NUEVOS RETOS FISCALES EN EL CENTRO MÉDICO
Entre deudas y un déficit millonario, la Administración de Servicios Médicos se prepara para el fin de los fondos de Obamacare Aunque la Junta de Supervisión Fiscal no les ha hecho recomendaciones, prevén que pronto llegarán La corporación está reducien
Enfrenta un déficit acumulado de $358 millones, cantidad que se ha inflado con los años por el junte de un problema crónico de insuficiencia de fondos y la precaria situación fiscal del País. Sus deudas suman $523 millones, siendo el grueso el préstamo que tomaron en el 2010 por $283.7 millones, cifra que ya va por $322 millones.
A este tétrico panorama se añaden las cuentas por cobrar, $55.9 millones, incluyendo $9.3 millones de la Reforma de Salud y $35 millones de instituciones participantes de Centro Médico, entre otros organismos que también les adeudan.
Este es parte del panorama que enfrenta la Administración de Servicios Médicos (ASEM), corporación pública creada en 1978 que desde hace varios meses estrena un nuevo director ejecutivo, Jorge Matta González. “Ese (la situación fiscal) es el problema eterno aquí”, comentó el joven de 34 años, quien advirtió que este dilema se ha agudizado en los últimos quince años. Con un presupuesto de $41 millones, la ASEM enfrenta un año que multiplica sus retos. Aunque aún no se ha reunido con la Junta de Supervisión Fiscal, ni tampoco ha recibido alguna recomendación particular para apretar aún más los compromisos financieros de la ASEM, Matta González reconoce que pronto podrían llegar. Por lo pronto, miembros de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) les han pedido varios documentos, lo que anticipa lo inevitable ante la incertidumbre que permea en el ambiente con el pronto fin de los fondos asignados a Puerto Rico a través del Obamacare. “Nos estamos preparando para la debacle del Obamacare, preparándonos para que, en caso de que el sistema privado no pueda dar los servicios (de salud), los hospitales públicos puedan darlos”, dijo. MÚLTIPLES RETOS. Todavía hay muchos blancos sin llenar, ante la inquietud que representa el fin de los $6.4 mil millones que se le asignaron a Puerto Rico por el Obamacare y el desasosiego que implica qué ocurrirá en el Congreso con el nuevo modelo que sustituirá el Obamacare.
Sin embargo, “motu proprio”, la ASEM está tomando algunas acciones, entre estas, reduciendo en un 25% los puestos de confianza y “tra- tando de minimizar los costos lo más posible”.
Aunque bajo la pasada administración, hace casi un año, se anunció la posibilidad de activar un plan de contingencia con una reducción de servicios en la Sala de Emergencias y el Hospital de Traumas, la realidad es que esto no se materializó.
De acuerdo con Irving Jiménez, pasado director ejecutivo de la ASEM, bajo la Ley 66 (Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico) se logró negociar con la Unión General de Trabajadores (UGT) para que se detuvieran los aumentos negociados, así como los beneficios que iban a ocasionar aumentos.
“Eso ayudó a disminuir la pérdida, pero no la eliminó por completo”, sostuvo.
De acuerdo con Jiménez, deudas con instituciones participantes de Centro Médico (como el Hospital Pediátrico y el Universitario, entre otros) impactaron el flujo de efectivo de la ASEM. Sin embargo, una asignación legislativa de unos $27 millones para este año fiscal ayudó a matizar estas deficiencias.
Con parte de ese dinero, de hecho, es que se están remodelando las 17 salas de emergencias de la ASEM.
En planes también está la creación de un laboratorio pequeño en la Sala
de Emergencia de la ASEM, área que ahora dirige el emergenciólogo Charlie Gómez. Además, se proyecta una ampliación de la sala de espera para el área de Sala de Emergencia y para el Hospital de Trauma.
Desde el año 2010 la ASEM se encuentra bajo la sindicatura del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), lo que les requiere la rendición de informes mensuales de sus operaciones fiscales, así como la autorización previa en cualquier compra que sobrepase $1 millón.
ESTUDIAN ALTERNATIVAS. En su agenda de trabajo Matta González no descarta la posibilidad de privatizar ciertas áreas de servicio, aunque recalcó que amerita estudiar la necesidad real de tomar esta acción.
“Es un ejercicio que hay que hacer. Creo en la calidad del servicio y el trabajo fuerte. Si el servicio está rindiendo frutos, a lo mejor no es necesario”, dijo, aunque reconoció que esto es parte del plan del gobierno por lo cual amerita mayor análisis.
El gobernador Ricardo Rosselló firmó en enero un proyecto que enmienda la Ley de Alianzas Público Privadas para ampliar la capacidad del sector privado de hacer negocios con el gobierno.
Por lo pronto, Matta González anticipó que se está haciendo una reestructuración, particularmente en la sala de emergencias de la ASEM, para canalizar los casos con más eficiencia, de modo que se acorte el tiempo de espera y se agilicen las admisiones.
“También vamos a montar un “call center” más estructurado, para que las personas que lleguen aquí sean las que tienen que llegar”, sostuvo.
Negociaciones con las aseguradoras, más eficiencia en la facturación y en los ingresos con un programa de manejo de camas disponibles son otras áreas en las que trabaja la ASEM.
“Mi norte es dejar las cosas mejor (de lo que están)”, puntualizó Matta González.