Innecesario cierre de oportunidades en la UPR
La paralización indefinida de Universidad de Puerto Rico, decretada por un frente estudiantil, implica el cierre al diálogo constructivo en la búsqueda de soluciones al problema fiscal universitario, y arrebata a la institución la oportunidad de asumir el
El movimiento de huelga que por lo pronto abarca a ocho de once recintos, prácticamente coloca en las manos del Gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal la toma de decisiones en torno a la UPR. Lo sabio, lo prudente y lo patriótico sería que las propuestas de ajuste presupuesto requeridas por la Junta partan de la propia comunidad universitaria.
Central a este proceso es comprender que el Gobierno en crisis no está en condiciones de seguir aportando a la Universidad hasta $900 millones al año, más dineros provenientes de asignaciones especiales y juegos de azar, entre otros, y que esta realidad fiscal no permite exonerar al centro de educación superior de su cuota de recortes.
El discurso de la paralización universitaria se arrincona en el callejón sin salida de las exigencias, y rechaza de plano cualquier recomendación de alza en los costos de matrícula, obviando el pedido histórico de adoptar un sistema de matrícula ajustada a los ingresos reclamados en los conflictos huelgarios desde la década de 1970. Pero no es factible mantener intactas las exenciones de matrícula y el presupuesto. Es de notar que la Junta le dio a la UPR tres años para hacer economías de $450 millones, mientras que las demás dependencias tienen que hacer sus ajustes en dos.
Las condiciones impuestas para reabrir los portones a la comunidad levantan interrogantes de hasta cuándo la Universidad podrá seguir pagando salarios y beneficios a profesores y a empleados no docentes que no están rindiendo labores, y en qué medida se pueden afectar las acreditaciones de los programas y el desembolso de las becas federales, entre otras importantes repercusiones.
Aun cuando pueda argumentarse que la clausura del centro de estudios es tan solo un método para ejercer presión sobre la Junta y el Gobierno, para miles de estudiantes esto no es juego. La interrupción de la actividad académica acarrea el riesgo real de perder el semestre o tener que extenderlo durante el verano. Con ello se afrontan retrasos, tan indefinidos como el paro, en los planes de graduación o de entrada al mercado laboral y el ingreso a otras universidades para proseguir estudios post graduados. Del lado de los padres está, además, la pérdida de los recursos ya invertidos en la educación de los hijos, justo cuando cada dólar cuenta.
La Universidad del Estado tiene una misión importantísima en la sociedad y el desarrollo de nuestra economía. Es precisamente por ello que insistimos en que esta innecesaria huelga le da la espalda a la realidad fiscal que castiga a otros grupos poblacionales altamente vulnerables, como los médico indigentes que dependen del plan gubernamental para servicios médicos y los pensionados. Ellos están expuestos a la peor suerte y no tienen a su alcance, como sí lo tiene la UPR, ampliar áreas de oportunidad en la comercialización de sus investigaciones y la prestación de servicios, por mencionar algunos con que podrían aumentar sus ingresos propios.
La clave está propiciar el uso productivo de las grandes mentes universitarias.
Es demasiado arriesgado perder de perspectiva que, en este momento crítico, la UPR tiene que creer en sí misma y actuar. Como hemos señalado anteriormente, la verdadera autonomía radica en su sostenibilidad y en la eficiencia, lo cual incluye la máxima transparencia y el uso adecuado de los recursos. Por eso las autoridades deben realizar una investigación abarcadora que arroje total claridad sobre los hechos relacionados con las alegaciones de irregularidades con el Programa de Becas Presidenciales.
Liberarse de la total dependencia fiscal del Gobierno, como todo acto de libertad, conlleva responsabilidades, con los estudiantes, la Universidad y el País.