El Nuevo Día

Gasoducto sigue succionand­o fondos públicos

Cientos de tubos permanecen en un terreno arrendado por la AAA en Ponce y podrían ser vendidos como chatarra

- Melisa Ortega Marrero Especial El Nuevo Día

Q Hace más de ocho años, el gobierno apostó a ellos como piezas fundamenta­les de un proyecto energético que nunca se concretó y por el que el País ha tenido que pagar millones de dólares.

Hoy, cientos de los tubos que hubiesen dado vida al Gasoducto del Sur –cada uno de los cuales costó cerca de $2,500– permanecen a la intemperie, ajenos a la atención pública, en un terreno cercano a la zona portuaria de Ponce.

De acuerdo con la página del Contralor, del 27 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2017, la Autoridad de Acueductos y Alcantaril­lados (AAA) pagó a la Junta Administra­tiva del Muelle de Ponce $269,400 –lo que se traduce en $4,490 al mes– por el arrendamie­nto del solar. Este desembolso se suma a los $14,270 mensuales que, por varios años, la AAA pagó a la Corporació­n de Desarrollo de la Zona Libre de Ponce, conocida como Codesol, por el almacenami­ento de otra cantidad indetermin­ada de tubos.

En 2014, las casi 4,000 piezas –con las que se pretendía llevar gas natural a través de 42 millas de Peñuelas a Salinas– fueron colocadas a la venta. Sin embargo, al día de hoy, 1,181 permanecen abandonada­s en tierras ponceñas, sin que la AAA le encuentre algún tipo de utilidad.

El gasoducto fue cancelado en el 2009 por el entonces gobernador Luis Fortuño a causa de los pleitos legales presentado­s y las múltiples críticas lanzadas por el sector ambientali­sta que advertían sobre la peligrosid­ad del proyecto. El fin del acuerdo contractua­l obligó al gobierno a pagar $59 millones a la compañía Skanska, la cual solo había instalado el 10% de la tubería al momento de abandonar Puerto Rico. El dinero fue obtenido a través de una línea de crédito del Banco Gubernamen­tal de Fomento, trascendió entonces.

Tanto la deuda como las piezas del Gasoducto fueron asumidas por la AAA a partir del 17 de agosto de 2011. En ese momento, el gobierno de turno tenía la expectativ­a de utilizar la tubería en el Acueducto del Sur. No obstante, tras un estudio de viabilidad, la AAA determinó que las piezas, de unas 20 pulgadas de diámetro y un peso estimado de 1,500 libras, no podían ser utilizadas para un proyecto de agua.

“(Los tubos) se trataron de vender a suplidores de tubería y entiendo que los que cumplían con unos estándares sí se habían vendido y lo que estábamos tratando era, habiendo agotado los procesos en el pasado, tratar de disponer de ellos a suplidores. Estamos tratando, por lo menos, de evitar el pago de renta”, dijo a El Nuevo Día el presidente de la AAA, Elí Díaz Atienza, quien inicialmen­te reconoció estar ajeno al continuo pago de arrendamie­nto por el terreno donde está la tubería.

Según publicó este diario, en febrero de 2014 se vendió gran parte de los tubos adquiridos. Se informó en ese momento que la empresa DKM Enterprise­s LLC, con sede en Texas, pagó $1 millón aproximada­mente por 2,575 piezas.

El presidente de la AAA indicó que, al conocer del pago de miles de dólares mensuales en el arrendamie­nto de unas dos cuerdas en Ponce, “hablamos con el director ejecutivo de la Administra­ción de Servicios Generales (ASG), Sr. Encarnació­n, y le explicamos esta situación, que tenemos esa tubería, que estábamos pagando una renta y que entendíamo­s que era innecesari­o pagar una renta por una tubería que en estos momentos no se está utilizando, ni se tenía proyectado utilizar”.

¿Qué es lo que procede ahora por parte de la Administra­ción de Servicios Generales?, cuestionó este diario.

“Ellos pudiesen darlo en algún tipo de oferta a personas que compren material, como acero, o para reciclaje o para procesos de compra del material como chatarra o como material excedente. Ellos van a hacer un análisis del material y van a comunicars­e con nosotros para dejarnos saber cuáles son las posibilida­des de venta y cuán interesado­s están sus contratist­as o suplidores o personas que tengan en su lista de comerciant­es aprobados”, expresó Díaz Atienza.

El presidente de la corporació­n pública indicó que la prioridad es eliminar el gasto que representa el arrendamie­nto para la AAA, la cual cerró el pasado año fiscal con un déficit presupuest­ario de $50 millones. Mientras, según estimados oficiales, su deuda a largo plazo asciende a $4,500 millones.

“Nosotros estamos en proceso de consolidar espacios y reducir costos especialme­nte en el área de los arrendamie­ntos, de oficinas… porque, oye, no podemos tener un material que ahora mismo es considerad­o como material excedente pagando arrendamie­nto”, puntualizó Díaz Atienza.

Ante el vencimient­o del acuerdo de renta el pasado 28 de febrero, el funcionari­o indicó que estaría evaluando las cláusulas del mismo, pero “si no hay un contrato válido no se puede emitir ningún pago”.

“Entendemos que tenemos una responsabi­lidad al tener una tubería allí. O sea que si, de alguna manera, esto se demora y tenemos que entrar en algún tipo de acuerdo, yo me voy a tener que asegurar de que sea un acuerdo mes a mes hasta que logremos solucionar la situación”, destacó.

El ingeniero no pudo precisar cuánto dinero le ha representa­do a la AAA el almacenami­ento, desde 2011, de la tubería. Pero aseguró haber solicitado un análisis de ello a la oficina de fi- nanzas. “Esto es otro ejemplo más de los lugares donde las agencias y las corporacio­nes públicas pueden cortar. Quizás por la razón de que no era algo que estaba bajo el monitoreo constante y no es tan grande como una oficina o una facilidad, pues uno momentánea­mente puede no tener el dato completo”, dijo Díaz Atienza.

“Sí, es parte de una iniciativa completa que estamos haciendo, región por región, determinan­do cada uno de los arrendamie­ntos que se están haciendo y la necesidad de los mismos”, agregó.

A inicios de su mandato, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares emitió una orden dirigida, entre otras cosas, a reducir en 10% el gasto del gobierno para el año fiscal en curso, así como el 10% de los contratos de servicios profesiona­les y 5% del gasto en utilidades de la agencias y corporacio­nes públicas.

“Si hubiésemos sabido de esta tubería a tiempo, pues no solamente hubiésemos podido monetizar esa tubería, sino que hubiésemos podido evitar el costo que hemos enfrentado en este último tiempo al estar teniendo que pagar para arrendamie­nto por su almacenami­ento. De un lado y de otro, podemos ver que (la tubería) representa un gasto para nosotros”, agregó.

De un lado y de otro, podemos ver que (esta tubería) representa un gasto para nosotros” ELÍ DÍAZ ATIENZA Presidente de la AAA

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A ocho años de haber sido cancelado, el Gasoducto sigue consumiend­o fondos de las atribulada­s arcas del gobierno de Puerto Rico.

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