Deslucen centros públicos de salud ante el ojo privado
Portavoces del gremio cuestionan medida que permitiría privatizar los centros públicos de salud
Un cambio de política pública que rescata el pasado está bajo evaluación en el Senado de Puerto Rico. La medida legislativa que abriría el paso a la privatización de instalaciones gubernamentales de salud de inmediato avivó el debate sobre el efecto de la privatización en el acceso ciudadano a la salud,
Sin embargo, más allá del norte filosófico y la discusión necesaria sobre el derecho a la salud de la ciudadanía, puede que a ojos del sector privado, la medida no sea tan atractiva debido a las condiciones en que se encuentran los centros de salud que quedan en manos del gobierno.
Al menos así lo percibe el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, quien cuestionó la efectividad que pueda tener la medida dado la posible escasez de postores.
“Lo que queda son instalaciones perdidosas, que ofrecen servicios a mucha gente indigente, servicios caros que nadie quiere pagar. Eso es Centro Médico, el Hospital Regional de Bayamón, los CDT (Centros de Diagnóstico y Tratamiento) con los que se quedó (el Departamento de) Salud son los menos rentables. No estoy seguro que haya mucha demanda para esos lugares”, reaccionó Ramos.
El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, coincidió con el portavoz médico en que la puesta en vigor de la medida podría quedarse lejos de los resultados esperados.
“Uno de los retos mayores que confrontan ahora mismo las organizaciones es cómo conseguir el financiamiento para poder comprar esas instalaciones. La banca privada no está dando acceso al dinero de manera fácil”, alertó.
Por tanto, Plá sugirió que la ley venga acompañada de algún tipo de ayuda a la empresa privada para tener acceso a buenas fuentes de financiamiento que les permitan realizar una inversión adecuada.
“Debe haber algunos incentivos porque muchas de las instalaciones de salud probablemente requieran inversión de capital para ponerlas en mejor estado. Es un área que hay que mirar, porque una vez se adquiera la propiedad, si el MRI no funciona, si al aire acondicionado hay que darle mantenimiento, todo eso requiere un capital adicional”, manifestó.
Al preguntársele sobre si la privatización de los servicios e instalaciones de salud podría significar un perjuicio para la ciudadanía y su derecho humano a la salud, Plá reconoció que durante años, el sistema de salud de Puerto Rico se ha ido desmantelando y que “si se venden las instalaciones, termina el desmantelamiento del sistema”. “La privatización de la salud ya es una cosa que se dio y va a ser muy difícil virarla para atrás”, observó.
En esa línea, no obstante, cuestionó si el gobierno puede seguir sosteniendo económicamente sus instalaciones y si tiene el andamiaje necesario para administrarlas.
Con el Proyecto del Senado 353, el proponente Thomas Rivera Schatz busca autorizar la venta de las instalaciones de servicios de salud gubernamentales a corporaciones especializadas en servicios de salud que cumplan con dos requisitos fundamentales: contar con una trayectoria de diez años o más en el ofrecimiento de servicios de salud en Puerto Rico, y que en esa década hayan demostrado capacidad financiera y administrativa. Esto amparado en la necesidad de ofrecer los servicios de salud en medio de la crisis económica, y “aliviar las cargas del Estado con la colaboración del sector privado”.
La medida busca enmendar la Ley 3 del 2003, también conocida como la “Ley para prohibir la venta, cesión, permuta y enajenación de instalaciones de salud a intereses privados”. Así fue que se derogó la Ley 190 de 1996, la cual facultó al gobierno de Pedro Rosselló a realizar tales gestiones. Ba- jo su mandato, se privatizaron al menos 11 hospitales y centros de diagnóstico y tratamiento. Además, la venta de dispensarios y hospitales regionales dejó en manos de proveedores privados -algunos con fines de lucroel tratamiento de pacientes de salud mental, adicción y alcoholismo, cuyos servicios se vieron reducidos.
“Lo que se iba a privatizar mayormente ya se privatizó. Lo que pasa es que, por sí solo, yo no lo veo como que vaya a aportar muchas soluciones. Solo vender las instalaciones sin cambiar la estructura del modelo de salud, no significa mucho”, destacó el galeno, defensor del sistema de salud universal no socializado para el País.
Pero para Plá, ante los problemas presupuestarios que enfrenta el gobierno, ceder la administración de ciertos centros de salud a un consorcio público privado o a una entidad con la pericia necesaria, “pudiera ser una solución razonable”. Entre esas instituciones que, a su juicio, podrían nutrirse a manos de la empresa privada dado los recursos limitados del gobierno, mencionó el Centro Comprensivo de Cáncer, ciertos hospitales pediátricos, el Hospital Universitario y algunas áreas de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).
“Si se venden las instalaciones termina la desmantelación del sistema de salud de puerto rico” JAIME PLÁ Presidente Asociación de Hospitales