Vicente Feliciano, Gustavo Vélez y José Caraballo Cueto
El Plan Fiscal sometido por el gobierno de Puerto Rico fue aprobado con enmiendas. Debe ser motivo de satisfacción para la Isla que nos estamos encaminando a una resolución de nuestra crisis. El problema fue diagnosticado correctamente, un déficit fiscal insostenible y mercados como el laboral y el de energía que no son competitivos. El tratamiento, el Plan Fiscal, fue acordado. Pasar por el proceso que nos lleve a la sanación no va a ser sencillo, pero gracias a PROMESA y las propuestas del Plan Fiscal podemos ver la luz al final del túnel.
El ajuste va a ser fuerte. La Junta de Supervisión Fiscal estima un decrecimiento de la economía de cerca de 4% anual por dos años consecutivos. Esto implicaría que Puerto Rico pasaría nuevamente por una contracción similar a la de la crisis global y la Ley 7 en el 2009 y 2010. Durante esos dos años se perdieron unos 80 mil empleos. La fuerza laboral hoy día es menor y no se despedirán empleados de gobierno, pero todavía estamos hablando de perder sobre 40 mil empleos en dos años.
Se va a requerir sacrificios de todos. Por ejemplo, en el 2013 el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó los cambios al sistema de pensiones de la mayoría de los empleados públicos pero cuando más tarde se propusieron cambios similares al sistema de pensiones de la rama judicial el Tribunal determinó que la ley era inconstitucional.
El Plan Fiscal requiere continuar con los cambios a los planes de pensiones que comenzaron en el 2000 y siguieron en el 2013 donde todos, incluyendo la Rama Judicial, aporten.
Sin embargo, el sacrificio se justifica. La razón es que el Plan Fiscal presume una reestructuración de la deuda donde se reducirán significativamente los pagos. El promedio de pagos de servicio de deuda de intereses y principal al que se enfrenta Puerto Rico es de unos $3,800 millones al año y el Plan Fiscal asigna unos $800 millones por año para pago de deuda.
La mayor parte del ajuste del Plan Fiscal es para pagar, no a los bonistas, sino a los empleados públicos, los proveedores, Mi Salud y los planes de pensiones. El Plan Fiscal requiere un ajuste de sobre $2,000 millones en el año fiscal 2018 y tan solo se separan para deuda unos $800 millones.
Previo a PROMESA, el sacrificio que se hiciera generaba recursos para pagar a los acreedores. Mientras se pensara que la deuda era sostenible, se justificaban los sacrificios de la Ley 7.
En el momento en que se determinó que la deuda no era sostenible, entonces no se justifican los sacrificios porque no importa la magnitud del sacrificio, no es factible generar $3,800 millones para pagar deuda.
Reducirle $450 millones a la Universidad de Puerto Rico se justifica si el objetivo es para pagar las pensiones de sistemas de retiro que no tienen fondos, para cubrir los gastos de salud de los médico-indigentes y para aportar un poco al pago de nuestros acreedores. No hace sentido si el único propósito fuese aumentar el monto disponible para pago de deuda.
Entre más rápido cerremos el capítulo del ajuste fiscal, más rápido nos podemos enfocar en crecer la economía. El doctor Andrew Wolff, asesor económico de la Junta, espera que cambios estructurales como los cambios a las leyes laborales y la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica tomarán unos cinco años para tener el efecto esperado. No hay tiempo que perder.
“El ajuste va a ser fuerte. La Junta de Supervisión Fiscal estima un decrecimiento de la economía de cerca de 4% anual por dos años consecutivos”.