Policía no hace pruebas de dopaje ni de salud mental
El cuerpo policial evaluó a un porcentaje mínimo de sus empleados y oficiales
A cerca del 90% de los miembros y empleados de la Policía no los sometieron a pruebas para detectar el uso de sustancias controladas ni pruebas psicológicas durante los últimos tres años y medio, reveló una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
Aunque por disposición reglamentaria se supone que los empleados y oficiales de la Policía se sometan a una prueba de dopaje una vez al año, entre el 2013 y el 2016, la agencia solo le hizo pruebas a entre el 8% y el 12% de los miembros y empleados de la Policía, detalla el informe de la auditoría, que la OCPR publicó ayer.
Durante los últimos tres años, la agencia tuvo entre 14,234 a 14,880 empleados, pero solo realizó 6,062 pruebas de dopaje en ese mismo periodo.
Los hallazgos de la auditoría, que revisó las operaciones entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2016, se divulgan justo cuando se ha informado que existe una pesquisa sobre corrupción policial y que, entre otras cosas, abarcaría el supuesto uso de betendente bidas alcohólicas en horas de trabajo por miembros de la fuerza policial.
“La situación comentada le impide a la Policía tener una certeza de que sus funcionarios y empleados conservan los parámetros establecidos al momento de ser reclutados”, señala el informe como uno de los efectos que tiene la omisión de estas pruebas.
Como solución a la situación, en su contestación a la OCPR, la superin- Michelle Hernández dijo que enmendarían el reglamento sobre el programa para la detección de sustancias controladas para que esté acorde a la norma establecida para el resto de los empleados públicos. A diferencia del de la Policía, que obliga a hacerla anualmente, el reglamento de dopaje para los empleados del gobierno no impone términos para hacer esta prueba.
El informe indica, además, que entre el 2011 y el 2016, la agencia solo administró pruebas psicológicas a entre el 3% y el 11% de su personal. Por disposición de ley, el el Superintendente tiene la facultad para exigir al personal de rango y clasificado la aprobación de un examen psicológico, por lo menos, cada tres años.
La Oficina del Contralor también halló fallas en las evaluaciones de personal, deficiencias en los expedientes de los empleados, entre otros hallazgos relacionados con el Negociado de Recursos Humanos.
Entre esas deficiencias estuvo la otorgación de seis contratos entre el 2013 y el 2015 para realizar funciones similares a las que podían hacer empleados por un salario menor a lo pagado a los contratistas por sus servicios.
“En estos seis contratos por $277,920, la retribución anual asignada al contratista fue entre $1,200 y $26,376, mayor a lo establecido en el Plan”. indica la OCPR.
Asimismo, en el informe de auditoría, que tiene 11 hallazgos, se recomienda al Secretario de Hacienda que tome acciones porque la Policía no declaró el pago de $13.5 millones por tres contratos que otorgó del 11 de julio de 2011 al 14 de noviembre de 2013.