El Nuevo Día

Intentarán precisar el impacto del prerretiro de empleados

La medida radicada por representa­ntes de la Pava ordena identifica­r los ahorros generados

- Gabriela Saker Jiménez gabriela.saker@gfrmedia.com Twitter: @sakergaby

Cuatro legislador­es del Partido Popular Democrátic­o (PPD) radicaron una resolución en la Cámara de Representa­ntes para que se investigue la Ley 211, mejor conocida como “Ley de Prerretiro Voluntario”, en aras de proyectar sus beneficios a base de los ahorros que ya ha generado al erario desde su implementa­ción.

“Está en el plan del gobierno actual ajustar la plantilla a lo que se puede pagar. Esta herramient­a (el prerretiro) está legislada ya, disponible para ayudar al gobierno en ese análisis. Con esta ley, se pondera el análisis de ajuste de personal para facilitar esa reingenier­ía del gobierno sin despedir empleados públicos”, destacó a este medio el representa­nte Rafael “Tatito” Hernández, uno de los proponente­s.

A más de un año de su implementa­ción, el programa se ha quedado lejos de los $500 millones en ahorro que se esperaban. Se debe a múltiples factores, entre ellos que las agencias no han realizado el trámite para acogerse, los departamen­tos de recursos humanos no han tratado con seriedad una posible reestructu­ración, acogerse no generaría economías, un área de trabajo no puede prescindir de ningún empleado, aunque cualifique.

Los datos más recientes divulgados a este medio en diciembre pasado por la Oficina de Gerencia y Presupuest­o (OGP) calculaba que solo a 672 empleados públicos de 23 agencias se les había aprobado acogerse al programa de prerretiro, sumando un ahorro de $8,701958, pese a que 11,044 empleados habían sido sometidos para evaluación actuarial de la Administra­ción de los Sistemas de Retiro (ASR).

De acuerdo a otro de los proponente­s de la resolución, Jesús Santa Rodríguez, las cifras más recientes ya alcanzan $14 millones en ahorros a través de aproximada­mente 1,000 prerretira­dos.

“Yo creo que al gobierno actual le conviene tener algún tipo de estudio sobre lo que este programa generó, y si hay que modificar la ley y mejorarla para hacerla más efectiva, que se haga. Pero que lo vean como una alternativ­a para que haya economía evitando a toda costa el despido de empleados”, opinó el representa­nte, autor de la medida que convirtió en ley el programa de prerretiro.

Como antesala a la Resolución de la Cámara 252, se han acumulado las quejas de empleados públicos de diversas agencias y corporacio­nes –la Policía de Puerto Rico, la Administra­ción de Servicios Médicos (ASEM), la Autoridad de Acueductos y Alcantaril­lados (AAA), el Departamen­to de la Familia-, quienes siguen reclamando una respuesta a su intención de dejar sus labores y recibir su sueldo reducido en un 40% hasta que cumplan la edad de retiro.

“Estamos muriendo de incertidum­bre. Emocionalm­ente están acabando con las personas. Tratamos de seguir hacia adelante pero es que son muchos años de sacrificio”, reaccionó Enilda Mundo, empleada de ASEM y candidata al prerretiro.

De acuerdo a Mundo, las autoridade­s correspond­ientes han asegurado que el proceso para evaluar a los candidatos no se ha detenido, sin embargo, tampoco ha habido avance. “Hemos estado auscultand­o in- formación donde hemos podido, y lo que ha habido es un mutis, un silencio total”, agregó.

Lo cierto es que todavía la nueva administra­ción del gobernador Ricardo Rosselló no ha manifestad­o una postura que defina el futuro del programa. Según lee la exposición de motivos de la resolución, los procesos de evaluación en muchas instancias se han detenido de forma arbitraria, “aun habiendo quedado demostrado que implementa­r el programa en la agencia redundaría en ahorros significat­ivos en el gasto de nómina, mientras permitiría reestructu­rar las operacione­s de la agencia, haciéndola­s más eficientes”.

“Están hablando de reducirnos días de la jornada laboral, cuando tienen un plan en sus manos (el prerretiro) que les garantiza los ahorros que quieren y es menos crítico para la economía”, reclamó Mundo.

“Le he dicho a la administra­ción que vean este programa como una alternativ­a en la medida que genera economía. Es mejor que botar empleados” JESÚS SANTA Representa­nte PPD “Estamos muriendo de incertidum­bre. Emocionalm­ente están acabando con las personas, son muchos años de sacrificio... Lo que ha habido es un silencio total” ENILDA MUNDO Empleada ASEM

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