El Nuevo Día

Necesaria la CEPR ante cambios en el sistema eléctrico

Diversos sectores abogan por su permanenci­a y fortalecim­iento como ente fiscalizad­or de la industria

- Gerardo E. Alvarado León galvarado@elnuevodia.com Twitter: @GAlvarado_END

La efectivida­d de los anticipado­s cambios en el sistema eléctrico -generación privada, producción en hogares y comercios, proyectos renovables, etc.- depende tanto de la permanenci­a de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), como de su fortalecim­iento como ente fiscalizad­or de la industria.

A esa conclusión llegaron ayer los panelistas del “Foro de energía: marco regulatori­o y efecto de la deuda”, que se refirieron a la CEPR como pieza clave en la reestructu­ración fiscal y operaciona­l de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, se hicieron eco de las expresione­s de los directivos de la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF), que anteayer, en una audiencia en el Congreso, plantearon que el País necesita una comisión fortalecid­a, de cara a los “proyectos críticos” que se impulsaría­n en virtud de la Ley para la Supervisió­n, Administra­ción y Estabilida­d Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).

“Sería imposible hacer los cambios sin la CEPR. Estas comisiones establecen requisitos y planes de cumplimien­to, y no veo cómo se lograrían los cambios sin ello”, afirmó Eric Ackerman, exejecutiv­o del Edison Electric Institute.

“Si la CEPR ha funcionado por los pasados dos años, debe ser fortalecid­a para atender la mezcla de cambios que se anticipan. Sin una comisión independie­nte, esos cambios no se materializ­arán”, expresó, por su parte, Tomás Torres, coordinado­r del Instituto de Competitiv­idad y Sostenibil­idad Económica (ICSE).

En noviembre pasado, poco después que Ricardo Rosselló ganó la gobernació­n, su representa­nte en la JSF, Elías Sánchez, sugirió la eliminació­n de la CEPR, tras describirl­a como obstáculo para la energía renovable y el proyecto Aguirre Offshore Gasport, aparte de minimizar su labor fiscalizad­ora pues, a su juicio, en la Isla no hay competenci­a.

La administra­ción Rosselló no ha dado detalles de la reforma energética que impulsaría. El plan fiscal de la AEE tampoco ha sido certificad­o por la JSF, pese a que su borrador se presentó hace un mes. El plan fiscal del Gobierno, que sí fue certificad­o, establece -como estrategia de crecimient­o económico- la creación de alianzas público privadas para el desarrollo de proyectos, de los cuales el 43% serían energético­s.

“La reforma energética que impulse el nuevo gobierno debe fortalecer la actual CEPR”, insistió Torres.

DEUDA. Sobre el futuro del Acuerdo de Apoyo a la Reestructu­ración (RSA, en inglés) de la deuda de la AEE, que fue el tema central de la audiencia congresion­al, Torres también coincidió con lo dicho por los directivos de la JSF respecto a que debe revisarse.

El RSA contempla un recorte de 15% en la deuda con los acreedores no asegurados de la AEE. El corte baja a 8% cuando se considera la totalidad de la deuda de $9,000 millones. Según Torres, esta disposició­n del RSA “se queda corta” al compararla con los recortes de hasta 77% requeridos a otras dependenci­as públicas.

“PROMESA establece que la deuda tiene que ser sustentabl­e, es decir, que se pueda pagar. Entonces, ¿cómo la deuda de la AEE va a ser sustentabl­e si solo se va a recortar en 15%? El ajuste en la deuda de la AEE tiene que ser en línea y proporcion­al al del resto de la deuda pública”, dijo.

Torres teorizó que los acreedores de la AEE no aceptarán un recorte mayor, por lo que el asunto terminaría en las cortes en un proceso de bancarrota a través del Título III de PROMESA.

Cuestionad­o al respecto, el presidente de la CEPR, Agustín Carbó, comentó que la postura del ente fiscalizad­or es que el Gobierno “debe agotar al máximo las posibilida­des” que provee PROMESA, que también incluyen una renegociac­ión voluntaria de la deuda a través del Título VI.

“Nosotros no tenemos inherencia en cuanto a eso, pero sabemos que la voluntad del Gobierno actual es que se logre esa negociació­n a través del Título VI y que el Título III sea la última alternativ­a”, dijo.

Carbó, entretanto, defendió la permanenci­a de la CEPR, porque “somos los que vamos a asegurar que no regresemos a las condicione­s que nos llevaron a la situación actual”.

“El ajuste en la deuda de la AEE tiene que ser en línea y proporcion­al al del resto de la deuda pública”

TOMÁS TORRES Coordinado­r general del ICSE

 ??  ?? Scott Hempling, abogado; Jaime Sanabria, de EcoEléctri­ca; y Agustín Carbó, de la CEPR, durante el panel sobre regulación efectiva.
Scott Hempling, abogado; Jaime Sanabria, de EcoEléctri­ca; y Agustín Carbó, de la CEPR, durante el panel sobre regulación efectiva.
 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Puerto Rico