Gobierno “garantiza” la cobertura
Desglosa medidas que implantará a partir del próximo año fiscal para lograr ahorro y eficiencia
Aunque los ahorros en el renglón de salud son más del doble de lo propuesto inicialmente en el plan fiscal, el Ejecutivo asegura que no se afectarán los servicios provistos a través de la tarjeta de salud y para ello impondrá, a partir del 1 de julio, un sistema para detectar fraude, límite de gastos por paciente, reducción en los gastos para medicinas y en los gastos de las aseguradoras, así como un deducible mayor para servicios médicos denominados como “premium”, entre otras medidas.
No obstante, expertos en el tema advierten que estas iniciativas, aunque bien intencionadas, podrían no ser suficientes para alcanzar los $6,123 millones en ahorros que contempla el plan fiscal en diez años y podrían desembocar en limitación o reducción de servicios para beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG).
El secretario de la Gobernación, William Villafañe, destacó que actualmente el PSG cuesta $2,800 millones anuales y solo la mitad de esa cifra llega a impactar directamente a los beneficiarios. El gobierno pretende lograr ahorros de $750 millones anuales con estas medidas y obtener una inyección de $800 millones -también anuales- por concepto de la cubierta de Medicaid. Los $750 millones representarían ahorros que superan los $6,123 millones en diez años exigidos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al certificar el plan fiscal. Por ende, el gobierno apuesta al uso eficiente y a una reducción en gastos administrativos.
De esta forma, se cree que se cumpliría con la JSF e incluso sobraría dinero para optimizar el PSG. “El gobierno va a garantizar con esto la cobertura a todos los que hoy tienen su plan médico. Obviamente, si mantienen las condiciones, porque si no tienen indigencia, pues ya no necesitan el plan. Pero la propuesta del gobierno no le quita la cubierta a nadie, lo que hace es un sistema más económico y más eficiente”, dijo Villafañe en entrevista con este diario.
En síntesis, a partir del próximo año fiscal, el gobierno reducirá “de manera sustancial” la cantidad de dinero que va a las aseguradoras. “Hoy día la mitad del dinero de la Reforma se está yendo para las aseguradoras. Mediante la nueva propuesta se pretende limitar esa porción y buscar que el dinero llegue principalmente a los pacientes y asegurados”, afirmó.
También -con el uso de tecnologíase verificará la elegibilidad y se combatirá el fraude y el uso excesivo de la tarjeta de salud, dijo Villafañe. Igualmente, se establecería un tope de gastos por asegurado. “Ese límite es decirle a la aseguradora ‘esta es la cantidad que te voy a dar y tienes que garantizar estos servicios’. Eso provee para la competencia de todas (las aseguradoras), pero el gobierno pone el tope y todas compiten diciendo cuánto es la gama de servicios que pueden dar a base de ese tope y partiendo de unos servicios básicos que hay que dar. Eso va también a permitir que uno de los requisitos -medicamentosbaje en costo con genéricos u otros, que se puedan dar. Hay que abaratar costos”, explicó.
Asimismo, el uso de los servicios “premium” se controlaría con un deducible más alto. Villafañe no proveyó un desglose del ahorro por medida.
Dijo que estas medidas no afectarían el acceso a servicios, por la competencia que se generaría entre aseguradoras siempre garantizando los servicios básicos.
La inyección de $800 millones provendría de fondos Medicaid. Villafañe reconoció que se trata de un supuesto porque depende del Congreso. “Es un if (supuesto) que tiene que darse. Puerto Rico lleva recibiendo una aportación por muchos años y de golpe y porrazo no puede quedar sin nada. Sería un discrimen que va más a allá de nuestra condición colonial”, dijo recordando que, con la emigración, el costo en servicios médicos es mayor para Estados Unidos y que la administración lucha actualmente por la estadidad para la Isla.
Para el presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico, Roberto “Bobby” García, la JSF le exige al gobierno reducir gastos o buscar que el Congreso apruebe fondos adicionales para Salud. De hecho, dijo que él forma parte de un grupo de trabajo conformado por el Ejecutivo. “Si no se hace nada en Washington, el impacto lo vamos a sentir todos en Puerto Rico”, afirmó.
Tanto García como el presidente de la Asociación de Médicos, Víctor Ramos, indicaron que se trata de un asunto sobre el que no hay certeza. “Puede pasar desde lo más optimista hasta lo más pesimista”, apuntó Ramos.
Mientras, el analista en salud Ibrahím Pérez dijo que el gobierno debe proveer un estudio económico “para poder decir que su plan va a funcionar”. “Si tú vas a levantar deducibles, si vas a quitar gente, a quien está impactando esto es a los pobres y mi filosofía es que al gobierno hacer eso, esa gente que pierde servicios a través de la reforma se va a ir a Centro Médico. Como quiera que sea, le va a costar al gobierno a través del Centro Médico”, advirtió Pérez.
El subprocurador del paciente, Javier Parga, no descartó que a su oficina recurran beneficiarios del PSG que pierdan los servicios a raíz de las medidas del gobierno y entiendan que tal acción no procede. “Puede haber reducción de servicios, por lo que no uso la palabra limitación porque es un proceso de contrato entre el gobierno y las aseguradoras, y en ese contrato se define lo que se quiere cubrir. Limitación pudiese implicar discrimen”, dijo.
“No cabe duda que las reducciones van a tener impacto a todos los niveles. Creo que a todos nos toca contribuir a esos ahorros”, dijo García.
Precisó que solo hay dos formas de que el gobierno cumpla con los ahorros impuestos por la JSF: reduciendo la cobertura a menos beneficios con los mismos asegurados o los mismos beneficios con menos asegurados, o alguna combinación.
“El que hace buen uso de la tarjeta y le corresponde (el beneficio) no tiene nada que temer, en lo absoluto” WILLIAM VILLAFAÑE secretario de la Gobernación