Transformar la AEE es una meta impostergable
El renacer de la economía del País está decididamente atado a la revitalización del sistema energético. Para lograr ambos objetivos, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene que estar equipada con garras que le permitan tomar
Ir en la dirección contraria implica condenar al estancamiento, sino a la destrucción, a la empresa pública que debería ser el motor del desarrollo puertorriqueño. Significaría, además, perpetuar las prácticas de la política de bajo nivel que han quebrado la confianza de los inversionistas y del mercado de valores sobre la capacidad de Puerto Rico de ejecutar planes de crecimiento a largo plazo.
Por eso no favorecemos la legislación que busca cambiar la composición y otros aspectos de la Junta de Gobierno de la AEE, con miras a que sus miembros respondan a la visión de la nueva administración de Gobierno. Lo que procede, en toda responsabilidad y seriedad, es evaluar a los miembros de la Junta actual a la luz de los méritos de sus ejecuciones. El proyecto de ley se encuentra en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Representantes.
La Junta necesita fortalecerse para dar los pasos que transformen a la AEE en una empresa pública sostenible, competitiva y confiable.
El organismo rector tiene que ser empoderado de las facultades que le pongan en condiciones de tomar decisiones por mucho tiempo aplazadas, de manera que la empresa pública pueda ser reestructurada, regresar al mercado de bonos, y llevar sus costos a niveles que estimulen la inversión y la actividad económica del País.
Fortalecida con independencia, podrá erradicar las estructuras que asientan el clientelismo político y la falta de supervisión, dando paso a un liderazgo basado en el profesionalismo. Así liberará a los abonados residenciales, comerciales e industriales de sufrir la pobreza y el encarecimiento del servicio.
La entidad pública igualmente tiene que superar su falta de capital público o privado suficiente para hacer obra y dar mantenimiento a la existente, de personal motivado y debidamente entrenado, así como de una política de transparencia y rendición de cuentas.
En síntesis, lo lógico es armonizar las reformas ya encaminadas con la visión que el nuevo gobierno tiene sobre el futuro energético, y convertir la Autoridad en ejemplo de gobernanza y modernización.
Todo lo anterior es tarea central para el organismo rector, que también tendrá sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de entablar diálogos con los acreedores, ante la deuda de $9,000 millones que arrastra.
Hay que escuchar también la valoración que ha hecho el designado director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos Rodríguez, quien ha puesto en primer lugar la mira en la debilitada infraestructura de la agencia. Contempla atender con premura las áreas de generación de energía, conservación del sistema, retención del personal técnico, servicio al cliente y el alto costo de energía, para que deje de ser una pesada carga para el consumidor.
Son tareas importantes que el director ejecutivo tendrá que realizar con el respaldo y de la mano de la Junta.
De la misma manera, es imprescindible abrir la puerta a las aportaciones que puede hacer el sector privado en la generación de electricidad, y diversificar las fuentes de energía con modelos alternos, menos contaminantes que el petróleo del que depende la producción energética casi en su totalidad.
El gobernador Ricardo Rosselló tiene que mirar a través del cristal del verdadero interés público la membresía de la Junta. Debe ubicarse a la altura del momento histórico para dar estabilidad al sistema eléctrico, atender la deuda y el déficit de más de $2,000 millones del sistema de pensiones de la corporación.
Así podrá la Junta constituirse en eslabón indispensable para que la AEE aporte a la recuperación del País.