Urge dar luz verde a la revitalización de la AEE

Es alentador que el actual Gobierno de Puerto Rico y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica hayan coincidido en un modelo, al menos preliminar, para la reestructuración de la deuda de la corporación pública que, según ha sido anunciado, se trad

El acuerdo, con la aprobación final de todas las partes, incluida la Junta de Supervisión Fiscal, dará a Puerto Rico la primera herramienta de la confianza que necesita para regresar al mercado de bonos, y a la Autoridad la ruta hacia el éxito. Con el trato definitivamente encaminado, surge la esperanza de transformar la corporación en el eje del desarrollo del País.

Puerto Rico no puede seguir arrastrando la inquietud que en estos meses ha caracterizado la negociación sobre el futuro de la AEE, que se ha reflejado sobre el clima de inversión por la desconfianza en el sistema eléctrico y el alto costo del servicio, disuadores de la inversión empresarial.

La Junta de Supervisión Fiscal en su momento sugirió que para lograr una reestructuración de las obligaciones de la AEE, habría que recurrir al amparo del Título III de la ley PROMESA, algo que se perfilaba como poco propicio para los intereses de la corporación que ya contaba con un acuerdo con la anterior Administración gubernamental.

Al anunciarse, por parte del Gobierno, que los acreedores de la AEE extendieron hasta el próximo 13 de abril el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración, gracias a lo cual podrán pulirse aspectos importantes de la nueva propuesta, hay tiempo también para explicarle al País en qué consisten los avances que se han alcanzado y, lo que es más importante, cómo y cuándo se afectará el consumidor, y durante cuánto tiempo.

Para el ciudadano común, que ha vivido rehén de la mala administración y los vaivenes en el precio del petróleo, el hecho de que se normalice la situación, en lo que respecta a la deuda, es sinónimo de una AEE capaz de lidiar con el problema de los apagones y las altas facturas.

La enorme inversión económica que se ha hecho, así como el esfuerzo y el tiempo que ha tomado delinear la ruta para estabilizar el panorama financiero de la Autoridad, ameritan ahora la mayor transparencia gubernamental, representado en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que ha estado a cargo de la reciente negociación.

Datos preliminares indican que se ha logrado mejorar el “cargo de transición” para los clientes, de 3.18 centavos kilovatio-hora, aprobado por la Comisión de Energía de Puerto Rico, a 1.98 centavos. Aunque como quiera eso supone un aumento en la tarifa, el gobernador Ricardo Rosselló asegura que, gracias a los términos del nuevo acuerdo, los abonados verían sustanciales ahorros. Es precisamente lo que hace falta para reducir el impacto que puede generar la crisis en muchos hogares.

Algunos economistas opinan que los nuevos términos no hacen más que retardar el golpe, y que a partir de 2023 lo tendríamos que asumir en toda su magnitud. Sin embargo, en cinco años podría estar despuntando la economía, habría más empleos, y de ese modo un menor impacto del golpe anticipado. Igualmente, queremos confiar en que para entonces Puerto Rico cuente con proyectos de energía renovable para que el País dependa menos de los combustibles fósiles.

Estamos convencidos de que es hora de dar verdadera luz verde al proceso de revitalización de la AEE, que ha robado tiempo y energías al País, y de abrazar la concepción de un sistema moderno, soterrado, fuerte ante los embates atmosféricos y seguro para los trabajadores.