Rescindirán el contrato de un consultor de PRFAA
Para evitar posible conflicto de intereses, Alfonso Aguilar renunció a su acuerdo con la agencia
WASHINGTON.- Para evitar el potencial de un conflicto de intereses, el presidente de la Alianza Latina Conservadora, Alfonso Aguilar, anunció ayer que renunció al contrato con el gobierno que le otorgó su ex subalterno y ahora director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader.
Luego, PRFAA lo dio por cancelado.
“Ante la duda es lo mejor”, dijo Aguilar a El Nuevo Día a media tarde de ayer. Un par de horas antes, Aguilar –quien suele ser comentarista político en medios de EEUU-, había indicado que al momento de acordar el contrato de cuatro meses por $35,000 como consultor en comunicaciones, pasaron revista a la la posibilidad de un conflicto y consideraron que no lo había.
“(La Alianza) es una organización sin fines de lucro”, indicó Aguilar temprano en el día, para diferenciar su trabajo de una empresa privada con propósitos comerciales.
Tampoco vio que pudiera haber conflictos con las posiciones que asume su grupo. “Apoyamos la estadidad para Puerto Rico”, indicó. El contrato era a título personal. Pero, hasta ser nombrado como jefe de PRFAA, Mercader fue el director ejecutivo de la Alianza que Aguilar preside. La Alianza es la cara hispana de American Principles Project. Aguilar fue director de PRFAA bajo el go- bierno de Pedro Rosselló.
Al parecer después de Aguilar haber hablado con El Nuevo Día, Mercader telefoneó al mediodía a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, quien le recomendó que, debido a que no se había pagado nada hasta el momento, lo mejor era dar por terminado el contrato, notificar a la Oficina del Contralor y hacerle una consulta formal.
“Me debió de haber consultado primero”, dijo Rosario a El Nuevo Día sobre Mercader, minutos después de que Aguilar anunciara a media tarde que, para evitar malos entendidos, lo mejor era descartar el contrato.
Rosario sostuvo que en papel existía la apariencia de un conflicto de intereses, pero que el hecho de que el contrato a Aguilar fue otorgado a la persona, no a la organización, pudiera haber tachado esa posibilidad.
El apartado C del artículo 4.3 de la Ley de Ética indica que “un servidor público, que está autorizado para contratar o facultado para aprobar o recomendar el otorgamiento de un contrato en nombre de la agencia para la cual trabaja, no puede intervenir o participar en el perfeccionamiento de un contrato con una persona privada o negocio en el que él, un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparte su residencia tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un interés pecuniario durante los últimos 2 años anteriores a su nombramiento”.
Anoche, Mercader indicó que fue su decisión cancelar el contrato para evitar la apariencia de un conflicto ético, aunque consideró que no existía “dado a que mi empleador era una organización sin fines de lucro, con persona jurídica independiente”.
“La Ley de Ética aborda la apariencia de posibles conflictos éticos” ZULMA ROSARIO directora de la Oficina de Ética Gubernamental