Ojo legislativo sobre las APP
Copresidentes de Comisión Conjunta de las APP dan sus recomendaciones para nuevas alianzas
Los copresidentes de la Comisión Conjunta de Alianzas Público-Privadas de la Legislatura entienden que el gobierno estatal les debe dar prioridad a los acuerdos con el sector privado que ayuden a la producción de energía eléctrica, a la creación de nuevos abastos de agua potable, la administración o construcción de carreteras y el arrendamiento de puertos regionales.
Esto sin contar aquellas iniciativas de desarrollo económico que se pueden dar en zonas de alto potencial, como la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, expresó el portavoz de la mayoría senatorial y copresidente de la Comisión, Larry Seilhamer.
“Estoy personalmente abogando para que se consideren unas APP (Alianza Público-Privada) para el Puerto de Ponce, la autopista (PR-) 52, y la extensión de la PR-22. Y si nos adelantamos a los periodos de sequía que siempre llegan, creo que se debe pensar una APP para el embalse que se ha propuesto para Juncos”, dijo Seilhamer.
El representante Víctor Parés Otero, copresidente de la Comisión, expresó que los proyectos de carreteras y producción energética deben ser los prioritarios debido a graves problemas de mantenimiento en las vías públicos y la delicada situación en que se encuentra la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica.
“Ahora mismo nosotros estamos esperando por que se haga el inventario que la ley de las APP ordena que se haga para los asuntos del gobierno que pueden hacerse APP. A nivel legislativo también vamos a estar mirando las APP que han estado en los últimos años”, dijo Parés Otero.
Específicamente, se refirió al arrendamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín a la empresa Aerostar y la concesión de las autopistas PR-52 y PR-5 a la compañía Metropistas.
Actualmente, la Legislatura no tiene que aprobar los acuerdos entre el gobierno estatal y las entidades privadas. La única función que conservan los senadores y representantes es de fiscalización.
“Nos vamos a asegurar que se está cumpliendo con la ley y con lo que dicen los acuerdos. Es el proceso de rendición de cuentas que tenemos para que lo que se acordó se cumpla”, dijo el representante.
Se supone que para el 31 de marzo, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas presenten el inventario de las instalaciones o servicios gubernamentales que pueden delegarse, mediante acuerdos, al sector privado.