Aval de Ética al 92% de las solicitudes para contratar familiares
La OEG rechazó solo el 8% de las peticiones de autorización que adjudicó en 2016
Q Entre enero y noviembre de 2016, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) rechazó solo siete de las 87 solicitudes que recibió para autorizar la contratación de familiares de algún empleado gubernamental o municipal.
De manera que, en 80 solicitudes, la parte que solicitaba contratar o nominar al familiar de un empleado logró convencer a la directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario Vega, de que los méritos de esas personas o las circunstancias del municipio o agencia eran tan extraordinarios que ninguna otra persona podía hacer el trabajo para el que se les contrató.
Ese debió ser el caso, por ejemplo, cuando el Municipio de Lajas pidió autorización para renominar a Julio Ángel Hernández Almodóvar, hijo del subdirector de finanzas y presupuesto del ayuntamiento y sobrino de un auxiliar de contabilidad en la alcaldía.
Lo mismo debió pasar cuando Rosario autorizó al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, a renovar la contratación del licenciado Ángel Manuel Martínez Morales para brindar servicios legales al Departamento de la Familia municipal y sus centros, a pesar de que la esposa del abogado, Ana Antonia Quintero Santiago, dirige la división legal del ayuntamiento.
La OEG también autorizó la contratación de Martínez Morales como abogado y notario de los participantes de un proyecto de vivienda pública.
El Municipio de Caguas, por su parte, recibió la autorización de la OEG para contratar a Juan Rivera Martínez, padre de la vicelacaldesa, Lydia Rivera Denizard. La OEG no especifica en su página de internet en qué consistió esta contratación. REINA LA DISCRECIÓN. En 2012, la OEG eliminó las dispensas y las sustituyó por las autorizaciones, un mecanismo que deja a la discreción de la directora ejecutiva conceder un privilegio o una excepción para que no se cumpla con alguna disposición de la Ley de Ética Gubernamental relacionada con la nominación, ascenso, remuneración o contratación en la rama ejecutiva.
Las autorizaciones relacionadas con contrataciones se pueden dar en tres escenarios. Uno, como ocurrió en los ejemplos anteriores, para autorizar el nombramiento, ascenso, remuneración o contratación de un pariente de la autoridad nominadora o de un funcionario que tenga la capacidad de influir en esa nominación.
También se conceden autorizaciones para permitir que la autoridad nominadora ejecute un contrato en el que un pariente de un servidor público de la agencia o un miembro de su unidad familiar, un socio o una persona que comparta la residencia tenga o haya tenido un interés pecuniario durante los últimos dos años anteriores a su nombramiento. Esto es, por ejemplo, cuando se autoriza a un municipio a alquilar un local propiedad de un hermano de un funcionario del ayuntamiento o se le concede una ayuda para rehabilitar una vivienda a la madre de una oficinista de una agencia, entre otros.
El tercer escenario en el que se puede solicitar una autorización es cuando se quiere contratar a un ex servidor público que hubiera trabajado con la entidad que lo recluta en los dos años anteriores.
La Ley de Ética Gubernamental prohibe estas acciones para evitar el nepotismo y que se den ventajas de contratación o nombramiento a unas personas sobre otras que también pudiesen competir para el mismo puesto o contratación.
Según los datos que aparecen en la página electrónica de la OEG, hasta noviembre de 2016, además de las 87 solicitudes para reclutar familiares, esa oficina fiscalizadora había adjudicado otras 47 sobre situaciones en las que aplican las otras dos modalidades. De un total de 134 autorizaciones adjudicadas entre enero y noviembre, la OEG solo rechazó el 8%.
La información sobre las autorizaciones aprobadas o rechazadas en el último mes de 2016 no estaba disponible en la página electrónica de la OEG al momento de esta revisión.
La directora ejecutiva de la OEG rechazó que se haya convertido en norma lo que debe ser una excepción. Rosario dijo que otorgar 80 autorizaciones relacionadas a la nominación o contratación de parientes en un año es “nada” al comparar esa cifra con los cerca de 200,000 empleados públicos que hay el País.
“Esto se tiene que ver en su justa perspectiva y contexto. Se debe notar quién lo solicitó, (si fue) un municipio, una agencia o una corporación pública… No todo se puede ver del punto de vista de nepotismo,” subrayó Rosario Vega, quien dirige esta entidad gubernamental hace ocho años.
La también abogada aseguró que la mayoría de los casos que autoriza son “extraordinarios” y que, en muchas ocasiones, se otorgan a municipios con poca población, como, por ejemplo, Lares, al que la OEG concedió en 2016 siete autorizaciones para contratar parientes de empleados.
“En vez de contratar a alguien de afuera del municipio, optan y prefieren nombrar a alguien que resida en el municipio y muchas veces es un pariente (de otro empleado) o es un ex servidor público”, dijo Rosario Vega.
Del total de las peticiones aprobadas en 2016, la mayoría fue para el Departamento de Salud, con 16; el Municipio de San Juan, con 14, y el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, con 13. A estos le siguen los municipios de Caguas y Lares, con 9 y 7, respectivamente.
La directora ejecutiva de la OEG explicó a este diario que muchas de las solicitudes de Salud y del RCM se deben a la necesidad que tienen ambas dependencias de especialistas y expertos.