Un reto para la UPR disponer de las propiedades que hereda
El catálogo de propiedades heredadas por la universidad está repleto de estructuras destartaladas y plagadas de trabas legales
Más que una fuente de ingresos no explotada o una cuenta de reserva que se puede tocar en caso de emergencia, las propiedades que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha heredado durante las últimas décadas son un dolor de cabeza para la institución, que a duras penas puede conseguir compradores para que las saquen de sus manos.
El sistema universitario no tiene un inventario completo de todas las propiedades de las que es propietario, reconoció el director de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de la UPR, Fernando Plá.
No obstante, un listado de 19 propiedades que ya han sido transferidas a la UPR o que están en proceso de pasar a sus manos tienen un abanico de características en común: residencias en zonas rurales aisladas, con infraestructura en malas condiciones y aquejadas por problemas legales atados a las leyes de sucesión o la división de bienes matrimoniales.
En total, estas tienen un valor de $1,088,000. Y, si hay interesados, todas están a la venta.
“Si uno mira esas estructuras, son casitas hechas sin permisos. Presumo que en la parte de al frente (del terreno) vivía la mamá, el papá, y decidieron en un momento hacer una casita atrás para el hermano, el nene, la sobrina... Se hizo sin permisos, así que ahora no hay Registro de la Propiedad, no hay permisos de construcción, no hay nada”, expresó Plá sobre el estado y algunos de los problemas legales que enfrentan las residencias que han recibido.
Hay algunas excepciones a la norma, como un apartamento en Isla Verde que la UPR heredó hace unos años. Pero el problema sigue siendo el mismo, la UPR no tiene un uso para ese espacio, sostuvo Plá. HERENCIA POR LEY. El Código Civil de 1930 establece que, cuando una persona muere sin herederos, sus propiedades serán transferidas a la UPR. Pero el proceso no es automático, explicó el funcionario.
“Las propiedades pasan primero al Estado Libre Asociado, después puede tardar varios años en lo que las propiedades nos llegan. Realmente, lo que nos llega es una carta informando que somos dueños de una propiedad, pero probablemente han pasado tres, cuatro, siete años desde que la persona muere hasta que pasa a manos nuestras”, detalló Plá.
No obstante, mientras están en ese limbo legal, muchas cosas pueden pasar. En lo que la UPR se enteró que era dueña de un terreno en Ponce, unas 25 casitas fueron construidas allí por un grupo de personas que no tenían permiso para ello; en Vieques, una casa que está en el catálogo de propiedades de la universidad del Estado ha tenido invasores, inquilinos y hasta tiene un contador de energía eléctrica operacional, a pesar de que a la UPR no le consultaron para esa instalación, relató Plá. Mientras, en Vega Baja, una casa fue alquilada durante años sin que la UPR fuera notificada, reveló el año pasado una auditoría de la Oficina de la Contralora.
Pero aunque herede una vivienda o terreno, la universidad no necesariamente es dueña de la totalidad
de la estructura; de algunas solo posee el 50% debido a que la viuda o el viudo del antiguo propietario posee la otra mitad.
“Si alguien quiere media cocina, media sala de una casita en Vieques, se la vendemos”, bromeó Plá.
Los primeros esfuerzos de las instituciones siempre van dirigidos a vender lo que poseen a los codueños, un proceso que no resulta exitoso ya que solo se puede vender a precio de tasación, indicó el funcionario. COMPLEJO INTERCAMBIO. A principios del siglo pasado, la intención de pasar estructuras a la universidad del Estado probablemente fue una buena idea, pero actualmente es poco lo que la UPR hace con ellas.
“El análisis lo hacemos desde mi oficina. Por ejemplo, si es una residencia en Bayamón, se llama al Recinto de Bayamón, a Carolina, a Río Piedras, a ver si alguien le tiene un uso académico. Hasta ahora, (a) nada de lo que hemos heredado (se le ha sacado provecho). Nadie las ha querido y ni amerita que las pintemos”, expresó Plá.
Esto no significa que la institución universitaria -que tan pronto como el próximo año fiscal enfrentará un recorte millonario en las asignaciones que recibe del Fondo General y que aún trabaja en el plan con una reducción de $450 millones para el año fiscal 2021 ordenado por la Junta de Supervisión Fiscal- no gasta dinero en estas edificaciones y terrenos. Anualmente, la UPR invierte unos $100,000 tan solo en las tasaciones que debe hacer de todas sus propiedades, detalló Plá. A esto se debe añadir el salario y los viajes que realiza una empleada que se dedica a visitar las estructuras y terrenos. Esta tarea tampoco es fácil, pues Plá informó que -por ejemplo- los vecinos de una de las comunidades que visitó sacaron a la empleada del lugar porque pensaron que era una tasadora del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).
La Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura además está en proceso de revisar antiguos archivos para ver si existe evidencia de que el sistema universitario es dueño de más propiedades, ya que Plá reconoció que su listado no parece reflejar más de 80 años de la vigencia de la reglamentación. EN BUSCA DE ALIANZAS. A estas 19 propiedades de poco valor, se suman otras tres propiedades para las cuales la UPR sí tendría un uso académico, valoradas en $3.6 millones, pero que se estima que costaría mucho más revitalizarlas.
Dos de ellas están ubicadas en Río Piedras: la antigua Planta Piloto de Ron, ubicada en el Jardín Botánico Norte, y el Edificio Puerto Rico en la avenida Universidad, a pasos de la entrada principal del recinto riopedrense. La tercera estructura es el Edificio Darlington en Mayagüez, el cual sirvió durante años como residencia de estudiantes extranjeros y albergó oficinas administrativas.
Aunque está mayormente vacío, el Darlington cuenta con un ala comercial donde ubica una oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica y otros comercios. Asimismo, en la azotea hay una antena retransmisora de Radio Universidad.
La UPR apuesta a entablar alianzas público privadas (APP) con empresas que estén interesadas en desarrollar estas estructuras, señaló Plá.
No obstante, aún no han logrado identificar un acuerdo que permita que se utilicen los edificios y que, a la vez, sea costoefectivo para el socio privado de la APP.
“En el caso de la Planta Piloto de Ron, es un edificio histórico, un edificio emblemático, y no tenemos los fondos para arreglarlo. Lo que pasa es que estos edificios antiguos, cuando se van a reestructurar, hay que traerlos a códigos (de construcción actuales) y es demasiado costoso. Es más barato para un desarrollador tumbarlo y hacerlo de nuevo”, sostuvo.
La semana pasada, la administración del RUM lanzó una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para desarrolladores que puedan estar interesados en establecer un proyecto de vivienda en el Edificio Darlington.
La intención de convertir el Darlington en residencias para estudiantes y facultad es una que ha estado latente durante años, reconoció Plá, pero no se ha podido concretar nada.
“En el 2007, el entonces rector Jorge Vélez Arocho creó una corporación universitaria y su razón de ser era tratar de convertir el Darlington en mitad dormitorios, mitad hotel, con miras a que se usara en los Juegos Centroamericanos del 2010. Eso no prosperó por dinero”, explicó.