Rosselló formaliza creación del DSP
Ahora inicia un periodo de transición para que siete entes se unan bajo la nueva agencia
Q Con la firma ayer de la ley que oficializa la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), inicia hoy un proceso de transición que finalmente permitirá la consolidación de siete componentes que trabajan la protección ciudadana.
Según el estatuto, el gobernador Ricardo Rosselló designará un Comité Ejecutivo que será el ente que estará a cargo de crear el andamiaje a ejecutar.
Este organismo tendrá a su cargo diseñar, implementar, probar y ajustar los sistemas administrativos, fiscales y de información del DSP para lograr su funcionamiento efectivo. La consolidación, sin embargo, estará sujeta a una certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre las economías a lograr.
Sin entrar en detalles sobre qué renglones y dependencias generarían mayores ahorros, Rosselló indicó que, al momento, las economías estimadas alcanzan los $28 millones anuales.
“Firmamos esta ley porque entendemos que es un proyecto que cumple con nuestros objetivos de reducción de gastos, de aumento en eficiencia y de tener un Puerto Rico que sea más seguro”, señaló Rosselló, quien firmó el estatuto flanqueado por jefes de agencias y líderes legislativos.
Los componentes del DSP serán la Policía, el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), el Sistema de Emergencias 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Cada una de estas agencias será convertida en un negociado dentro del DSP.
Rosselló adelantó que en las próximas semanas designará a la persona encargada de dirigir el nuevo ente gubernamental.
“Lo que nosotros queremos hacer es identificar las áreas que se puedan centralizar, obtener economías sobre esto y ser más efectivos. La política publica de la Policía la establece la superintendente de la Policía, no va a ser el secretario y eso va a continuar siendo así”, sostuvo.
La ley también estipula la creación de la Oficina de Manejo de Información de Seguridad, que tendrá la obligación de facilitar y proveer a los negociados el acceso y la interconexión de los sistemas de información. El trato para el ICF y el 9-1-1 será diferente.
LO DEJA CLARO. Ante la resistencia que ha habido de ciertos sectores a la consolidación, Rosselló aseguró que las disposiciones de la ley no conllevan el despido de empleados públicos regulares ni la pérdida de derechos adquiridos.
Igualmente, respondió a las reservas que había expresado el monitor federal, Arnaldo Claudio, con la iniciativa, ya que, a su juicio, interfería con la reforma de la Policía. “Al monitor se le escuchó también, se le respetan sus observaciones, pero lo que quiero reiterar es que este proyecto cuenta con el aval federal”, dijo.
El representante popular Jesús Manuel Ortiz, miembro de la Comisión de Seguridad Pública, reafirmó ayer su oposición a la medida, ya que no ofrece “ningún tipo de información sobre su impacto fiscal” y “pone en riesgo el cumplimiento con la Reforma de la Policía”.