Sánchez insiste en extender el “stay”
Pide a la Junta Fiscal que también abogue por fondos de Medicaid
El representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte, pidió formalmente a ese organismo federal que solicite al Congreso estadounidense que asigne los fondos federales que necesita el programa MiSalud y que abogue por que se extienda la protección de litigios contra el Gobierno hasta fin de año.
En una carta de seis páginas, Sánchez Sifonte solicitó la pronta acción de la JSF para que el organismo federal pida a la Casa Blanca y al Congreso que actúe para evitar el llamado “precipicio fiscal” en los fondos de Medicaid.
“El Plan Fiscal deja muy claro que una extensión de los fondos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible es crítica”, dijo Sánchez Sifonte haciendo referencia a los fondos que recibe la Isla bajo el llamado Obamacare y que se agotan a fin de año.
De acuerdo con el Plan Fiscal, si el Gobierno recibiera unos $1,500 millones en fondos para Medicaid, ello evitaría hacer recortes más drásticos a los contemplados para el programa MiSalud y pondría a Puerto Rico en mejor posición para pagar a los bonistas.
Las expresiones de Sánchez Sifonte a la JSF surgen justo cuando los primeros proyectos legislativos que se han discutido en la capital federal para sustituir el llamado Obamacare, no incluyen tratamiento alguno para Puerto Rico.
Sánchez Sifonte emplazó a la JSF a que tome acción invocando la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), el estatuto que creó la JSF y que, entre otras cosas, establece que el organismo con poderes por encima del gobierno electo de la Isla puede hacer recomendaciones de política al gobierno federal. ABOGA POR LA EXTENSIÓN. De otra parte, Sánchez Sifonte reiteró que la administración de Ricardo Rosselló Nevares interesa llegar a acuerdos consensuados con sus bonistas a través del título VI, cosa que ahora no parece posible ante el cercano vencimiento de la suspensión automática de litigios provista en PROMESA. La suspensión de litigios está vigente hasta el próximo 1 de mayo.
“El gobierno y sus entidades cubiertas por (PROMESA) no desean, en este momento, proceder con un plan para ajustar sus deudas bajo el Título III de PROMESA”, agrega la misiva de Sánchez Sifonte.
Los títulos VI y III proveen mecanismos para reestructurar la deuda de la isla. El Título VI provee para que el gobierno y sus bonistas se pongan de acuerdo e impongan el saldo de la negociación a los demás acreedores.
Mientras, el Título III podría describirse como una solicitud de bancarrota en la que un juez determinará cómo se pagarán las distintas obligaciones del gobierno.
Según Sánchez Sifonte, la administración de Ricardo Rosselló Nevares ha dado curso a reformas fiscales y económicas desde que se produjo el cambio de gobierno en enero pasado y todo ello quedaría a menos si Puerto Rico no tiene tiempo suficiente para llegar a acuerdos con sus acreedores de manera voluntaria.
“Sería muy injusto que después de todos los progresos alcanzados en los pasados dos meses, el Gobierno no pueda lograr una reestructuración bajo el Título VI simplemente porque el pasado gobierno intencional o negligentemente truncó el proceso bajo Título VI a costas de la nueva administración”, reza la carta de Sánchez Sifonte.
El pedido de Sánchez Sifonte para que la JSF solicite al Congreso extender el llamado “stay” en los litigios contra el Gobierno se produce al tiempo en que ciertos funcionarios y los asesores de Puerto Rico en materia de reestructuración sostendrían esta semana varias reuniones con grupos de acreedores en la ciudad de Nueva York.
“Una caída libre hacia el Título III (de PROMESA) conlleva para el Gobierno y sus agencias, el riesgo de años de litigios y un retraso para que el Gobierno alcance las reformas presentadas en el Plan Fiscal”, reza la carta de Sánchez Sifonte en la que se responsabiliza a la administración del exgobernador Alejandro García Padilla por el retraso de las negociaciones con los acreedores.
Empero, cualquier negociación pende de que la JSF apruebe un plan fiscal, un ejercicio que debe completarse el próximo 15 de marzo. Ello, si la JSF entiende que el plan Rosselló Nevares es suficiente para atajar un déficit de $7,600 millones.
“Sería muy injusto que después de todos los progresos alcanzados en los pasados dos meses, el Gobierno no pueda lograr una reestructuración bajo el Título VI”
ELÍAS SÁNCHEZ SIFONTE representante de Puerto Rico ante la JSF