Hacerle frente a la impotencia política
Se ha dicho tantas veces que ya se ha convertido en lugar común advertir que Puerto Rico está en crisis. Con una población en franca disminución y con una economía que lleva más de una década contrayéndose podría muy bien concluirse que el país se está desdibujando.
Mientras la base productiva se empequeñece al Gobierno se le reducen sus grados de libertad de operación. Lo atan las obligaciones con una deuda insostenible y con unos sistemas de retiro al borde de la insolvencia, a lo que se suma un déficit presupuestario recurrente, inaccesibilidad al crédito y una serie de corporaciones públicas con profundas dificultades financieras y operacionales. A tales ataduras “objetivas” se añaden ahora los dictámenes de la Junta de Supervisión (Control) Fiscal.
La reciente discusión entre la Junta y el Gobierno giró en torno a los estimados de ingresos y gastos —“sobreestimaciones” y “subestimaciones”— en el marco de una serie de medidas de ajuste fiscal. Ciertamente, debe haber la mayor transparencia sobre tales estimados. No obstante, la discusión pública no puede circunscribirse a los mismos cuando reina la opacidad en otras dimensiones: consecuencias de las medidas fiscales y causas de la crisis económica. Si esto no se atiende es fácil tomar rumbos equivocados.
Los proponentes de la consolidación fiscal —llamada “austeridad”—, unos y otros, deben ser transparentes en relación a las consecuencias de la disminución del gasto público, del desmantelamiento de programas gubernamentales, de las privatizaciones y de la reducción en los campos de educación y de salud, por no hablar de la espada de Dámocles que pende sobre la jornada laboral y las pensiones públicas. Hay que sacar a flote los estimados de menor producción, mayor desempleo, mayor emigración, menor bienestar social y mayor desigualdad. Hasta en la revista trimestral del Fondo Monetario Internacional (“Finance and Development”, junio 2016) se ha puesto en entredicho la tesis de que la consolidación fiscal puede ser expansiva porque aumenta la confianza del sector privado y, por tanto, la inversión. Algunas medidas, con el desempleo y la desigualdad que provocan, han obstaculizado más allá de lo previsto el camino de la recuperación en otras latitudes.
Por otro lado, ya es hora de requerir mayor transparencia cuando de causas se trata. La serie, durante décadas, de diversos enclaves industriales —caracterizados por sus ventajas fiscales, la falta de eslabonamientos con el resto de la economía del País y la remisión de los excedentes hacia el exterior— junto al desbalance estructural, la debilidad empresarial local, las políticas de dependencia y la carencia de capacidades legales críticas, como la imposibilidad de negociar tratados comerciales y proteger selectivamente determinados mercados, explican las insuficiencias económicas y fiscales. Sin una base de desarrollo sustentable no hay esquema fiscal ni deuda que pueda sostenerse.
La reestructuración de la deuda es necesaria. También lo es algún financiamiento puente, hasta ahora cerrado. Pero esto no basta.
Puerto Rico necesita un verdadero plan de desarrollo que no lo condene a ser mero anfitrión de enclaves y que le permita, junto a diversas fuentes de capital externo, formar y movilizar a cabalidad recursos internos. Para ello será condición necesaria la alteración de las bases de su institucionalidad política.
La realidad ha estado diciendo —ahora más elocuentemente que antes— que el País no enfrenta exclusivamente un problema de insuficiencia fiscal o de contracción económica, sino de impotencia política.
Negarlo, temerle al cambio, significa preferir la crisis y condenarse a su recurrencia en lugar de disponerse a la búsqueda que debe mover a todo pueblo.