Moody’s degrada al BGF y otros bonos de la Isla
En tanto, subraya que prevalecen los escollos en acuerdo con acreedores de Energía Eléctrica
Q Moody’s Investors Service terminó por hundir el perfil crediticio del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a su escalafón más bajo, así como a otras cinco entidades que emiten deuda pública, afectando adversamente la clasificación de unos $13,000 millones de la deuda vigente de la Isla.
En tanto, la casa acreditadora no hizo ajustes a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero modificó la perspectiva de la AEE a negativa, a pesar del acuerdo preliminar entre esa corporación pública y parte de sus acreedores que permitiría renegociar otros $8,000 millones.
En un reporte al mercado, Moody’s indicó que empujó el BGF, a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), cierta deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) de la categoría “Ca” al rango “C”, clasificación que se asigna a los emisores en impago, “con pocas probabilidades de recuperar el principal o interés”. En tanto, ubicó a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, en inglés) en la antesala del fondo crediticio, o sea en la clasificación “Ca” que aplica a aquellos emisores casi al borde del impago.
“Mientras continuamos creyendo que esencialmente toda la deuda de Puerto Rico estará sujeta a impago y a pérdida en reestructuración amplia, los valores que se han degradado encaran pérdidas más severas que lo esperaba previamente, a la luz de las presiones económicas de Puerto Rico que se han proyectado”, reza el reporte en el que incluso destaca que optó por la degradación de bonos con fuentes de repago específica.
Los bonos de la AFI, por ejemplo, son pagaderos con los ingresos del arbitrio del ron y aquellos de la ADC, pagaderos con el impuesto de ocupación hotelera.
La decisión de Moody’s propina un golpe particular a los bonistas de Puerto Rico que residen en la Isla, pues buena parte de los bonos afectados con el ajuste crediticio están en manos de inversionistas puertorriqueños, como es el caso de la deuda del BGF y aquella de la ASR.
En el caso del BGF, el pasado 7 de abril, el fiduciario del BGF, Wilmington Trust, informó a los bonistas que la fallida institución había incumplido nuevamente, es decir por décima vez consecutiva, con el pago de sus obligaciones, al tiempo que recordó que ha recabado los servicios de la firma legal Drinker Biddle & Reath para que esta firma procure los intereses de los acreedores, según establece el contrato de bonos del BGF.
En este año natural, según un detalle de vencimientos divulgado por Drinker Biddle, el BGF debe pagar unos $537.4 millones a sus bonistas. La cifra no incluye la deuda del año 2016 y que en el caso de la tenencia de las cooperativas de ahorro y crédito -uno de los mayores bonistas del banco- se atendió con un intercambio de notas que vence en mayo próximo.
En las pasadas semanas, las notas del BGF se han traficado entre 15 y 20 centavos de dólar y los pocos bonos de la ADC que llegaron a venderse la semana pasada y que al momento de su emisión se colocaron con prima, se vendieron en unos 13 centavos de dólar.
ALIVIO EN AEE CON CARGO AL FUTURO. Mientras, un día después de que la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y los acreedores de la AEE extendieran el acuerdo de apoyo a la reestructuración de la deuda (RSA, en inglés), la deuda de la AEE se movía al alza hasta rondar 68 centavos de dólar.
La semana pasada, la AAFAF y ciertos acreedores de la AEE extendieron hasta el próximo 13 de abril el RSA para continuar negociando los términos de la modificación que aplicaría a unos $8,000 millones adeudados por la corporación pública.
Extendiendo los años de pago, elperíodo de moratoria y reduciendo la tasa de interés temporalmente, la AEE lograría ahorros de unos $1,500 millones, según el Gobierno.
El acuerdo, empero, condiciona la renegociación de la deuda a una nueva junta de Gobierno, a que se obtenga un grado de inversión al momento de completar la transacción y a que representantes de los bonistas puedan participar de las conversaciones entre el Gobierno y las casas acreditadoras. Mientras, los términos preliminarmente acordados empujan hacia años futuros la mayor parte del repago de la deuda de la AEE.
“El vencimiento como un todo del nuevo acuerdo sería extendido al 2047”, destacó Moody’s en su informe acerca de la AEE y en el que se destaca que existe un riesgo alto de que el RSA no se concrete.
Como resultado, partiendo de la amortización divulgada por la AAFAF, en lugar de que los abonados de la AEE tengan que absorber un alza inmediata de casi tres centavos el kilovatio hora al llevarse a cabo la modificación de la deuda, parte de ese impacto tendría que ser implementado por la siguiente administración de gobierno, o sea, después del 2020.
“El cambio de perspectiva también refleja el empeoramiento en la liquidez de la AEE”, dijo Moody’s.