La mayor crisis no es fiscal
En los últimos días, ha aumentado el peligro inminente de que se concretice una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos de la rama ejecutiva del país. Aun cuando el gobierno de turno se ha opuesto por el momento a esta alternativa, las primeras recomendaciones en concreto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para lidiar con la crisis, señalan invariablemente al sector público como uno donde se puede generar economías. Ello ha generado una contraofensiva de varios sectores que cuestionan no solo la recomendación, sino la facultad del ente que la genera, en función del debate eterno que plantea una falta de poderes soberanos en el País.
Las críticas e interrogantes sobre la recomendación de la JSF, para algunos contumaz, de comenzar su gestión en función de que sea el sector público el primero en sacrificarse, trasciende el mero hecho de una reducción de jornada. Hemos visto cómo en el pasado, la Ley 7-2009 y la Ley 66-2014, entre otras legislaciones, han afectado la base conceptual y la función operacional del Gobierno de Puerto Rico. De igual forma, en el País se han debatido desde hace décadas las bondades y las afectaciones de una reducción de jornada laboral gubernamental, ya sea voluntaria u obligatoria.
La pasada administración legisló, a los efectos, una reducción de jornada voluntaria. La presente administración aprobó recientemente la llamada Ley de Empleador Único, allanando el camino para una reducción obligatoria de la jornada laboral. El problema, sin embargo, planteado en este momento crítico, es más serio y su riesgo pudiera ser mayor. Una pregunta surge de toda esta discusión. ¿Cuál es el problema mayor que plantea la recomendación que hace la JSF?
El mayor problema con la recomendación de la JSF es que la misma parte de una premisa equivocada. La mayor crisis del País no es la fiscal. Nuestra mayor crisis es de gobernabilidad, debido a la falta por décadas de un modelo de gobernanza racional que enfrente a una estructura anquilosada, obsolescente, burocrática, centralizada, discriminatoria y altamente partidista.
Ello ha desatado otras crisis, que incluye la fiscal. Con la premisa equivocada de la JSF, que sabemos no le toca la responsabilidad de gobernar, podríamos corrernos el riesgo de atender la crisis fiscal temporalmente y volver a caer en ella en unos años si no atendemos el imperativo categórico de un nuevo modelo de gobernanza para Puerto Rico.
El desafío principal del País no estriba en cuadrar su caja. El asunto principal a atender, reside en replantearnos nuestras bases de administración pública y el desafío de cambio y de transformación organizacional que demanda el sector gubernamental en Puerto Rico. Si ello no ocurre, aumentará el riesgo de que la alternativa propuesta de reducción de jornada laboral, sin ninguna otra consideración, sea un remedio insuficiente y equivocado.
Una reducción a la jornada laboral gubernamental, por sí sola, no atiende la debilidad de un gobierno frágil, inconexo, poco funcional, casi inoperante y a un paso del colapso. Cualquier propuesta de reducción de jornada laboral gubernamental debe venir acompañada de un Plan de Reforma Gubernamental y Estructural, que no es la Ley del Empleador Único.
La reducción de jornada laboral, por sí sola, es un peligroso y riesgoso experimento, el cual nos expone al desmantelamiento de la institución de gobierno y a sus derivados en un sistema político en el cual el Gobierno es el regente principal de la gobernanza.
¡Existe un riesgo latente! ¡Existe un peligro inminente!
“Nuestra mayor crisis es de gobernabilidad, debido a la falta por décadas de un modelo de gobernanza racional...”