Gobierno hace movidas de cara a la fecha de certificación del plan
Emite orden que congela asignaciones especiales y créditos contributivos Envía carta a la JSF y pide cabildee por fondos de salud y extienda protección de litigios
Mientras el equipo técnico de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continúa cuestionando las premisas contenidas en el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR), la administración de Ricardo Rosselló Nevares se propone sacar de los libros unos $625 millones en obligaciones, luego de declarar prescritas decenas de millones de dólares en asignaciones presupuestarias aprobadas por la Legislatura en años pasados.
Ayer, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) emitió su primera orden administrativa para crear un grupo de trabajo que, básicamente, será el último filtro que tendrá el gobierno antes de que el Departamento de Hacienda pueda emitir cualquier desembolso significativo de fondos o se comprometan ingresos futuros del erario al otorgar incentivos o créditos contributivos al sector empresarial de la Isla.
Específicamente, la AAFAF creó el Comité de Autorización de Desembolsos y Concesiones Contributivas (CADCC) y le dio por primera encomienda examinar las llamadas “asignaciones especiales multianuales”, que son partidas de fondos que se aprobaron en presupuestos pasados pero que no se han utilizado.
Según el representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte, parte del déficit presupuestario “que experimenta Puerto Rico radica en que el gobierno arrastra unos $1,800 millones en asignaciones especiales correspondientes a años fiscales pasados y que nunca se han utilizado.
Dado que la asignación presupuestaria existe, en teoría, esta se arrastra como un compromiso del Gobierno hacia presupuestos futuros, lo que ahora quedará prohibido, según Sánchez Sifonte.
“Gobiernos anteriores presupuestaban y destinaban dinero, con el que no contaban en ese momento, con capacidad de tener vigencia más allá del año en que fueron asignados”, indicó Sánchez Sifonte.
MOVIDA PARA QUITAR PRESIÓN. El mecanismo de evaluación establecido por la AAFAF permitiría, en términos simples, que el gobierno pueda limpiar su estado de situación. Ello, al eliminar una obligación pasada para la que ahora no tiene dinero. Ante la JSF, el ente federal que ahora examina los números provistos por la AAFAF, la movida implica que Puerto Rico tendrá una base de gastos más pequeña, quitando presión a los estimados de déficit y flujo de efectivo. Aunque es una movida significativa, podría decirse que solo se trata de un ajuste en papel. Esto, porque al presente, el fisco no tiene efectivo suficiente para sus obligaciones corrientes. En ese sentido, la decisión reduciría el déficit, pero no implica dinero nuevo o disponible que pueda asignarse a otras partidas. De acuerdo con documentos oficiales, hacia junio próximo, cuando tampoco existiría la protección de demandas provista en la ley federal PROMESA, Puerto Rico estaría corto de efectivo por unos $2,295 millones. Ese déficit se duplicaría en el fiscal 2018, cuando el Fondo General tenga que comenzar a pagar las pensiones de miles de empleados públicos jubilados.
Según la orden administrativa de la AAFAF, las distintas agencias que posean asignaciones especiales previas al año fiscal en curso tendrán que solicitar permiso al CADCC para girar contra la partida presupuestaria ahora prescrita.
De acuerdo con la orden de la AAFAF, esa decisión estará en manos del jefe de la AAFAF, el secretario de Hacienda, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el principal oficial de Informática de Puerto Rico.
“El propósito del comité es que cuando vayan a hacer el desembolso, que nos expliquen para qué va a ser destinado el dinero y entonces evaluaremos la justificación y la procedencia”, dijo por su parte el titular de la OGP, José Iván Marrero Rosado.
FILTRO A INCENTIVOS. La orden ejecutiva de la AAFAF también busca tomar el control del otorgamiento de varias decenas de incentivos contributivos en Puerto Rico.
Según la orden de la AAFAF, el CADCC también será responsable de evaluar el otorgamiento de todos los incentivos y créditos contributivos que otorga el gobierno, una partida que cada año supone un riesgo en las proyecciones de ingresos del fisco.
Ello, porque los contribuyentes que reciben créditos contributivos del gobierno podrían utilizar estos años después de que fueron concedidos.
De acuerdo con la orden, en lo sucesivo, la AAFAF -a través del CADCCtendrá que aprobar los créditos bajo la Ley 73, mayormente, dirigida hacia el sector industrial y aquella para el Desarrollo Turístico de Puerto Rico.
Otros incentivos o créditos que quedan condicionados al aval del CADCC están relacionados con la construcción de vivienda de interés social, el desarrollo de proyectos en cascos urbanos, aquellos que se otorgan a la industria del cine y para la reducción de desperdicios sólidos.
MOVIDAS PREVIAS. Los intentos del gobierno por tomar control de los créditos contributivos -muchos de los cuales representan una fuga de ingresos que El Nuevo Día ha denunciado por años- no son nuevos.
En 2009, el exgobernador Luis G. Fortuño dio paso a la Ley 7 de Emergencia Fiscal y dejó los incentivos contributivos en el limbo por unos tres años fiscales. El exgobernador Alejandro García Padilla tomó un curso de acción similar a través de la Ley 66 de Sustentabilidad Fiscal. Miércoles, 8 de marzo de 2017
Según la orden ejecutiva de la AAFAF, el CADCC podrá establecer límites para el uso de tales incentivos.
En términos simples, un crédito o incentivo contributivo es un tratamiento especial que el gobierno otorga a una persona o empresa por desarrollar alguna actividad que beneficia a la economía. A cambio de esa inyección a la actividad económica, el contribuyente podrá reducir lo que paga en impuestos a la hora de radicar su planilla de contribución sobre ingresos.
EL NUEVO DÍA
ALIVIO POR EL LADO DE RECAUDOS. “Todos los créditos aprobados hasta el momento de años anteriores se están validando. Con eso no hay problema. Estamos congelando los que están actualmente en el sistema que todavía no se han tomado en las planillas. Estamos revisando todos aquellos que no se han otorgado. La idea es que se mantengan estos créditos en las áreas que hay beneficios”, dijo por su parte el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien sostuvo que buena parte de los créditos contributivos que se reclamarán en el año contributivo 2016 ya se han reflejado en los libros de Hacienda, pues se notificaron en las planillas estimadas que radican estos contribuyentes.
“Hay como $140 millones en créditos que se están evaluando, los cuales vamos a ponderar y los que sean cré-
ditos que entendemos que adelantan desarrollo económico, van a entrar bajo una nueva regla de que se van a tomar, a cuatro años, 25% cada año. Se van a prorratear y esto es para modularlo a nuesro flujo de efectivo”, explicó el contador público.
La decisión de la AAFAF en materia de incentivos contributivos parece ser otra movida para atajar el gasto público e influir en el análisis que realiza la JSF acerca del Plan Fiscal.
Según el Plan Fiscal, hacia el año fiscal 2019, Puerto Rico podría reducir en unos $100 millones el gasto tributario relacionado con los créditos o incentivos que otorga el Gobierno.
El Plan Fiscal plantea que se preparará un nuevo Código de Incentivos Contributivos, documento que, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), estaría listo para fines de este año. Gloria Ruiz Quilan colaboró en este reportaje.
“Cuando estamos analizando los gastos del presupuesto actual nos encontramos con la situación de que esos gastos no solamente incluyen el 2017, sino que tenemos gastos de presupuestos anteriores”
JOSÉ I. ROSADO director de OGP
“Con estos mecanismos ejercemos un grado mayor de control tanto en el lado de ingresos como en el lado de gastos”
ELÍAS SÁNCHEZ SIFONTE representante de Puerto Rico ante la JSF