“ESTO NO ES UN LOGRO PARA NADIE”
Expertos estiman que el Plan Fiscal aprobado ayer por la Junta es muy austero y anticipan consecuencias económicas, sociales y legales
Las medidas de austeridad contenidas en el Plan Fiscal que certificó ayer la Junta de Supervisión Fiscal, tienen el potencial de afectar aún más la maltrecha economía de Puerto Rico, al detener el comercio, la inversión privada y la creación de empleos, generando así nuevos problemas de recaudos en el gobierno, coincidieron varios expertos consultados por El Nuevo Día.
La propuesta inicial del gobernador Ricardo Rosselló Nevares estimaba en $33,800 millones el déficit fiscal de los próximos 10 años. El plan aprobado ayer aumenta a $39,600 millones esta cifra. La diferencia entre ambos números ($5,800 millones) es subsanada en el nuevo Plan Fiscal con nuevos tributos y recortes adicionales a los propuestos por Rosselló Nevares en la propuesta de Plan Fiscal de febrero. Los servicios de salud en particular enfrentan una merma que en promedio es de $612 millones anuales.
A esta situación se le suma la posibilidad de que decrete una reducción de casi 20% en la jornada laboral y la eliminación o reducción de los bonos de Navidad de los empleados públicos.
“Una eliminación completa del bono de Navidad, por ejemplo, tiene un impacto grande en la economía porque los empleados públicos dejan de cobrar ese dinero y no tienen lo mismo que antes para gastar en las tiendas. Eso hace que haya menos ventas y las tiendas no pueden sostener a los empleados. Esto es menos income tax y ya hablamos de una reducción en las ventas por lo que el gobierno también cobra menos IVU (Impuesto sobres las Ventas y Uso)... La JSF no puede perder de vista el efecto en la economía de la austeridad como la están proponiendo”, explicó el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Luis Torres Llompart. FALTAN DETALLES. El profesor de finanzas y economía, Antonio Fernós Sagebién, explicó, por su parte, que con los datos hechos públicos no se puede tener una idea exacta sobre el efecto negativo que las medidas contenidas en el Plan Fiscal certificado tendrán en la la economía.
El detalle, sostuvo, se verá con la creación de los presupuestos y tal vez en el documento que le exigió la JSF al gobierno explicando cómo implantarán cada una de las medidas que se certificaron ayer.
Señaló, no obstante, que desde ya se puede prever que la puesta en marcha del Plan Fiscal implicará muchos cambios y problemas a nivel social, comunitarios, familiares e individuales.
“Esto puede cambiar desde algo tan cotidiano como el cuido de los niños en los días en que no haya clases como la calidad de vida o la salud de una persona”, dijo Fernós Sagebien.
Todo dependerá de la definición que el gobierno y la JSF le den al concepto de “servicios esenciales o básicos”. En la discusión sobre la planificación fiscal de Puerto Rico, tanto el gobierno como los miembros de la JSF coinciden en que habrán unos servicios que son de vital importancia para el funcionamiento del gobierno y el orden social, por lo que serán protegidos. Sin embargo, este concepto se trata de manera abstracta sin que se determine cuáles servicios en específico serán los que salvaguardarán.
Ayer, el presidente de la JSF, José Carrión, a preguntas de El Nuevo Día, indicó que todavía no se ha aclarado qué constituye un servicio esencial en el gobierno. Sostuvo que en la actualidad es una de las conversaciones que tienen con los oficiales de la administración de Rosselló Nevares.
Esa discusión cobra aún más relevancia cuando se examinan los recortes que contiene el Plan Fiscal. Por ejemplo, el documento aprobado ayer establece que en el área de salud se recortarán $6,123 millones en los próximos diez años. Esto implica en promedio anual de $612 millones. Esta cifra es, por mucho, mayor a la propuesta inicial de Rosselló Nevares que ya contemplaba la eliminación en el programa Mi Salud de cubiertas dentales, oftalmología y recetas, entre
otros servicios.
“El tema del Plan de Salud del Gobierno no quedó claro. También queda la interrogante de la Ley 154 (arbitrios que pagan las foráneas) porque no se sabe qué pasará en la manufactura de Puerto Rico con los cambios que se perfilan, por ejemplo, en la estructura de las contribuciones federales. Tampoco queda claro del impacto económico de la austeridad. Si la contracción actual ronda en un -2% (caída anual en el Producto Nacional Bruto), uno puede pensar que lo que viene podrían estar por encima del 2.5% o 3%”, dijo, por su parte, el economista Gustavo Vélez.
CAMINO A LA QUIEBRA. Por otro lado, Fernós Sagebien explicó que el Plan Fiscal aprobado por la JSF encamina al gobierno a acogerse al proceso de quiebra que establece el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
Su apreciación parte del monto separado en la planificación fiscal para el servicio de la deuda. Por ejemplo, para el año fiscal 2018, el gobierno apenas está separando $404 millones de los $3,283 millones que se adeudan. Es decir, apenas está guardando el 12% de lo que le debe a los acreedores ese año.
“Es sumamente difícil entrar en acuerdos voluntarios con el tiempo que falta así que cuando se levante la moratoria a las demandas, todos van a estar demandando al gobierno, pidiendo que se congele el presupuesto, reclamando cobros, incumplimiento de contratos... (El Plan Fiscal) no se va a poder ejecutar con tantas demandas a menos que ya te hayas acogido al Título III”, explicó Fernós Sagebien.
Eso abrirá un proceso lleno de incertidumbres, anticipó. Para empezar, sería la primera vez que se da un proceso de quiebra para un territorio. La litigación del caso podría conllevar un examen de los activos y pasivos del gobierno para ver qué se puede liquidar de modo que se genere dinero para pagarle a los bonistas.
“Es fácil pensar que esto llevará a una privatización masiva de los activos del gobierno”, dijo Fernós Sagebién. SE NECESITAN MÁS FONDOS. Para el analista político, Domingo Emanuelli,
el Plan Fiscal provee un espacio para presionar a los bonistas a que se unan a Puerto Rico en la búsqueda de nuevos ingresos. Específicamente, se refirió a los esfuerzos de cabildeo en la capital federal a favor de un trato favorable para Puerto Rico en la reforma contributiva estadounidense y que se extienda pariedad en los fondos Medicare y Medicaid.
“El Plan Fiscal creo que tiene el efecto de descalabrar aún más la economía. Yo no le veo futuro al plan si no hay una inyección de dinero sustancial para empujar el crecimiento económico”, dijo Emanuelli.
Vélez, por otro lado, resaltó que el tono de confrontación, que se apreciaba la semana pasada en las cartas entre el gobierno y la JSF, pareció atenuarse en el día de ayer. Por eso, dijo, por momentos parecía que la JSF flexibilizaba sus exigencias aunque al final del día son más severas.
“Esto no es un logro para nadie. La JSF lo que dio fue una sentencia”, dijo Gustavo Vélez.