Poco dinero para reestructurar
El Plan Fiscal solo contempla un pote de $370 millones para reformar el gobierno
La reestructuración del gobierno podría costar en los próximos 10 años unos $370 millones, cantidad con la que se tendrían que hacer las mejoras a los métodos de fiscalización del Departamento de Hacienda, así como las consolidaciones, fusiones y procesos nuevos en el organigrama gubernamental.
La suma, que aparece estimada como parte de las premisas contenidas en el Plan Fiscal certificado a mediados de este mes, se podría quedar corta si se toma en cuenta que sólo los proyectos informáticos de interconexión entre los sistemas de Hacienda costaron poco menos de $40 millones en el 2016.
Precisamente, según lo que establece el Plan Fiscal, el gobierno tendrá en la próxima década un promedio de $37 millones anuales para digitalizar sus sistemas, interconectarlos, crear nuevos centros informativos, cubrir aspectos legales, readiestrar al personal bajo el sistema del empleador único, educar a la población, ceder servicios gubernamentales al sector privado y privatizar servicios.
A la larga, sin embargo, la expectativa es que esa reestructuración genere ahorros estimados en $641 millones. A esto se le podría añadir un aumento de $150 millones en recaudos del gobierno que proyecta el plan por las mejoras en la capacidad de fiscalización del Departamento de Hacienda.
“Ahora mismo, nosotros le estamos dando prioridad al área de informática, máxime por los problemas que tuvimos recientemente con el sistema (Unificado de Rentas Internas, SURI). Esa es una de las áreas que discutimos aquí”, dijo Raúl Maldonado, secretario de Hacienda.
“Estamos conscientes de que podríamos necesitar más, pero creo que con los ahorros que se están generando y los fondos federales que están disponibles para este tipo de iniciativas, se podría cubrir lo que necesitamos”, añadió.
OTROS INTENTOS. Esta no es la primera vez que se intenta cambiar la forma en que opera el gobierno con la intención de reducir los gastos operacionales o mejorar la estructura jerárquica gubernamental. Por ejemplo, en la década de los años 1990, se crearon los llamados departamentos sombrilla en un intento por unificar asuntos administrativos y facilitar la información entre agencias con funciones similares o complementarias.
Posteriormente, se desarrollaron otros proyectos. Por ejemplo, durante la administración del gobernador Luis Fortuño, se unificaron administrativamente gran parte de las procuradurías y se reorganizó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, entre otras iniciativas. Durante el cuatrienio siguiente en el que gobernó Alejandro García Padilla, se fusionó, por ejemplo, la Compañía de Parques Nacionales con el Departamento de Recreación y Deportes y se intentó unir los principales sistemas de transporte público bajo la misma autoridad sombrilla.
Sin embargo, muchas fusiones recomendadas por el Ejecutivo no tuvieron el aval legislativo. El argumento principal era que, aun cuando se unificaran funciones, no se generaban ahorros significativos como para motivar la iniciativa.
“Ese análisis de los ahorros ha sido bien problemático porque es muy difícil cuantificar el ahorro en las agencias cambiando su estructura. En realidad, los ahorros se hacen reduciendo gastos como los de la nómina, los arrendamientos, los contratos, y no se hacen cambiando el organigrama. Uno puede cambiar el organigrama, pero si la operación no se altera y el contenido es el mismo, no se logra mucho”, dijo el senador popular José Nadal Power, quien dirigió la Comisión senatorial de Hacienda el pasado cuatrienio.
Sin embargo, la diferencia ahora es que muchos de los cambios que se proponen para el gobierno están incluidos en el plan certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el documento que regirá por los próximos 10 años el manejo de las finanzas de Puerto Rico.
PROPUESTAS DEL PLAN. En el documento se establece, por ejemplo, que Hacienda obtendrá herramientas de “análisis avanzado” que permitirían identificar casos de posible evasión tributaria usando la información de los contribuyentes que tienen otras agencias del gobierno. Del mismo modo, para poder regular los gastos y desembolsos, se propone establecer un sistema centralizado que pueda verificar a tiempo real el volumen de gastos que ha hecho cada agencia y que permita coordinar los ingresos y los desembolsos para evitar los sobregiros.
Actualmente, los sistemas de contabilidad de las agencias no son compatibles con los entes gubernamentales que lideran los temas fiscales como el propio Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
También en el Plan Fiscal se exige el establecimiento de un sistema electrónico que le permita al gobierno recibir el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) inmediatamente después de que se hace una transacción comercial con una tarjeta de crédito o débito.
Del mismo modo, se contemplan cambios legales para promover que los contribuyentes cumplan con el pago del IVU por los artículos que compran a través de internet. Actualmente, solo las empresas con presencia física en Puerto Rico tienen la responsabilidad legal de recaudar el tributo y enviárselo a Hacienda.
“Esto es algo que se supone que las personas paguen ahora mismo y lo que buscamos es que se cumpla”, dijo Antonio Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja.
La política pública de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha sido de promover la consolidación de agencias, delegación de funciones al sector privado y el arrendamiento o la venta de instalaciones del gobierno.
La única iniciativa concreta de reorganización de agencias, hasta el momento, consiste en la consolidación administrativa de los departamentos que atienden temas de seguridad como la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses y el Cuerpo de Bomberos, entre otros.