Trazada la ruta para la ejecución del cambio
Los primeros cien días de la gobernación de Ricardo Rosselló han producido el plan fiscal que pasa a ser la hoja de ruta para enderezar las finanzas públicas puertorriqueñas, así como para acometer el enorme reto de encarar la complicada fase de ejecución
Un centenar de días resulta algo breve para evaluar a un nuevo gobierno, y más a uno que se estrena a la sombra de una Junta de Supervisión Fiscal investida con autoridad sobre la Isla. Sin embargo, el lapso transcurrido es sin duda una referencia importante para la medición de las intenciones, así como del talante y del ritmo en la aprobación de medidas y planes, de frente a la cultura gubernamental de dependencia, gigantismo e irresponsabilidad fiscal.
El mayor desafío que enfrenta Rosselló, en este sentido, es asegurarse que el andamiaje montado durante su primer período provee para el cambio que necesita el País. De entrada, cuenta con la aprobación por la Junta de un plan fiscal a largo plazo como el logro principal de su incipiente gestión.
En la medida que se pueda cumplir con las metas trazadas, el documento servirá para romper los patrones que nos han llevado a la crisis. Será el norte en la confección de presupuestos basados en las posibilidades reales de recaudos y liberados de la dependencia de préstamos; para conducir la reestructuración de la deuda pública en términos favorables a la Isla; y para asistir a la reconstrucción del aparato gubernamental hacia niveles superiores de servicio, eficiencia, participación y transparencia.
En materia estatutaria se han producido importantes avances en cien días.
La ley de permisos está dirigida a acortar los absurdos y abusivos términos para obtener permisos, en un intento por evitar los retrasos que tanto desalientan la generación de nueva actividad económica. Mientras, convertir al Gobierno en un empleador único es una apuesta a la flexibilidad operacional de poder mover empleados a las dependencias en las que hagan falta.
Estas medidas, junto a la progresiva eliminación de la costosa redundancia en los programas y servicios que se pretende hacer mediante la consolidación de agencias, siendo Seguridad la primera de ellas, van formando la zapata con la cual el Gobierno busca echar a andar los grandes cambios estructurales que lleven a recuperar la salud financiera.
La confección de un presupuesto de gastos 10 por ciento menor que el vigente de $8,787 millones es igualmente un paso en la dirección correcta, siempre y cuando no se permitan desvíos en las prioridades, en aras de complacer al siempre voraz aparato político partidista en los municipios, la Legislatura y el enjambre de agencias.
Ante esto, está por verse si el gabinete del Gobernador está listo para ejecutar la enorme tarea de convencer, motivar y movilizar a la acción. No cabe duda de que enfrentarán las anquilosadas pero arraigadas malas costumbres que emanan del inmovilismo y el partidismo, que han hecho fracasar anteriores intentos de cambio.
Por ello es preciso que el gobernador Rosselló se asegure de que las tareas se lleven a cabo, echando a andar el plan fiscal con un presupuesto racional.
Es notable, sin embargo, la ausencia de un modelo de desarrollo económico articulado, con una visión integral para el futuro de Puerto Rico. Este debe ser el fin superior de la gestión gubernamental. De nada valdrá cuadrar las finanzas y volver a los mercados de bonos si, como País, no damos los pasos para tener una economía sostenible, capaz de emplear a nuestros recursos para producir riqueza en función al bienestar común.
Este es un proyecto vital que el Gobernador está llamado a encaminar, generando confianza y optimismo en nuestras capacidades.