Permisología podría ser un problema de ayer
Aunque la nueva Ley 19 de 2017 podría agilizar ciertos trámites de construcción y de apertura de negocios, algunos sectores muestran preocupación ante la eliminación de procesos vitales para evitar el desparrame urbano, proteger el medio ambiente y manten
La palabra permisología no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero en Puerto Rico todo el mundo sabe lo que significa, pues se inventó para referirse al trámite de solicitar permisos de uso o de construcción en agencias o municipios. Pronto el vocablo podría estar en proceso de extinción, tal y como lo estarán también las múltiples diligencias que se requieren para traspasar un negocio a un nuevo dueño, expandir un centro comercial o construir una planta de manufactura.
Esto debido a que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares estampó su firma esta pasada semana al proyecto de reforma de permisos, el cual se convirtió en la Ley 19 de 2017, prometiendo así agilizar dicho proceso para atraer la inversión privada, aumentar la creación de empleos e impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico. Con ello, la Isla aspira a mejorar también su clasificación mundial en cuanto a permisos de construcción donde, según el reporte “Doing Business” del Banco Mundial, ocupa el puesto número 131 de 190 países, ya que toma 165 días y una veintena de procesos el obtenerlos.
El sector privado cabildeó por años para que se simplificaran las leyes de permisos, ya que desalentaban la creación de nuevos negocios. La presente administración atendió los reclamos y sometió un proyecto de ley, y aunque contó con el respaldo de muchas organizaciones —entre ellas de la Asociación de Constructores, la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores—, hubo otras entidades que expresaron reparos con algunos aspectos de la medida.
En síntesis, la nueva ley establece que todos los tramites de permisos, licencias, inspecciones y consultas, incluyendo en municipios autónomos, se harán a través de un sistema unificado de información. Este sería un portal que contendrá todos los expedientes de forma digital y que promete darle transparencia al proceso, ya que se podrá conocer en todo momento el estatus del caso, dónde está y quién lo tiene. La Junta de Planificación (JP) tendrá 180 días para revisar y aprobar el reglamento conjunto que contendrá las calificaciones y distritos de toda la Isla.
Otro de los atractivos de la ley es que se podrán emitir permisos de uso automáticamente, mediante un ingeniero o arquitecto licenciado o profesional autorizado que certifique que el negocio cumple con los requerimientos que exige el Gobierno.
Asimismo, de ahora en adelante, las consultas de ubicación se harán en la Junta Adjudicativa, un nuevo organismo adscrito a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El estatuto exige también que las agencias y municipios contesten la solicitud de permiso en un tiempo máximo de 30 días. Además, las decisiones de la OGPe podrán ser auditadas por un oficial auditor de la JP.
“La aprobación de esta ley es un paso en la dirección correcta para dar certeza a la inversión en Puerto Rico”, expresó Emilio Colón Zavala, vicepresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.
Aseguró que no tiene dudas de que la ley beneficiará a la economía, debido a que “mientras más rápido se obtenga un permiso, más pronto comenzarán los negocios a operar, a crear empleos y a pagar impuestos. Además, al agilizar el proceso, el empresario ahorrará también tiempo y dinero”.
Otro elemento positivo del nuevo estatuto, según Colón Zavala, es que los permisos se clasificarán según su complejidad. “Antes, abrir una cafetería en un centro comercial conllevaba los mismos requisitos que una planta industrial. El establecer un comercio pequeño, como una cafetería, es más sencillo que construir una planta o una urbanización. Esta nueva ley reconoce eso”, precisó.
La Ley 19 uniformará también los