Prudencia en la venta de activos gubernamentales

La venta de propiedades públicas en desuso es ciertamente una alternativa para allegar fondos adicionales al fisco, pero las transacciones deben realizarse a la luz de parámetros rigurosos que protejan los intereses de Puerto Rico, y dentro del marco de l

Es de conocimiento general que el Estado carece de capital para administrar y mantener muchos de esos haberes o usarlos para fomentar la actividad económica. En cambio, invirtiendo en estos bienes, el sector privado puede comenzar a asumir su papel protagónico en el desarrollo del País y en la creación de empleos. Así libera al sector público de una tarea que, en primer lugar, no le corresponde y que, además, se ha convertido en un peso que no ya no puede cargar.

De ese fin se debe asegurar el Gobierno, así como de obtener los mejores precios de mercado para los bienes de los que disponga.

Estipuladas dos cosas: la situación de iliquidez que atraviesa el País, y la conveniencia de vender propiedades del Gobierno para allegar nuevos fondos, lo siguiente es valorar el inventario disponible y escoger cuidadosamente aquello que, por su naturaleza y los insostenibles gastos de mantenimiento, debe salir de la órbita pública.

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, ha identificado propiedades sin uso y que no generan ingresos. Muchas de ellas se han deteriorado, pese a los cuidados de jardinería o corte de maleza. Se trata de edificios o parcelas bien ubicadas y que, adecuadamente utilizadas, deben rendir considerables beneficios.

El antiguo Edificio Sears, contiguo al Centro Judicial de Hato Rey, o la Parcela B de la Estación del Tren Urbano, en la parada 26, son buenos ejemplos de propiedades enclavadas en el corazón de la ciudad, con gran potencial residencial o comercial. Lo mismo ocurre con la parcela llamada Codremar, en Puerta de Tierra, zona donde también están a la venta las que una vez fueron instalaciones de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la necesidad por allegar dinero rápido a las arcas públicas y la imposibilidad de mantener estos edificios y fincas no implican renunciar a transacciones razonables que bien representen el interés el pueblo.

El Municipio de San Juan también se propone vender o alquilar varios inmuebles, como parte de su estrategia para enfrentar los recortes fiscales. En diciembre, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz reveló que el estacionamiento Doña Felisa Rincón, en el Viejo San Juan, había pasado a manos privadas, cuando ya la venta era un hecho consumado. Es importante que se comparta con el País la información y se le explique con anticipación a la gente lo que se va a vender y por qué.

Por otro lado, ante tanta propiedad vacía, reiteramos que no hay razón para que el Gobierno siga pagando millones de dólares anuales en el alquiler de edificios privados. Como parte del plan de transformación fiscal, y enmarcado en el estado de emergencia que vivimos, la prioridad es ahorrar. En la medida en que sea viable, las oficinas públicas deben ubicarse donde no haya que pagar alquiler. El dinero de esos alquileres puede entonces invertirse en la salud, la educación o la seguridad.

La transparencia, una vez más, es la clave para que todo fluya en orden y el País se sienta respaldado. La venta de activos por parte del BGF, el Municipio de San Juan o cualquier otra entidad, tiene que ir acompañada de trámites precisos, que no levanten ningún tipo de suspicacia, ni sombra de corrupción.

Estas propiedades en su día tuvieron un alto costo y se levantaron a fuerza de mucho sacrificio. Pero ahora, cuando el País está obligado a preservar lo esencial y escoger entre lo que es prescindible y lo que no, hay que actuar con madurez.

Este desprendimiento de propiedades inmanejables es parte del necesitado y lógico proceso de la evolución de los respectivos roles de los sectores gubernamental y privado.