LA AEE LOGRA MÁS TIEMPO PARA PAGAR SU DEUDA
La corporación y sus acreedores acordaron elevar a ocho años la moratoria en el pago del principal El aumento de tarifa sería de 1.98 centavos y no de 3.10 centavos por kilovatio hora como se había anticipado
El Gobierno anunció ayer que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus acreedores llegaron a entendimientos preliminares respecto a los cambios al Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) vigente, que aumentan de cinco a ocho años la moratoria en el pago del principal de la deuda, pero mantienen en 15% el recorte a esa obligación.
Al comunicar lo que llamó un “acuerdo en principio”, el gobernador
Ricardo Rosselló estimó que los nuevos términos del RSA supondrían ahorros de $2,200 millones en pagos de servicio de deuda entre 2018 y 2022, comparado con las condiciones originales. Indicó, asimismo, que los cambios representarían $1,500 millones adicionales en ahorros, respecto a lo negociado por la pasada administración con Lisa Donahue, de AlixPartners International.
Rosselló también dijo que el acuerdo revisado resultaría en ahorros al cargo de transición de los clientes de la AEE, de 36% para el período entre 2018 y 2022. Esto significa que el cargo de 3.10 centavos por kilovatio-hora (kWh) aprobado por la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) ahora sería de 1.98 centavos por kWh. Este cargo empezaría a cobrarse una vez la AEE logre la emisión de bonos bajo el mecanismo de titulización (“securitization”), que lleva postergándose desde finales del año pasado.
Aunque el cargo de transición supone un aumento en la tarifa de luz, Rosselló afirmó que con los nuevos términos los abonados verán, en promedio, una reducción de $90 anuales, por cinco años, en su factura. En otras palabras, el alza tarifaria sería menor a lo proyectado.
De la comunicación oficial enviada por La Fortaleza no se desprende qué pasaría a partir de 2023 con los ahorros en pagos en servicio de deuda, ni la reducción en el cargo de transición. Voces externas al Gobierno advirtieron, sin embargo, que ambas cosas podrían esfumarse. La Fortaleza sí dejó claro que los términos del acuerdo se están revi-
sando, pero no han sido aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La Junta de Gobierno de la AEE tampoco los ha avalado, por lo que no son finales.
A fin de proveer el tiempo necesario para “completar la documentación requerida”, el RSA se extendió hasta el próximo jueves, 13 de abril. En ese tiempo deberían conseguirse las validaciones de la JSF y la Junta de Gobierno de la AEE.
Los acreedores de la AEE que participaron en las negociaciones fueron el Grupo Ad Hoc de Bonistas, los proveedores de las líneas de crédito de combustible, las aseguradoras monolínea y el Banco de Desarrollo Económico. La AEE estuvo representada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
“PASOS NECESARIOS”. Rosselló sostuvo que los cambios están diseñados para permitirle a la AEE tomar los “pasos necesarios” para modernizar sus operaciones e implantar la política pública energética de su administración. Esa política pública incluye la atracción de nueva inversión privada, principalmente para generación, y los programas de alianzas público privadas.
“Recordarán que se impulsaba, por distintas vertientes, que el acuerdo previo no se podía mejorar, que era la única alternativa para Puerto Rico, y nosotros insistimos en la negociación de buena fe. Llegamos a esos acuerdos y, no tan solo se tiene ese ahorro, sino que el impacto al consumidor es casi 40% menos”, dijo Rosselló desde el Muelle Panamericano II de San Juan, donde anunció un acuerdo con una empresa de cruceros.
“(El nuevo RSA) está vinculado con una transición ordenada en la operación de la AEE, para que no solamente sea un acuerdo financiero, sino que podamos hacer los cambios que necesita en términos de generación, transmisión y de todo su andamiaje. Hemos logrado un acuerdo en menos de 100 días que, comparado con el acuerdo que había trabajado Lisa Donahue con las decenas de millones de dólares que se invirtieron en ello y que no llegó a ningún resultado, tenemos un ahorro adicional de $1,500 millones para el pueblo de Puerto Rico”, agregó.
Por su parte, el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela, expresó que la transacción representa “el primer paso en la reestructuración comprensiva” de la deuda de Puerto Rico, que ronda los $69,000 millones. Precisó que esa dependencia fue asesorada por Rothschild & Co., como asesor financiero, Bank of America Merill Lynch, como banco de inversión, y Greenberg Tauring, como asesor legal. El director ejecutivo de la AEE, Ricardo L. Ramos, refirió una petición de entrevista a la AAFAF.
Mientras, el presidente de la Junta de Gobierno de la corporación pública, Luis Benítez, se limitó a felicitar al gobernador y su equipo de trabajo, “porque el norte de nosotros siempre ha sido mejorar los acuerdos”.
Añadió que los cambios anunciados ayer fueron posibles “gracias” a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), que provee herramientas adicionales de negociación.
Fuentes de El Nuevo Día allegadas a la transacción destacaron como “logro” que los nuevos términos del RSA se acordaron –aunque de manera preliminar– antes del 1 de mayo, cuando vence la congelación de los pleitos legales asociados a la deuda de Puerto Rico, según dispuesto en PROMESA. De no haber sido así, la AEE pudo haber quedado expuesta a demandas de cobro y, en última instancia, a que la JSF solicitara el Título III de PROMESA, que establece un proceso de bancarrota territorial. “POSPONER EL GOLPE”. En opinión del economista Vicente Feliciano, el anuncio de ayer lo que hace es “posponer el golpe” al bolsillo de los abonados, porque se alargó la vida de la deuda de la AEE, pero su reducción no cambió respecto al acuerdo original.
“Si no cambió el recorte ni la tasa de interés, lo que se está haciendo es posponiendo pagos. El golpe no se está aminorando”, dijo Feliciano. Con él coincidió el ingeniero Tomás
Torres, coordinador del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), quien declaró que “posponer pagos no trae alivio, no resuelve nada”. Insistió en que el recorte de la deuda sea “mucho mayor”, para que bajen las tarifas y haya crecimiento económico.
Feliciano y Torres denunciaron, además, que el Gobierno ha sido poco transparente en la divulgación de los nuevos términos del RSA. Ambos reaccionaron solo con la información disponible en un comunicado de prensa, pues no se divulgó ningún otro documento oficial.