el dinero, según la brillante idea de Rosselló, saldrá de nosotros mismos. O sea, él no los subsidia para poder cumplir con la Junta de Control Fiscal, pero nos perpetra un asalto a mano armada en forma de aumento al CRIM, para que por el ladito sigamos manteniendo a los 78 caciques.

Ah, se me olvidaba: ¿no querrá el Gobernador, o la Junta de la UPR, aumentarnos otro impuestito para que, sin que nadie se entere, sigamos pagando automóvil, gasolina, mecánico, marbete y seguro a los once rectores de los recintos de la UPR? Nos venimos a enterar ahora que, con el dinero de los contribuyentes, se les ha pagado carro todos estos años. Que usen UBER, si quieren. ¿O la UPR es zona turística? Bueno, quizá para ciertos profesores privilegiados, que ganan $95,000 al año, y dan tres o cuatro clases a la semana, con las patitas puestas encima de la mesa, sí, es zona turística. Por si acaso, los de UBER que pregunten.

“Ni va a haber aumento del salario mínimo, a menos que boten a la mitad de los empleados públicos, ni tampoco habrá más dinero en el bolsillo del ciudadano de a pie”.