El País merece honestidad, gobernador
Fue impresionante ver el desempeño del gobernador frente al Congreso el miércoles. Aunque él pudo haberse proyectado más pulido que García-Padilla, también fue más deshonesto.
Una y otra vez, Rosselló aseguró a los miembros del Congreso (y a su propio pueblo) que su máxima prioridad era trabajar para llegar a acuerdos y soluciones con los acreedores de Puerto Rico para evitar años de costosos e inciertos litigios. Un hecho crítico que durante su testimonio el joven gobernador convenientemente olvidó mencionar es que ni él ni nadie de su administración ha demostrado nunca un esfuerzo de buena fe para negociar con los acreedores hacia uno de estos acuerdos consensuales de reestructuración. Esto es cierto en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al igual que con otros bonos importantes que suelen tener los inversionistas y cooperativistas puertorriqueños, como COFINA.
En cuanto a la AEE, para aquellos que escucharon atentamente al gobernador, el mensaje fue inconfundible: va a romper el acuerdo que el gobierno y la Autoridad han pasado tres años adelantando con los acreedores porque tiene la intención de lanzar a la AEE a una reestructuración bajo el Título III donde todas las cartas están sobre la mesa, incluyendo los acuerdos laborales, las pensiones, entre otras cosas que al gobernador se le olvidó mencionar.
Pongamos esto a un lado por un minuto si es posible —bajo el Título III, o cualquier otro marco legal. El verdadero problema para el pueblo de Puerto Rico es el daño que esta imprudente estrategia infligirá sobre la Isla.
Por un lado, la estrategia de Rosselló socavaría gravemente la credibilidad de Puerto Rico ante el Congreso en una coyuntura crítica cuando el mismo gobernador está tratando de obtener apoyo económico adicional para programas como el de Medicaid. Empujar a la AEE hacia un procedimiento de Título III es un claro abuso de PROMESA, y al Congreso generalmente no le gusta cuando los políticos ignoran la legislación aprobada para ayudarles.
En segundo lugar, un colapso del acuerdo de la AEE conducirá a litigios prolongados que le costarán millones a la AEE en servicios legales y en diversas asesorías adicionales, impidiendo que la Autoridad modernice sus plantas, equipos de distribución, diversifique su producción de energía, lo cual desesperadamente necesita hacer. Como confirmó en la audiencia el ejecutivo de Excelerate Energy, su empresa no podrá continuar con la construcción del nuevo puerto de gas en Aguirre hasta que la AEE llegue a un acuerdo con sus acreedores. Lo mismo es cierto para todos los otros grandes y gloriosos esquemas de revitalización de la AEE que el gobernador ha discutido. Simplemente no son realistas hasta que la Autoridad ponga en orden las finanzas de su casa. No se puede construir un nuevo hogar hasta tener una zapata estable.
En tercer lugar, y lo más preocupante, el gobernador simplemente no está siendo honesto sobre las gravísimas consecuencias que conllevaría no ejecutar el acuerdo de la AEE. Si el acuerdo actual se descarta, la Autoridad se verá obligada a imponer un aumento sustancial e inmediato al cargo que pagan los consumidores y los negocios para evitar una crisis en su liquidez. De lo contrario se enfrentaría a la posibilidad muy real de interrupciones continuas en el servicio porque no tendrá suficiente dinero para comprar combustible. Los apagones selectivos en el servicio eléctrico podrían ocurrir en los próximos 60 a 90 días.
¿Por qué el gobernador podría estar actuando tan precipitadamente con una agencia gubernamental tan vital para la vida de los puertorriqueños? Una respuesta podría ser el poder político de los suplidores de la AEE en la Isla (incluidos algunos de los miembros de la poderosa Asociación de Industriales de Puerto Rico) los cuales se han beneficiado durante años con jugosos contratos por encima de precios del mercado a expensas de lo que los consumidores le pagan a la AEE.
Sea cual sea el caso, la retórica de la nueva administración no coincide con la realidad. La voluntad del gobernador de descartar el acuerdo de la AEE está en conflicto con sus metas declaradas de una reforma energética y soluciones razonables con los acreedores. Más allá del acuerdo, es la credibilidad del gobierno e incluso la seguridad de los ciudadanos de Puerto Rico quienes están en última instancia en riesgo si el acuerdo es descartado. Los puertorriqueños merecen un relato más honesto de la situación y las consecuencias de parte de su gobernador.