Grave incumplimiento con pruebas en la Policía

Las serias deficiencias en el examen periódico de los recursos humanos en la Policía acusan una situación inaceptable que debe corregirse con sentido de urgencia, dotando al cuerpo de herramientas que le ayuden a cumplir con parámetros adecuados para real

La lucha contra las drogas, que tanta muerte y desolación causa en todo el País, requiere de una política vigorosa cuyo cumplimiento debe comenzar en la Policía, pero se ha visto retada por patrones de violaciones de los derechos civiles por parte de agentes estatales, documentados en el informe de 2011 que dio paso a un proyecto de reforma todavía en progreso.

Resulta inadmisible, por lo tanto, que la Policía de Puerto Rico incumpla con su obligación legal y moral de efectuar pruebas de uso de drogas y psicológicas a su personal, como refleja un informe de la Oficina del Contralor que examinó datos de 2013 a 2016. El reporte revela que la Policía saltó tal disposición reglamentaria con el 90% de sus uniformados y otros empleados, que por disposición reglamentaria, deben ser examinados anualmente.

Ante estos graves señalamientos es cuestionable la respuesta de la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley.

En lugar de comprometerse a cumplir con las normas, establecidas con miras a prevenir que el uso de drogas y de condiciones mentales afecte el desempeño de los agentes, Hernández de Fraley anticipó que enmendaría el reglamento para eliminar la periodicidad compulsoria de las pruebas, uniformando así a los policías con los demás empleados del gobierno.

No parece percatarse la Superintendente de la seriedad del señalamiento de la contralora, Yesmín Valdivieso. La función principal de la Policía es velar por la seguridad ciudadana, hacer cumplir las leyes y realizar investigaciones, algo que no aplica con igual fuerza al resto de los servidores públicos, y nada puede justificar que no cumpla con renglones tan susceptibles de su normativa. Si la razón fuera presupuestaria, ya que el pasado se ha planteado que las pruebas son costosas, es importante garantizar fondos para esos fines, como parte de la revisión presupuestaria de este año, para evitar la repetición de males del pasado. Hay múltiples ejemplos de cómo los gérmenes de la corrupción, la violencia y la ilegalidad se han propagado fácilmente ante las debilidades que afloran cuando hay adicciones, condiciones mentales no diagnosticadas, ni tratadas y se impacta la templanza que demandan los cargos cruciales para la seguridad ciudadana.

El monitor federal de la Policía, a cargo de velar porque la reforma llegue a feliz término, debe también tomar cartas en el asunto. La coordinación con otras agencias gubernamentales para apoyar el gran esfuerzo que requiere la detección de sustancias ilegales y de padecimientos emocionales y mentales entre los agentes también es importante y todos están llamados a decir presente para que el cuerpo se ponga al día en su responsabilidad.

En 2013, por ejemplo, la Policía tenía 14,880 empleados, incluyendo los civiles, y realizó las pruebas de drogas que son obligatorias anualmente a apenas 1,182, para un 8 por ciento.

En el caso de las pruebas psicológicas, que todo superintendente tiene facultad legal para ordenar por lo menos cada tres años, solo el 3% de los policías y empleados de la agencia las tomaron en 2015 y 4% en 2016. El 10% las había tomado en 2013 y el 11% al año siguiente.

Los números citados son crudos y por eso es imprescindible que los policías, que están en la primera línea de combate, estén libres de drogas y sanos mentalmente. Realizarles las pruebas según lo dispone la ley es la única manera de comprobarlo.

Se trata de una responsabilidad indelegable porque en sus manos están, muchas veces, la salud y la vida de los ciudadanos.