Expresidenta argentina enfrentará juicio
Cristina Fernández es acusada por supuestas irregularidades en el mercado de cambio
BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá enfrentar un juicio por las supuestas irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.
El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa en la que la exmandataria (2007-2015) está acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, informó ayer el Centro de Información Judicial. Todavía debe definirse la fecha en que un tribunal federal iniciará las audiencias.
El juez considera a la expresidenta partícipe de una maniobra mediante la cual el Banco Central ofreció a fines de 2015 dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77,000 millones de pesos (unos 4,929 millones de dólares al cambio actual).
En una resolución judicial, Bonadío destacó como factible la sospecha de un fiscal federal de que Fernández y su ministro de Economía “pergeñaron la maniobra y dieron las instrucciones para que fuera implementada” y que “los miembros del Directorio del Banco Central activaron los resortes necesarios para comenzar su ejecución, acelerando la venta de contratos de futuros de dólar a valores inferiores que los de mercado”.
El delito imputado a Fernández contempla penas de hasta seis años de prisión.
La exmandataria ha denunciado que varios funcionarios del actual gobierno del presidente Mauricio Macri participaron de esa operatoria y resultaron beneficiados por la fuerte devaluación del peso dispuesta por su sucesor pocos días después de asumir el 10 de diciembre de 2015.
Fernández también es investigada por Bonadío por supuesto lavado de dinero y por haber presuntamente recibido sobornos de empresarios. Además, el juez federal Julián Ercolini la procesó junto a dos exfuncionarios por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
La exmandataria sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por el poder político.