Engordan el fondo para pagarles a los bonistas
Los $146 millones colocados en un fideicomiso en febrero serán parte de la renegociación de la deuda
Los $146 millones que destinó el gobierno para pagar bonos de obligaciones generales “no quedaron en nada” tras la aprobación del plan fiscal, sino que formarán parte del pote de dinero a usarse para la renegociación con todos los bonistas, precisó ayer el gobernador Ricardo Rosselló.
“No se quedó en veremos. Lo que procura la acción que nosotros tomamos es que con los fondos que genera el ‘claw back’, lo sacamos del poder del gobierno y los hemos puesto en (manos) de un fiduciario, garantizándole a los bonistas que ese capital va a ser usado para el repago de los bonos”, explicó el primer mandatario tras visitar a los estudiantes de escuela pública que participan en cursos del Taller de Fotoperiodismo.
Rosselló dijo que el dinero se mantendrá en el fideicomiso mientras se renegocia la deuda de Puerto Rico. “Para que cuando culmine ese proceso de renegociación, pues se pueda utilizar y entonces pagar esos bonos. Así que está ahí. Está accesible para los bonistas. Es parte de lo que se va a utilizar (para pagarles)”, sostuvo.
De esta forma, el primer mandatario pareció referirse a una cuenta “lockbox” o tipo reserva para los bonistas si se llega a un acuerdo entre las partes. El mecanismo de “lockbox” podría ser activado por el gobernador para que los recursos disponibles se depositen en una cuenta bajo la custodia de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
En febrero pasado, Rosselló anunció que unos $146 millones que estaban depositados en el Banco Popular y formaban parte de los llamados fondos del “claw back” serían transferidos a un fideicomiso para pagar parte de la deuda del gobierno con las obligaciones generales (GO’s) garantizadas por la Constitución. Una cantidad idéntica de dinero también fue separada como “claw back” en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por la pasada administración.
Tras la aprobación del plan fiscal era incierto el manejo de los $146 millones. A preguntas de este diario, Rosselló explicó que el dinero, que catalogó como “una cantidad relativamente baja”, “se va a utilizar para la renegociación global de todos nuestros bonos”.
“O sea que no se va a utilizar una cantidad para unos créditos y otra para otros. Se va a coger el número global, toda la cantidad, y utilizaremos ese número para entonces renegociar con todos los créditos”, destacó.
La deuda de Puerto Rico sobrepasa los $60,000 millones. Con la aprobación del plan fiscal, se precisó que en promedio se usarán $800 millones para pagar a los acreedores. Rosselló había propuesto que fueran $1,200 millones.
Ayer, Rosselló dijo que si al gobierno se le asignan fondos federales del Affordable Care Act tendrían dinero adicional para la deuda.
“Si podemos garantizar que, al igual que otros estados, se le va a extender el pago del Affordable Care Act hasta el 2019, 2020... ¿Qué significaría eso para el pueblo de Puerto Rico? Significa que en el primer año fiscal tuviésemos $800 millones adicionales a los que tenemos hoy día. En el segundo año fiscal, tendríamos $1,500 millones adicionales. ¿Por qué esto es importante? Porque ya hemos hecho recortes en las distintas áreas. En la medida que podamos traer esa cantidad e implementarla a nuestro sistema de salud, quiere decir que tenemos más fondos para aplicar a otras áreas”, manifestó.
El plan fiscal no contempló el uso de fondos federales por petición de la Junta de Supervisión Fiscal. Tampoco ofrece detalles sobre cómo se negociará la deuda con los bonistas.
Sin embargo, deja meridianamente claro que la cantidad de dinero disponible para el pago a los bonistas es por mucho más baja que la obligación actual de Puerto Rico. La capacidad de pago es tan baja que incluso el impacto a los bonistas es mayor que los recortes solicitados a la ciudadanía.