Impostergable un plan de eficiencia hospitalaria
Sobrecargado por la alta demanda de servicios, malamente rezagado en el cobro a sus deudores y amenazado con la anticipada pérdida de los fondos del Obamacare, el Centro Médico de Puerto Rico no puede posponer más su reorganización y la redefinición de su
Esa transformación, a la que también lo empuja la crisis fiscal del Gobierno central, debe estar enmarcada en la reestructuración que urge en todo el sistema de salud gubernamental. El Centro Médico de Puerto Rico necesita establer eficientes procesos de cobro, definir criterios para la selección de sus pacientes, y abrirse a alianzas privadas costo-efectivas, entre otras medidas que lo lleven a la solvencia y lo fortalezcan como escuela especializada en medicina.
La institución que por cinco décadas ha ofrecido servicios al País enfrenta un déficit acumulado de $358 millones y tiene deudas por $523 millones.
Las deudas por cobrar de la principal institución que suple servicios médicos terciarios y supraterciarios en Puerto Rico ascienden a $55.9 millones, incluidos $9.3 millones de la reforma de salud y otros $35 millones de instituciones participantes del complejo.
Su financiamiento y el cobro a sus deudores se ve ensombrecido, además, por la inminente sustitución del Affordable Care Act, conocido como Obamacare, cor la nueva política salubrista en Washington, que se anticipa aumentaría los costos de los servicios de salud y limitaría los subsidios.
Ante este cuadro, el Centro Médico, que atiende a la mayor carga de pacientes de la Isla, está obligado a someterse a una cirugía que extirpe sus males y le devuelva cuanto antes la salud fiscal.
Siendo la salud un derecho humano fundamental, el Centro Médico tiene que figurar en la agenda de prioridades del Gobierno, que está enfrascado en un esfuerzo inaplazable por producir sustanciales ahorros e identificar nuevos ingresos. El Gobierno de Puerto Rico está obligado a ahorrar $6,123 millones en diez años en el renglón de la salud.
El Centro Médico no ha recibido recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal, pero este organismo federal creado por la ley PROMESA sigue de cerca los movimientos del Gobierno para cuadrar el presupuesto más precario de los últimos años.
El Centro Médico es el gran hospital de Puerto Rico y la gran escuela de los profesionales de la salud, por lo que precisa de la colaboración de todos los componentes del sector.
Es indispensable reajustar los criterios de admisión y, si fuera necesario, enmendar las leyes que creen conflictos, para evitar que los hospitales privados refieran al Centro Médico a pacientes que ellos podrían atender.
Asimismo, las aseguradoras deben cooperar aplicando celeridad en el procesamiento de pagos por los servicios que sus beneficiarios reciben en el Centro Médico porque ese dinero es necesario para financiar las operaciones de la institución.
Igualmente, Mi Salud, el plan de salud del gobierno y del cual se benefician cerca de 1.5 millones de personas, debe establecer un plan para pagar por los servicios que el Centro Médico les ofrece a sus pacientes.
Por último, y no menos importante, urge que el Gobierno y la empresa privada unan esfuerzos con las aseguradoras para crear conciencia entre los ciudadanos sobre el uso prudente de las salas de emergencia, no solo en el Centro Médico en Río Piedras sino también en los demás hospitales y dispensarios públicos y privados del País.
Mientras más ahorros produzca esa medida, menos necesario será recortar servicios y beneficios para alcanzar las economías que el plan fiscal ha impuesto sobre el Gobierno, lo que se traducirá en mejores condiciones de salud para todos los ciudadanos.