JSF VELARÁ LAS MOVIDAS DEL GOBIERNO
La Junta de Supervisión Fiscal mirará de cerca las movidas presupuestarias de la administración de la isla mientras se busca llegar a un acuerdo con los bonistas
Con la aprobación del plan fiscal enmendado y condicionado del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entra ahora en un proceso de escrutinio constante de las movidas presupuestarias y de liquidez del gobierno al tiempo que sienta la pauta para el proceso de renegociación de la deuda pública con los distintos grupos de bonistas de Puerto Rico.
“Nuestras energías tienen que estar centradas para que los resultados de los esfuerzos del gobierno excedan las expectativas. No es hora de preocuparnos de los cálculos sino de cómo se pueden lograr estas metas y cómo ayudar a que se dé un desarrollo económico sustentable”, dijo el director ejecutivo interino de la JSF, Ramón Ruiz Comas.
“El plan que se certificó es el plan del gobierno. Se hicieron dos enmiendas nada más en términos del nivel de ahorros necesario para las pensiones y un plan de contingencia si las propuestas de ahorro que hay en el plan no se dan”, dijo por su parte la integrante de la JSF Ana Matosantos, al tiempo que indicó que el organismo federal evaluará detalladamente si, en efecto, el gobierno logra los compromisos de ahorro estipulados en su plan enmendado y que ahora se convierten en un mandato para la administración de RiAunque cardo Rosselló Nevares.
Ayer, un día después de que la JSF aprobara el plan fiscal en la ciudad de Nueva York, Ruiz Comas y Matosantos participaron de una mesa redonda con periodistas en Puerto Rico para explicar el proceso de análisis que efectuó el organismo federal a la hora de disectar el plan de Rosselló Nevares y las razones para incorporar, en el programa de recortes e impuestos, una reducción en la jornada laboral y la eliminación del bono de Navidad en el siguiente año fiscal. Ello, si la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) no asegura la reserva de liquidez que pidió el organismo federal y no logra fiscalizar mejor los impuestos, legisla una reforma contributiva y recorta los gastos del Gobierno.
De igual forma, tanto Ruiz Comas como Matosantos dejaron claro que para el organismo federal, la continuidad de los servicios esenciales del gobierno es un asunto crítico mientras se buscará llegar a un entendido con los bonistas en función del dinero que quede disponible.
Al cabo de 10 años, el plan de Rosselló Nevares supone impuestos y recortes más agresivos que el plan que se presentó el pasado 28 de febrero. En números, entre los años 2018 y 2026, los contribuyentes y consumidores experimentarán los resultados de un programa de austeridad que rondaría $39,600 millones, o unos $5,800 millones más que los estimados iniciales.
la JSF intentó, e incluso el gobierno ha intentado reducir el alcance de las enmiendas o condiciones al Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR), ahora enmendado, lo cierto es que el plan acogió todo lo planteado por el organismo federal. Los nuevos cálculos del plan descansan en las proyecciones económicas de la JSF, se estableció que el objetivo de ahorro en los planes de pensiones será 10%, se obligó al gobierno a crear reservas de efectivo por $200 millones y a reconocer además que en este año fiscal, los gastos han sido subestimados por unos $500 millones. INGRESOS RECURRENTES Y SERVICIOS ESENCIALES. A preguntas de El Nuevo Día acerca de las medidas que implementará el gobierno para cumplir con el plan, Matosantos subrayó que la expectativa de la JSF es que el gobierno produzca el balance fiscal según está establecido en el plan, es decir, sin un préstamo a corto plazo y, sobre todo, contando con ingresos recurrentes. Ello, aun cuando en el plan fiscal aprobado el lunes, plantea el uso de alianzas público privadas y la privatización de operaciones no esenciales del gobierno.
Según el resumen del plan certificado, en la página 24, el gobierno considera “monetizar” estacionamientos, las instalaciones de Parques Nacionales, propiedades de hotel propiedad del gobierno, la Lotería de Puerto Rico y el Fondo del Seguro del Estado.
De otra parte, el plan incluye en sus ingresos para los gastos del gobierno fuentes de recaudo que, en principio, estuvieron dirigidas hacia el pago de la deuda, como serían los llamados fondos “claw back” e incluso aquellos de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
De acuerdo con Matosantos, en los próximos días, el gobierno tendrá que continuar cumpliendo con otras exigencias de la JSF. El próximo 30 de abril, por ejemplo, Rosselló Nevares tendrá que presentar el presupuesto para el año fiscal 2018, las medidas que se necesitan para implementarlo y el plan de liquidez donde acabará de definirse el concepto de servicios esenciales.
Si el gobierno cumple no habrá necesidad de aplicar la reducción de la jornada laboral o el bono de Navidad, subrayó Matosantos. A RECORTAR LA DEUDA. En paralelo, de acuerdo con Matosantos, el gobierno tendrá que moverse activamente a buscar un acuerdo con los acreedores, descartando de entrada una extensión a la paralización de litigios provista en la ley federal PROMESA como planteó inicialmente la AAFAF.
“Por eso es que era tan importante un plan certificado y que inmediatamente continuemos con las negociaciones con los acreedores y se lleguen a acuerdos. Si la gente viene con buena fe y a trabajar con lo que hay, se puede trabajar eso... hay suficiente tiempo”, dijo Matosantos al tiempo que informó que la JSF ya encomendó un análisis de la deuda que emitió Puerto Rico y del uso que se dio a ese dinero.
Empero, la directiva explicó que ese proceso en manos de Ernst & Young se dará al mismo tiempo en que continúan las conversaciones con los bonistas.
“Hay que reestructurar la deuda de manera bien significativa”, dijo Matosantos al explicar que el plan aprobado provee, en promedio, unos $800 millones para pagar a los bonistas en los próximos 10 años. En relación con el servicio actual de la deuda, la cifra ronda unos 22 centavos de dólar.
De acuerdo con Matosantos, si bien PROMESA requiere respetar el estado de derecho en lo que atañe a la deuda, lo cierto es que el gobierno no tiene más para pagar a los bonistas.