La experiencia de una alianza con el gobierno
Ejecutivo de Aerostar detalla los retos que surgieron cuando se hizo cargo del aeropuerto Luis Muñoz Marín Apuestan a las APP para aliviar la crisis y mover la economía
En un inicio, se enfrentaron a la oposición por razones de política económica y a la desconfianza en el proceso que resultaba novedoso. Después de todo se trataba del primer aeropuerto en una jurisdicción estadounidense que era pasado a manos privadas con un contrato de arrendamiento.
Para colmo, la alianza público-privada (APP) que otorgaba la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín a la empresa Aerostar se dio en medio de un proceso de transición gubernamental. Muchos de los funcionarios que entraban a liderar el gobierno se oponían, en principio, a la transacción.
“Fue un reto porque la gente no conocía bien la transacción. Había muchos pormenores de la APP que se desconocían públicamente. Pero después que la información salió creo que fueron entendiendo y todo empezó a marchar bastante bien”, recordó el ejecutivo de Aerostar, Varlin Vissepó.
Como estos, fueron muchos los retos que tuvieron que superar en el establecimiento de la APP en el aeropuerto. Sin embargo, afirmó que los resultados de la transacción han sido positivos para todas las partes. En esencia, la APP proveyó de un modelo de negocios que estimula el desarrollo del aeropuerto, el empresarismo y posibilitó estabilidad fiscal de entes como la Autoridad de los Puertos (AP), una de las corporaciones públicas que hace apenas cinco años estaba casi en quiebra.
“Yo creo en el modelo de las APP. No lo digo porque haya funcionado aquí, sino porque también es algo que se ha hecho con éxito en otros países... La inversión privada tiene apetito para este tipo de proyectos. No necesariamente se resuelven todos los problemas pero pueden ser un elemento importante en la solución”, dijo Vissepó.
EL CASO DE PUERTOS.
El acuerdo del arrendamiento del aeropuerto por 40 años estuvo enmarcado en los problemas fiscales de la Autoridad de Puertos (AP), corporación pública que en la primera mitad del 2013 tenía que repagar una buena porción de su deuda pero no tenía los fondos suficientes para hacer el desembolso. Era, en esencia, una situación similar a la que enfrenta el Gobierno central en la actualidad, pero a menor escala.
La operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín dejaba ganancias al gobierno. Sin embargo, se acercaban momentos difíciles.
Las aerolíneas American Airlines y American Eagle, por ejemplo, dejaban sus operaciones. Del mismo modo, las insuficiencias fiscales en la corporación pública poco a poco drenaban la capacidad que se tenía para financiar las operaciones que generaban pérdidas, como la que ocurría en la mayoría de los aeropuertos regionales de Puerto Rico.
COMPLICADO PANORAMA FISCAL.
Para inicios del 2013, la AP tenía deudas que sobrepasaban los $900 millones.
Durante el año fiscal que precedió la transacción, la corporación pública enfrentaba una insuficiencia presupuestaria de $52 millones.
La situación atentaba contra la estabilidad del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que tenía que responder por más de $400 millones en deudas que Puertos no podía pagar y que vencían ese verano. El BGF enfrentaba otras amenazas en ese momento. La mayor consistía en una serie de líneas de crédito sin fuentes de repago que la institución le había concedido a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). El dinero involucrado en esta controversia era unos $2,000 millones, que en su mayoría se usaron para cubrir gastos operacionales.
La transacción con Aerostar, que se vino a concretar a finales de febrero de 2013, aliviaba la situación fiscal de la AP y el BGF. La empresa le daría al gobierno un adelanto de $615 millones, dinero que se usó para cancelar gran parte de la deuda y para pagar por la reestructuración de la corporación pública, gestión que incluyó una ventana de retiro para los empleados de la AP.
MUDANZA DE EMPLEADOS.
Precisamente, el movimiento de los empleados de la AP a la empresa Aerostar fue uno de los problemas que enfrentaron en un inicio.
Tan solo 17 trabajadores de la corporación pública aceptaron la oferta de ser contratados por el nuevo operador del aeropuerto. Esto es menos del 5% de los empleados que ahora mismo tiene Aerostar.
“Nosotros entrevistamos a casi todos los empleados de Puertos que expresaron interés. Algunos vinieron y otros no. Pero entrevistamos a casi todos. Algunos estaban unionados y por eso optaron por no venir porque iban a perder algunos de los beneficios del gobierno... Otros preguntaron del horario (laboral) de ocho horas y se opusieron porque en Puertos trabajaban 7.5 horas. No querían trabajar la jornada completa aunque iban a cobrar más”, relató Vissepó.
Para esos meses, las empresas American Eagle y American Airlines redujeron significativamente sus operaciones en el aeropuerto. En el caso de la última de estas aerolíneas, el centro de operaciones que tenía en Isla Verde fue trasladado a Miami.
Una buena parte del personal de estas empresas fue contratado por Aerostar ya que tenían experiencia trabajando en el aeropuerto.
Para esos días también había mucha oposición pública a la transacción. Antes de que se concretara la transacción hubo muchas marchas, piquetes y protestas. Posterior al aval por la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla y la Administración Federal de Aviación (FAA), hubo mucha resistencia a los cambios que Aerostar quería implantar para aumentar el rendimiento de las operaciones del aeropuerto.
“Había mucha gente quejándose. Era más bien por desconocimiento. Hubo mucha tarea de orientación en ese primer año para orientar a todo el mundo sobre lo que se quería hacer. Desde el primer día tenemos claro que lo que tenemos es un contrato para la operación. Es un arrendamiento, porque la instalación sigue siendo del gobierno”, dijo el ejecutivo.
Por ejemplo, Vissepó recordó que cuando venció el contrato de administración del estacionamiento del aeropuerto, decidieron hacerse cargo de esa parte de la operación. Esto conlleva una transición administrativa que fue resistida hasta el último instante
por la empresa que tenía el contrato vencido y sus trabajadores.
“El día de la transición se opusieron y no querían salir del estacionamiento. Tuvo que intervenir la Policía y todo. Pero eso fue solo un día. Después todo volvió a la normalidad”, afirmó el ejecutivo. LOS BENEFICIOS. Todos estos “contratiempos”, sin embargo, fueron, en cierto modo, vaticinados por la empresa. Por eso, explicó, optaron por asumir un rol proactivo en la comunicación pública, especialmente explicando los alcances de la alianza público-privada.
Por eso, entiende que el impulso de las APP, como busca el gobierno de Rosselló Nevares, puede ser una buena herramienta para aliviar la crisis fiscal del gobierno e impulsar el desarrollo económico.
Con estos acuerdos, los intereses del gobierno se alinean con los del sector privado. En el caso de Aerostar, un aumento en el tráfico de pasajeros en el aeropuerto beneficia a la empresa y a la economía de Puerto Rico.
“También se promueve la inversión de capital. Nosotros en el aeropuerto hemos invertido más de $170 millones en los últimos cuatro años. Se renovaron terminales, se cambiaron los sistemas de equipaje y los puentes de abordaje”, detalló.
“Siempre hay críticas, pero al final de camino creemos que es un modelo que funciona. Hay personas que objetan el acuerdo porque no creen en el modelo económico. Nosotros sí creemos en el modelo y creemos que ha dado resultados”, añadió Vissepó.
“Desde el primer día tenemos claro que lo que tenemos es un contrato para la operación. Es un arrendamiento porque la instalación sigue siendo del gobierno... Siempre hay críticas, pero al final de camino creemos que es un modelo que funciona” VARLIN VISSEPÓ Director ejecutivo de Aerostar