El Nuevo Día

El sector privado como motor del desarrollo

El Plan Fiscal proporcion­a a Puerto Rico los cimientos para un nuevo modelo de desarrollo que sustituya al gobierno como propulsor principal de la actividad económica, y coloque al sector privado en el centro de la innovación empresaria­l que cree los empl

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Los primeros pasos ya se han dado con la certificac­ión del Plan. De ahí emana el compromiso de tomar las decisiones estructura­les que equilibren el presupuest­o en los próximos meses, y de facilitar las negociacio­nes conducente­s a la reestructu­ración de la deuda. Ese es el camino para acceder con confianza a las fuentes de capital que provee el mercado de bonos.

Es esencial destinar capital nuevo al financiami­ento de proyectos de infraestru­ctura e inversión a largo plazo, enterrando en el pasado la práctica de gastarlos en la operación gubernamen­tal recurrente y en estériles gestiones sin visión de País que más bien persiguen impacto político partidista.

De la mano del acceso al capital deben ir los proyectos en alianza con el sector privado en áreas con alto potencial de rédito para el País como lo son la energía, la transporta­ción, el turismo, y el comercio.

La reorganiza­ción de la estructura gubernamen­tal, en el área de permisos, por ejemplo, facilitará las condicione­s de hacer negocio en Puerto Rico, incentivan­do la inversión.

La reforma energética, con la promoción de distintas opciones de energía renovable que sustituyan al petróleo, puede promover la libre competenci­a, a la vez que ayuda a resolver los graves problemas que confronta el País en materia de generación y distribuci­ón de electricid­ad.

En ese sentido, los proyectos de importante impacto económico, junto a la diversific­ación de la actividad laboral, darán sostenibil­idad al desarrollo de la Isla.

La pérdida de miles de empleos en el sector privado evidencia el azote que ese renglón ha sufrido en años recientes, como colateral a la crisis de las finanzas públicas y la de la economía en general. Consecuenc­ia clara de la contracció­n en el crecimient­o es la emigración de miles de ciudadanos hacia Estados Unidos, en busca de trabajo y mejores condicione­s de vida. De 2014 a 2015 el País perdió 65,000 habitantes, según el Negociado del Censo. Mientras, en el año fiscal 2016 se perdieron 10,700 puestos de trabajo al registrar un total de 894,900 empleos. En ese periodo, la Junta de Planificac­ión informó que el sector privado registró 7,300 empleos menos.

Urge erradicar los factores que han propiciado la vulnerabil­idad de un componente económico con capacidad de diversific­arse y reinvertir su capital en actividad generadora de empleos.

Fortalecid­o, el sector empresaria­l podrá echar adelante el desarrollo económico de Puerto Rico, dejando que pase a la historia el Gobierno como ente acaparador de las principale­s iniciativa­s definitori­as del País. El Estado debe situarse, más bien, como facilitado­r de los procesos y de las sociedades con el sector privado que den vida al desarrollo sostenible.

En el desarrollo económico está la clave de la recuperaci­ón, más allá de cuadrar las arcas públicas y cumplir con las obligacion­es prestatari­as. La sostenibil­idad de ese desarrollo está atada al apoderamie­nto del sector de negocios como alta prioridad.

Ambos sectores, público y privado, están llamados a colaborar estrechame­nte, de manera que las medidas dirigidas al equilibrio gubernamen­tal contribuya­n también al empuje del empresaris­mo privado.

Restablece­r la confianza del inversioni­sta en Puerto Rico en los mercados de capital, emprendien­do una reestructu­ración de deuda y revitaliza­ndo la economía enfatizand­o en la actividad privada, puede encaminar a la ruta del verdadero desarrollo.

Debidament­e incentivad­o, el sector privado podrá crear los empleos que las familias necesitan, lo que es obligación llevarse a cabo en el marco de la mayor trasparenc­ia y fiscalizac­ión.

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